EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público llevó este viernes ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional un camión, lleno de presuntas pruebas para ser utilizadas en las audiencias preliminar contra exministros y otros exfuncionarios acusados de estafar al Estado con más de 21 mil millones de pesos.
Previo al inicio de la audiencia, el vehículo con los presuntos elementos probatorios se encontraba en la parte frontal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras el personal trasladaba cajas al juzgado.
La jueza Altagracia Ramírez conoce el caso, en donde el órgano acusador está concluyendo la lectura del expediente con la acusación en esta fase procesal.
Entre los principales acusados figuran los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; y de la Presidencia, José Ramón Peralta.
También están señalados Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; así como Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
De acuerdo con la acusación, la presunta estructura de corrupción utilizó importantes instituciones del Estado como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, la Dirección General de Presupuesto y el Banco de Reservas como espacios operativos para el desfalco al erario público.
Este caso incluye a un total de 46 imputados, entre 34 personas físicas y 12 jurídicas. El expediente contiene 3,662 páginas y miles de pruebas documentales.
¿Cómo operó la presunta red de corrupción administrativa?
Uso de instituciones estatales como vehículos para el desfalco:
Los exministros y funcionarios habrían utilizado entidades públicas clave —como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, la Dirección General de Presupuesto y el Banco de Reservas— para operar de manera sistemática los desvíos de fondos.
Manipulación de contratos y pagos:
Se presume que las operaciones incluían la adjudicación de contratos y pagos irregulares a empresas vinculadas a los imputados, aprovechando su posición en las instituciones para facilitar transferencias ilegales.
Creación de una estructura organizada:
La red involucraba tanto personas físicas como jurídicas (12 empresas) para legitimar los movimientos financieros y dificultar la trazabilidad del dinero.
Uso de documentos y registros falsos o inflados:
Se habrían presentado documentos oficiales y registros contables que no reflejaban la realidad de los pagos y obras ejecutadas, lo que permitía sustentar la extracción de recursos sin control.
Coordinación entre altos funcionarios:
Exministros y directores de entidades clave habrían actuado de manera coordinada para asegurarse de que cada paso del proceso de desfalco estuviera cubierto, incluyendo la aprobación, registro y justificación de los gastos.
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