Comunidades de la Cordillera Septentrional denuncian plan de explotación minera

Santiago, RD.– Más de 70 comunidades de la Cordillera Septentrional anunciaron que se mantendrán en “lucha permanente” contra el Ministerio de Energía y Minas, al denunciar que un plan de exploración minera amenaza con destruir recursos naturales, tierras agrícolas y la vida de miles de familias campesinas. 

 Durante un encuentro comunitario, líderes sociales advirtieron que el proyecto minero impactaría más de 142 mil tareas de tierra, zonas de cultivo. Además de una de las redes hídricas más importantes del Cibao.

 El encuentro fue encabezado por el sacerdote Ramón Niño Ramos, quien calificó la iniciativa como “diabólica y devastadora”. Aseguró que los residentes están dispuestos a defender su territorio “hasta las últimas consecuencias” para evitar daños permanentes al medioambiente. 

 El diputado José David Báez, representante de la circunscripción 1 de Santiago, respaldó la protesta y acusó al Ministerio de Energía y Minas de avanzar en el proyecto sin consultar a las comunidades afectadas. Por su parte, José Feliciano Cruz, secretario de la Federación de Juntas de Vecinos de Pedro García, destacó que muchas de las más de 70 comunidades impactadas son altamente productivas. 

Además de algunas que incluso logran su propia autosuficiencia alimentaria. Más denunciantes Otro dirigente, Roberto Domínguez, cuestionó que mientras el Gobierno invierte en carreteras, electrificación. También en apoyo agrícola en la zona, otro ministerio promueva un plan que—según dijo—“intenta arrasar con todo”. 

Afirmó que la lucha comunitaria “no es contra nadie, sino a favor de la vida, del agua, de la producción agrícola y de la permanencia de las comunidades”. Como parte de las acciones de resistencia, las organizaciones convocaron una asamblea para el 15 de diciembre, donde más de 500 representantes comunitarios se reunirán en el Club Mambuiche. Los mismos para enviar un mensaje “contundente y sin retorno” al Ministerio de Energía y Minas. 

 Los líderes denunciaron que ya se han explorado más de 70 puntos de posible extracción de oro sin realizar consultas públicas. Los mismos lo consideran una violación a los derechos ambientales y comunitarios. 

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