Apelan sentencia que favoreció con “Criterio de Oportunidad” a varios imputados en caso Calamar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los abogados de los querellantes en el caso Calamar, apelaron la sentencia y la resolución del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que favoreció con el “Criterio de Oportunidad” a Fernando Crisóstomo Herrera y Ramón Emilio Jiménez, entre otros imputados, por alegada “violación a las reglas del debido proceso, en particular al derecho de defensa”. 

 La apelación a la sentencia número 060-2024-SRTP-00034, emitida por la magistrada Altagracia Ramírez, fue depositada el 25 de octubre de 2024 en el Centro de Servicio Presencial, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras que la apelación a la resolución del tribunal se produjo el 27 de diciembre del año pasado. 

 El abogado de un grupo de los querellantes del caso Calamar, Patricio Mañón Amador, dijo que todavía no se ha fijado la audiencia para conocer los recursos de apelación depositados en el referido tribunal judicial. Recordó que la audiencia preliminar del caso Calamar está fijada para el próximo lunes 13 de enero, pero que se prevé que la misma volverá a ser aplazada debido a los incidentes que presentarán los abogados ante el tribunal. 

 “Nos hemos visto en la obligación de apelar la decisión de la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción porque ella violó, recurrentemente, el debido proceso tanto en la audiencia del Criterio de Oportunidad que conoció sin haber recibido los acuerdos de los beneficiarios del criterio, como sin haberle permitido a los querellantes verlos y en la sentencia hemos visto cosas escandalosas que pasaron en secreto, nadie se enteró, ni los abogados, ni la prensa y que deben verse en la Corte”, agregó. 

 Mañón Amador sostiene que en la “Resolución del Juzgado, por ejemplo, vemos que el señor Fernando Crisóstomo apenas entregó RD$60 millones de pesos en efectivo, de un total de RD$ 1,102 millones, algo desproporcionado, y encontramos un apartamento de RD$ 360 millones. ¿Qué hará el Estado o los querellantes cuando nos lo entreguen con eso, si sólo de mantenimiento paga RD$160 mil mensuales?. 

 Afirmó que “vistos los acuerdos reales transcritos en la acusación, el Estado no estaría recibiendo casi nada, puesto que la suma de lo realmente entregado en efectivo por los señores Crisóstomo, Mimilo Jiménez y Belkis Tejada, apenas alcanzaría para pagar los honorarios de los abogados designados por el Gobierno”.

 Mañón Amador, en declaraciones a El Nuevo Diario, aseguró que en el caso Calamar “no hubo sobrevaloración de precios, no hay sobrevaloración en los terrenos del Aeropuerto Las Américas, como sostiene en la acusación el Ministerio Público”. Dijo que “uno de los principales argumentos el Ministerio Público en el caso Calamar que se sigue en contra de Donald Guerrero, otros exfuncionarios y particulares, se basa en que Claudio Silver, director del Catastro Nacional, evacuó tasaciones irregulares con precios más altos del valor de mercado, de demostrarse la falsedad de esta tesis, se caería una de las principales bases de la acusación, puesto que no habría perjuicio al Estado”. 

 Explicó que en relación con “los propietarios en el AILA, el valor tasado por Catastro fue de apenas RD$250.00 desde el 2010, ratificado por Silver en el 2019 cuando el valor era de RD$15,000.00 y por eso, quince (15) jueces del TSA fijaron en cinco sentencias a lo largo de 5 años la suma de RD$ 7,625.00 por metro cuadrado”. En tanto, que el doctor José E. Cuevas aseguró que el “Estado pagó en el 2020, por orden del tribunal competente, lo que estaba obligado a pagar en el 1955 y por eso el dinero recuperado pertenece a los propietarios, no al Estado”. “Es por eso que hemos intervenido en el Criterio de Oportunidad que todos apelamos ante la Corte y en cuyo conocimiento la Jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción violó todas las normas procesales, incluido no permitir el acceso al acuerdo firmado con los delatores y el derecho de defensa de los querellantes”, añadió. 

 Indicó que el “dinero recuperado pertenece a los propietarios, no al Estado y el presidente Luis Abinader no puede repartirlo a abogados del PRM designados por decreto y contratados sin licitación, mientras los abogados de los propietarios querellantes, no podemos cobrar porque ni el saldo quiere pagar el Gobierno”.

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