Once tiendas chinas continúan cerradas por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), informaron dos abogados que representan a algunas de ellas ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en procura de que sea suspendida la resolución que ordenó su clausura hace varios meses por "fallas en sus estructuras".
La pasada semana, el TSA se reservó el fallo de los recursos sobre medida cautelar que incoaron Dulce Hogar, establecimiento ubicado en la avenida Gregorio Luperón, en Santo Domingo Oeste, y Suplax, localizada en la Nicolás de Ovando, Distrito Nacional.
Otra de las tiendas que ha optado por acudir a los tribunales es Decoplax, ubicada en Santiago, cuya audiencia está programada para el próximo jueves.
Los abogados Salvador Catrain y José Ramón Casado, representantes de tres de los establecimientos, insistieron en que el cierre de las tiendas es una medida arbitraria porque no es una facultad del Mived.
Sostienen que es a los ayuntamientos que la ley faculta a tomar dicha medida cuando una construcción ya está concluida.
Pagó 2 millones antes de ser cerrada
En el caso de Dulce Hogar, antigua Easy Home, dentro de la documentación depositada por el abogado José Ramón Casado al TSA, se incluye un acuerdo auténtico entre el Mived y la tienda sobre la base de un "acuerdo amigable y conciliatorio en relación a la obra terminada" en el cual, según la instancia, la institución pública, "recibe la suma de Dos Millones de Pesos Dominicanos (RD$2,000,000.00), por concepto de indemnización transaccional de la obra terminada sin la correspondiente licencia de construcción".
"Es decir que ya la entidad Dulce Hogar ha indemnizado por el hecho ocurrido, pero además observamos que el Mived se compromete a otorgar la correspondiente validación de la licencia de construcción, a partir de que se haya completado la documentación", sostiene la instancia.
Casado dice que, pese a que la documentación ha sido suministrada, "no se ha otorgado la autorización, por tanto, no puede hoy alegar riesgo en la infraestructura".
Agregó que, si el riesgo hubiese sido inminente, la clausura debió ser inmediata y no después de más de un año de haber pagado la suma solicitada por el Mived.
Negó, asimismo, que exista un riesgo en la edificación de Dulce Hogar, la cual "va para cuatro años" sin que haya presentado problemas de vicios de construcción.
Agregó que las instituciones del Estado están para servir de canal, de puente, no para actuar de manera arbitraria y cerrar el comercio de manera antojadiza.
Diálogo no ha prosperado
Sobre el diálogo que se anunció con el Mived el pasado mes, el abogado Salvador Catrain lo calificó como "una trampa, una cortina de humo" de la institución pública y del poder político "para marear, distraer" y crearles "falsas esperanzas a los comerciantes chinos".
Añadió que hacen "un esfuerzo muy grande" para cumplir con todos los requerimientos de formalización que les ha impuesto el Gobierno, pero "que por más que esto ocurre no se vislumbra voluntad firme" de solucionar la situación a esos inversionistas que generan miles de empleos.
Al respecto, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones dijo recientemente que los propietarios de los establecimientos comerciales clausurados que quieran volver a operar, deberán presentar los estudios estructurales y obtener las certificaciones correspondientes.
Afirmó que la medida podrá levantarse solo si los propietarios cumplen con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la ley y fue acordado un proceso de verificación técnica y regularización administrativa.




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