EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se reservó para el próximo 13 de marzo, a las 11:00 de la mañana, el fallo del recurso de apelación interpuesto por Luis José Asilis Elmudesi y las empresas Groupmetro S.A., Metro Country Club S.A. y Playa Marota, señaladas como responsables de la captación de fondos mediante certificados financieros en un caso de presunta estafa inmobiliaria.
El proceso surge a raíz de la denuncia presentada por el investigador de la Universidad de Harvard, Eduardo Troya, de 88 años, y su esposa Eveling Montás, quienes mantienen una batalla judicial tras asegurar que entregaron 1.6 millones de dólares para la adquisición de una villa en Juan Dolio que nunca les fue entregada.
De acuerdo con el expediente, los acusados fueron condenados en primera instancia al pago de más de US$1.7 millones, además de otras indemnizaciones millonarias por daños y perjuicios sin que hasta el momento hayan honrado la decisión judicial.
Según la acusación, el proyecto inmobiliario fue promovido a nivel internacional como una inversión segura con promesas de entrega de la villa y pagos de intereses del 12 %, compromisos que nunca se materializaron.
Durante la audiencia, Troya narró que en 2008 liquidó todos sus certificados bancarios y al no ser suficiente, hipotecó su residencia por 500 mil dólares, confiando en la supuesta rentabilidad del proyecto. En 2009, aseguró haber aportado otros 400 mil dólares, recibiendo documentos financieros que luego comprobó carecían de valor legal.
“Nunca recibí ni un solo centavo de lo prometido, ni la villa que compramos. Todo fue una estafa”, expresó ante el tribunal.
La esposa del científico también figura como víctima directa del fraude y ambos manifestaron que la situación les ha provocado un profundo desgaste emocional y una severa afectación económica, agravada por los constantes viajes al país, más de 47 visitas, según indicaron, para dar seguimiento al proceso judicial.
Los abogados de las víctimas, Joaquín Benezario y Dennis Otoniel Figuereo, calificaron la acción como una estafa inmobiliaria evidente y solicitaron que el recurso de apelación sea declarado inadmisible por violar disposiciones del Código Procesal Penal.
En contraste, la defensa de Asilis y de las empresas encartadas sostuvo que no existió estafa ni abuso de confianza, argumentando que se trató de una operación de compra-venta con conflictos civiles sobre la entrega del inmueble y que tribunales previos habrían descartado responsabilidad penal.
El tribunal de alzada, presidido por el magistrado Daniel Nolasco Olivo e integrado por las juezas July Elizabeth Tamariz Núñez y Mariana Daneira García Castillo, deberá emitir su decisión en la fecha pautada.
La pareja insiste en que no busca represalias, sino justicia y la devolución del dinero invertido, y espera que su caso sirva de precedente para evitar que otras personas sean víctimas de esquemas similares.
Las víctimas afirmaron que la situación ha provocado un profundo impacto emocional y económico, y reiteraron que su único objetivo es que se haga justicia y se les devuelva el dinero entregado por una villa que nunca recibieron, pese a múltiples viajes al país para dar seguimiento al caso.
El tribunal, presidido por el magistrado Daniel Nolasco Olivo e integrado por las juezas July Elizabeth Tamariz Núñez y Mariana Daneira García Castillo, emitirá su decisión en la fecha indicada.
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