El Ministerio Público solicitará que se mantenga la medida de prisión preventiva de 18 meses impuesta a Yves Alexandre Giroux, señalado como uno de los principales cabecillas de la red dedicada a la estafa inmobiliaria y el lavado de activos que afectó a cientos de personas a nivel nacional e internacional.
La solicitud será presentada por la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en coordinación con la Fiscalía de La Romana, durante la audiencia de revisión obligatoria, que fue aplazada para el próximo 5 de agosto por la jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana.
En este proceso, las coimputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco presentaron un recurso de apelación contra la misma medida de coerción. La audiencia fue fijada para el 11 de julio de 2025 ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís.
La revisión obligatoria de la prisión preventiva para ambas imputadas, pautada inicialmente para el 1 de julio, fue declarada en sobreseimiento hasta tanto se emita una decisión sobre el recurso en apelación.
Mientras tanto, Loany Ortiz, también señalada como cabecilla de la red junto a Giroux, se encuentra detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando el proceso de extradición requerido por las autoridades dominicanas. Se espera que sea trasladada al país en los próximos días para responder ante la justicia.
Giroux cumple la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, mientras que Rodríguez de Moya y Nova Nolasco están recluidas en el CCR Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
Red internacional de fraude captó más de US$18 millones
La red criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios fraudulentos, atrayendo inversionistas desde República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, utilizando la imagen de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado, como presunta fachada de legitimidad.
Según el Ministerio Público, durante la investigación se ha determinado que los integrantes de la estructura habrían recibido la suma de US$18,851,583.12. Además, se han incautado bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, así como vehículos de alta gama, equipos electrónicos y documentos relevantes.
El equipo de investigación está integrado por los fiscales Claudio Cordero, Manuel Castro, Mayerlin Rondón y Kelvin Santana, bajo la dirección de la Procuraduría Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana.
Las fiscales Ramona Nova y Reina Rodríguez informaron que las diligencias investigativas continúan, y que hasta la fecha han sido recibidas alrededor de 300 querellas de personas presuntamente afectadas por esta estafa inmobiliaria y operación de lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que los hechos imputados constituyen violaciones a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como al artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
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