Rosa Pilarte solicita suspensión de sentencia por lavado de activos y financiamiento del terrorismo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La exdiputada Rosa Amalia Pilarte presentó un recurso de revisión constitucional para solicitar la suspensión de la sentencia que la condena a cinco años de prisión, el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público y su envío a la cárcel de Rafey, en Santiago, por los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

 El recurso fue depositado ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia y presentado por un equipo de abogados encabezado por Eduardo Jorge Prats, Julio Cury, Luis Leonardo Félix Ramos, entre otros, con el objetivo de que la ejecución de la sentencia quede suspendida mientras se estudia la revisión. 

Actualmente, la Corte espera que la exlegisladora notifique formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR), institución que deberá presentar su contestación para que el expediente sea remitido al Tribunal Constitucional. 

 Según los juristas de Pilarte, la solicitud de suspensión busca preservar provisionalmente principios institucionales, como la separación de poderes, la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso. Además, señalan que mantener la libertad de la exdiputada durante este proceso no representa un riesgo para el sistema judicial ni afecta los derechos de terceros, dado que los delitos que se le imputan tienen carácter económico y no comprometen la vida o la integridad de otras personas. 

 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ratificó recientemente la condena y remitió la sentencia al juez de ejecución de penas de La Vega. Sin embargo, cuando un funcionario de la Suprema se presentó en la residencia de Pilarte para notificar la decisión, no fue hallada en el lugar.

 En tanto, Pedro Inocencio Amador Espinosa, exprocurador adjunto y miembro del equipo acusador, sostuvo que la sentencia y los decomisos ordenados son una advertencia contra quienes intenten usar la política como refugio de impunidad. Recordó que se ordenó el decomiso de más de una docena de inmuebles valorados en cientos de millones de pesos, incluyendo terrenos, apartamentos, locales comerciales y propiedades rurales en La Vega y Jarabacoa. 

 Amador Espinosa enfatizó que el caso de Pilarte envía un mensaje claro: los delitos de cuello blanco no solo conllevan penas de cárcel, sino también la pérdida de los bienes obtenidos de manera ilícita, reafirmando el principio de que nadie está por encima de la ley.

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