El Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso de revisión de Bienes Nacionales (BN) y dejó firme una condena que había obligado al Estado dominicano a pagar 520.49 millones de pesos a Hacienda Fondeur por unos terrenos expropiados en Samaná.
El conflicto se originó en 2001, cuando el decreto 598-01 declaró de utilidad pública e interés social una porción de la parcela 3574, en Samaná, para el asentamiento de familias campesinas. La empresa alegó que los terrenos tenían uso forestal y de reforestación y advirtió sobre una posible confusión con otras parcelas.
En 2005, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) informó que en parte del inmueble existía un asentamiento campesino que había sido oficializado.
Años después, Hacienda Fondeur reclamó que se le pagara por los terrenos.
El 13 de septiembre de 2024, la Dirección General del Catastro Nacional (DGCN) emitió el avalúo administrativo 167-24. La empresa obtuvo además una tasación privada.
El 22 de noviembre de 2024, Hacienda Fondeur presentó una demanda de justiprecio contra el Estado, Bienes Nacionales y el IAD.
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