SANTO DOMINGO..– La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) anuló la Resolución núm. 03-2025-JD, emitida por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), mediante la cual se intentaba reactivar un proceso disciplinario contra los abogados Lilia Fernández León, Mariel León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerque.
La decisión está contenida en la sentencia núm. 0030-02-2026-SSEN-00003, dictada el 13 de enero de 2026, la cual además impone al CARD una astreinte de RD$5,000.00 diarios por cada día de retraso en el cumplimiento del fallo.
Según el tribunal, la Junta Directiva del gremio incurrió en desacato a una decisión judicial previa al intentar continuar un proceso disciplinario que había sido anulado anteriormente.
El TSA estableció que esta actuación vulnera principios fundamentales como el non bis in idem y el debido proceso.
El caso se originó a partir de un conflicto legal relacionado con el proceso de divorcio entre María Amelia Hazoury Delgado y el empresario Juan Rafael Llaneza Gil. Los abogados favorecidos pertenecen a la firma León & Raful.
En febrero de 2025, una ordenanza civil declaró a los juristas como litigantes temerarios por la interposición de oposiciones bancarias contra empresas vinculadas al empresario, decisión que posteriormente fue revocada por la Corte de Apelación. No obstante, con base en esa ordenanza, el CARD inició un proceso disciplinario.
En agosto de 2025, la Segunda Sala del TSA anuló un primer intento de juicio disciplinario al determinar que el gremio violó el debido proceso al apoderar de manera irregular al Tribunal de Honor.
Posteriormente, en octubre de 2025, la Junta Directiva del CARD, presidida por Trajano Vidal Potentini, emitió una nueva resolución con el objetivo de ratificar y continuar los procesos, lo que motivó nuevamente la intervención del tribunal administrativo.
En su fallo más reciente, el TSA dejó sin efecto jurídico cualquier actuación disciplinaria derivada de la Resolución 03-2025-JD y ordenó el cese definitivo del proceso contra los tres abogados.
El tribunal también rechazó la solicitud de declarar inconstitucional, por vía difusa, el Código de Ética del Abogado, al considerar que los argumentos presentados no cumplían con los requisitos necesarios.
La sanción económica impuesta busca garantizar el cumplimiento de la decisión judicial por parte del Colegio de Abogados de la República Dominicana.
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