Un amplio contingente de militares, policías y agentes de la Dirección General de Migración llevó a cabo ayer el desalojo de decenas de ocupantes ilegales en un extenso terreno ubicado en el municipio de Boca Chica, luego de vencerse el plazo de 15 días otorgado para abandonar voluntariamente el área.
La intervención se produjo tras el incumplimiento de una notificación emitida a mediados de junio por el abogado del Estado y fiscal de tierras ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano, quien había requerido a los ocupantes abandonar el terreno ocupado de manera irregular durante más de tres años.
El inmueble, identificado con la designación catastral No. 403433872708 y certificado de título No. 4000248037, libro 0088, folio 195, pertenece legalmente a la empresa Boca Chica Country Club, C. por A., que proyectaba en el lugar el desarrollo de un complejo turístico con ese mismo nombre
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Durante el operativo, las autoridades destruyeron decenas de casuchas, estructuras improvisadas y viviendas construidas con zinc o hojalata. Asimismo, se detectaron recientes cercamientos de solares, lo que, según las autoridades, evidenciaría intentos de legalizar de manera informal la ocupación.
La notificación de desalojo fue dirigida de manera nominal a varios presuntos ocupantes, incluido Francisco Javier Pérez, Ramón Jiménez Fortuna, Javier Sención Beltré, Wilfredo Polanco, María Robles y Andrés Santana, así como a cualquier otro ocupante ilegal del terreno.
Según algunas de las personas desalojadas, los solares les fueron entregados de manera informal por un individuo hasta el momento no identificado, sin que mediara ningún pago.
“Yo llegué hace quince días. Me dijeron que podía quedarme aquí, nadie me cobró nada. No sabía que esto tenía dueño”, dijo una mujer que no se identificó.
Otros, sin embargo, aseguraron haber pagado sumas que oscilan hasta los 45 mil pesos por los espacios, en la creencia de que su ocupación sería tolerada o eventualmente negociada.
“Yo pagué 45 mil pesos por este pedazo de terreno. Sabía que no era seguro, pero tenía la esperanza de que se pudiera llegar a un acuerdo”, expresó otro hombre.
Durante el desalojo fueron destruidas por las autoriades múltiples estructuras improvisadas, incluyendo viviendas de zinc y madera, así como cercados recientes que evidencian intentos recientes de asentamiento.
Además del llamado al desalojo, a los ocupantes se les invitó a presentar documentos que pudieran justificar su permanencia en el terreno. Sin embargo, hasta el momento, no se ha reportado la entrega de ninguna documentación legal por parte de los implicados.
Denuncia de Julissa Céspedes
De acuerdo con una denuncia revelada en el Reporte Especial con Julissa Céspedes, la situación de invasión involucra una compleja red de falsificaciones, ocupaciones ilegales y presunta complicidad de altos mandos militares, en particular una coronela de la Fuerza Aérea Dominicana, señalada como principal responsable de encabezar los intentos de apropiación.
El reportaje describe los terrenos como “una joya inmobiliaria estancada por el abandono legal y el atropello físico, donde los haitianos se usan como ejército y escudo al servicio de militares dominicanos”.
El abogado William Cunillera, representante legal de la familia propietaria del terreno, sostiene que lo ocurrido no se trata de una simple necesidad de vivienda, sino de una operación organizada con respaldo militar y legal cuestionable.
“El contrato que presentan carece de validez legal. Es un documento inventado”, afirma Cunillera, representante legal de la familia propietaria del terreno.
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