EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público calificó este martes como «litigación» temeraria la recusación presentada por la defensa de una de las imputadas en el caso Coral/Coral 5G contra la jueza Yanibet Rivas Méndez, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
Rosa Antonia Disla, acusada de testaferrato dentro de la trama, y sus abogados siguen buscando formas para escaparse de la acción de la justicia con acciones como esta, afirmó el fiscal Jonathan Elías Pérez Fulcar.
“Recientemente, la magistrada jueza Yanibet Rivas Méndez decretó orden de rebeldía en contra de Disla, debido a las faltas de esta para presentarse a las audiencias”, explicó Fulcar, según recoge un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR).
En la audiencia fijada para este martes se esperaba dar inicio a la etapa preliminar del proceso que se le sigue a la madre del coronel Rafael Núñez de Aza, señalado por el Ministerio Público como el cerebro financiero del entramado de corrupción administrativa que fue desmantelado con las operaciones Coral y Coral5G.
El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional indicó que la recusación en su contra será tramitada a la Corte de Apelación y fijó nueva audiencia para el próximo 28 de febrero.
El 27 de enero del año 2023, atendiendo una solicitud del Ministerio Público, la magistrada titular del Sexto Juzgado de Instrucción ordenó la separación del proceso de la acusada en los casos de corrupción Coral y Coral 5G.
En la acusación por estos casos figuran 30 personas físicas, entre ellas el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) Adán Cáceres Silvestre y el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) general Juan Carlos Torres Robiou.
El Ministerio Público también presentó cargos en este proceso contra 18 personas jurídicas, habiendo establecido el tribunal para el 7 de marzo, a las 9:00 de la mañana, la audiencia preliminar para las empresas Meljo Comercial EIRL, SSA Corporation SRL, SOS Carrerea SRL y Optumus EIRL.
Los involucrados en el presunto entramado de corrupción operaron en perjuicio del Cusep, el Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Los cargos por los que son procesados incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos, entre otros hechos delictivos.
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