Imputados en corrupción fracasan en lograr la extinción acción penal

Santo Domingo.-Las defensas de los principales imputados de dos de los procesos de corrupción en perjuicio del Estado, que se conocen en el tribunal y solicitan la extinción de la acción penal del proceso, tras alegar que el plazo de cuatro años que establece el Código Procesal Penal transcurrió, fue rechazado. 

 Se trata de los imputados Juan Alexis Medina Sánchez, cabecilla del entramado de corrupción del caso Pulpo, y el de la estructura creada en perjuicio del Estado, liderada por el general Adán Cáceres Silvestre, quienes trataron de ser favorecidos con la extinción penal. 

 La extinción de la acción penal es la finalización de proceso judicial porque no se conoció en el plazo establece el Código Procesal Penal, que es un período de cuatro años. Además de los referidos, también están en los tribunales los imputados de los casos Medusa, Calamar y el Coral 5G. Este último fue fusionado con el Coral por tratarse de un mismo entramado, y el tiempo del plazo se toma en cuenta a partir del primer expediente sometido. 

Miedo al desalojo mantiene en vilo a 63 familias en El Seibo

SANTA CRUZ DE EL SEIBO. – Vecinos del barrio José Francisco Peña Gómez, en Villa Guerrero, viven en constante zozobra ante la posibilidad de que sus hogares sean demolidos por una entidad gubernamental que busca desalojarlos. 

 La incertidumbre afecta a 63 familias, quienes desde la semana pasada han enfrentado nuevas amenazas de desalojo por parte de personas que, según temen, podrían ser empleados del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED). 

 Sus preocupaciones se basan en un antecedente ocurrido en septiembre de 2022, cuando al menos un centenar de agentes policiales y equipos mecánicos destruyeron varias viviendas habitadas y en construcción en la misma zona. 

Empresa pide intervención presidente litis playa Rocón

La empresa de inversiones turísticas y hoteleras Costa Canal solicitó la intervención directa del presidente Luis Abinader, ante lo que definió constante violación de derechos de propiedad en un terreno cerca de playa Rocón, Cabarete. 

 El abogado Lorenzo Pichardo manifestó en un documento, que es necesario que el mandatario intervenga para evitar que funcionarios del Ministerio de Turismo, encabezados por el director regional Atahualpa Paulino, continúen la violación de derechos a su cliente. 

 Dijo que viola una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que dispone el respeto al derecho de establecer una verja en los linderos. Indicó que de forma recurrente el funcionario derriba el muro con el argumento de que cierra un camino que está en desuso desde hace 45 años y por el cual hubo una permuta con la Alcaldía de Sosúa y la Junta Distrital de Cabarete. 

 Indicó que Paulino utiliza empleados haitianos y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), para desconocer la disposición judicial. 

 Pichardo entiende que es necesario la intervención del presidente, para detener atropellos que afectan la seguridad jurídica y el clima de inversión en República Dominicana, como una acción destinada a favorecer a quienes fueron desalojados de esos terrenos que ocupaban al amparo de títulos falsos, luego de un largo proceso judicial de más de 21 años.

Fuente:https://hoy.com.do/empresa-pide-intervencion-presidente-litis-playa-rocon/

Expresidente del Codia llama a realizar “auditoría forense” a obras reactivadas bajo antigua ley

SANTO DOMINGO.-El expresidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Teodoro Tejada, indicó ayer que las obras que han sido activadas y se encuentren amparadas en la ley 105-67, cuyos costos se han elevado con respecto al contrato original, deben ser auditadas.

 “Las obras paralizadas deben ser rescindidas y, las que sean necesarias, hacer levantamiento y presupuesto de terminación real y licitarlas. Las que fueron activadas, es necesario hacerles auditoria forense para determinar las causas de su incremento excesivo del monto original”, comunicó a través de su cuenta de X (antiguo Twitter). 

 En un hilo de la red social, mostró su apoyo ante la decisión que habría tomado el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, de no activar las obras contratadas bajo esta ley, que somete a concurso la adjudicación de todas las obras de ingeniería y arquitectura de más de RD$10,000. “Felicito al ministro del MOPC, ingeniero Eduardo Estrella, por su extraordinaria medida de no activar obras contratadas con la ley 105-67, del 17 marzo 1967. Estas obras paralizadas por largos años, y activadas, elevaron sus costos exageradamente, en detrimento de la transparencia”, indicó públicamente.

Proindustria recupera terrenos ocupados por invasores ilegales en el DISDO

SANTO DOMINGO.-El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) ejecutó en la mañana de este jueves 27 de marzo una importante operación de desalojo en los terrenos del Distrito Industrial de Santo Domingo Oeste (DISDO), con el objetivo de recuperar una zona estratégica que había sido ocupada ilegalmente por invasores, presumiblemente inmigrantes haitianos en situación irregular. 

 El desalojo se llevó a cabo a partir de las 6:00 AM, como parte de un proceso amparado en los artículos 51, 68 y 69 de la Constitución de la República Dominicana; los artículos 47 y 48 de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, y en cumplimiento de la Resolución núm. 127, previamente emitida por las autoridades competentes. 

 Los ocupantes ilegales se encontraban establecidos en la “área de expansión” del DISDO, terrenos propiedad de Proindustria con una extensión de más de 316 mil metros cuadrados. En ese espacio, alrededor del centenar de extranjeros en condiciones irregulares habían levantado estructuras precarias, incluyendo una fachada de iglesia que funcionaba como centro de acopio informal, además de tres viviendas improvisadas, situación que había generado preocupación entre los industriales legalmente establecidos en la zona durante años. 

La retrasada ley de alquileres vuelve a estudiarse en una comisión del Congreso

Aunque los desacuerdos y diferencias entre los sectores y entre los propios legisladores han retrasado el proyecto de ley de alquileres, la Cámara de Diputados retomó el estudio de la iniciativa en una comisión especial. 

 El proyecto que estudian otra vez los diputados es autoría del presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, quien enlistó la iniciativa dentro del grupo de propuestas que serían prioritarias para el Congreso en el actual cuatrienio. 

 La comisión especial está presidida por el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, quien no precisó una fecha para acabar los estudios, pero garantizó que el equipo que dirige trabajará para rendir un informe apegado al consenso y al respeto de todos los que serían impactados con la nueva ley. 

Acoprovi pidió 87 mil permisos trabajo para extranjeros

La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi), Annerys Meléndez, abogó por 87 mil puestos de trabajo que, dentro del marco de la ley, pueden ser ocupados por extranjeros para el desarrollo y sostenibilidad del sector de la construcción en el país. 

 Meléndez explicó que la Encuesta Nacional de Ocupación que el Banco Central emite mensualmente refleja que para el 2024 existían 435 mil 503 personas laborando en el sector construcción. 

El Código de Trabajo permite un 80/20 de ciudadanos extranjeros, por lo que se podrían tener hasta 87 mil puestos de trabajo. “Pedimos a nuestras autoridades formalizar para evitar estas situaciones de informalidad que hemos tenido; hemos pedido 87 mil permisos”, refirió durante una entrevista en Despierta con CDN junto a los panelistas Nelson Rodríguez, Yanessi Espinal, Katherine Hernández y Federico Jovine..

Caso Nido: Corte ratifica prisión a imputado de la red de estafa inmobiliaria

SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificaron la prisión preventiva a Juan Omar Rosario López, imputado en la red de estafa por más de RD$700 millones a personas que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios. 

 Los magistrados adoptaron la decisión alegando que no variaron los presupuestos que permitieron imponer la medida de coerción. Mientras, que esa corte revocó la prisión por otra medida coerción menos gravosa a favor de la imputada Mirna Catalina Rivera Ledesma, por entender que aportaron presupuestos que sustentan el cambio de prisión. 

 Los imputados juntos a otros, incluyendo al cabecilla de la estructura, están acusados de cometer estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de decenas de víctimas a las que ofertaban inmuebles a través de siete proyectos inmobiliarios. 

Residentes de Playa Palmera denuncian desalojo violento sin orden judicial por Medio Ambiente

Punta Cana, Uvero Alto. En horas de la madrugada de este martes aproximadamente a las 5:30 a. m., un contingente militar del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, se presentó en la Casa Club del complejo Playa Palmera. 

 Según denuncias de los residentes y turistas, los agentes rodearon la propiedad e impidieron arbitraria y violentamente el acceso a quienes se encontraban en el lugar. Los hechos han generado una fuerte controversia, ya que, según informaciones suministradas por abogados del complejo, los agentes del SENPA no contaban con una orden judicial que avalara la demolición de la propiedad. 

 Además, se ha denunciado que los miembros del organismo actuaron con uso excesivo de la fuerza, atropellando a empleados, residentes y miembros de la prensa presentes en el sitio. Los abogados también indicaron que existe un recurso contencioso presentado en los tribunales, el cual debería haber detenido cualquier acción de demolición hasta que se emitan los dictámenes judiciales correspondientes.. Sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso a este procedimiento legal y procedieron con sus acciones.  Además de la preocupación por el abuso de autoridad, también han surgido rumores sobre un posible favorecimiento del Ministerio de Medio Ambiente hacia un grupo hotelero cercano a Playa Palmera. 

Estas especulaciones han avivado el descontento entre los residentes y propietarios, quienes han exigido una investigación transparente sobre lo ocurrido. Ante esta situación, los afectados han manifestado su intención de continuar con las acciones legales para evitar lo que consideran un atropello y un abuso de poder. 

 Se espera que las autoridades pertinentes ofrezcan una explicación clara y tomen medidas para garantizar el respeto al debido proceso y los derechos de los involucrados.

Fuente:https://hoy.com.do/residentes-de-playa-palmera-denuncian-desalojo-violento-sin-orden-judicial-por-medio-ambiente/