Ratifican medidas de coerción contra imputados en el caso “Operación Nido”

La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó este lunes las medidas de coerción de prisión preventiva contra Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López, acusados de formar parte de una presunta red delictiva desmantelada en el caso conocido como “Operación Nido”. 

 Los imputados habían solicitado la variación de la medida, pero el tribunal, tras analizar los elementos presentados por el Ministerio Público, decidió mantener la prisión preventiva. Según los fiscales, la estructura desmantelada constituía una “asociación grave”, compuesta principalmente por miembros de una misma familia y dedicada a actividades ilícitas, entre ellas, estafa y asociación de malhechores. 

 Abogados de las víctimas manifestaron su satisfacción con la decisión judicial. “Esto representa un paso importante en el caso y demuestra que la justicia está actuando con firmeza”, señalaron. 

 Por su parte, Fernanda Sena, una de las víctimas, expresó optimismo ante el avance del proceso. “Seguimos confiando en la justicia dominicana. Espero que se siente un precedente para evitar que algo así vuelva a ocurrir”, afirmó.

 Otra de las afectadas, Glenny Casada, también mostró esperanza. “Confío en que los responsables serán castigados. Esta decisión nos da aliento para seguir adelante”, comentó. El caso, iniciado en enero, incluyó 25 allanamientos en varias provincias, donde las autoridades recolectaron evidencias que muestran el lujoso estilo de vida de los implicados, financiado con el dinero de las estafas. Además de estafa y asociación de malhechores, se les acusa de falsificación y lavado de activos.

Fuente:https://m.n.com.do/2024/12/02/ratifican-medidas-de-coercion-contra-imputados-en-el-caso-operacion-nido/

El sueño de una inversión inmobiliaria convertido en pesadilla para cientos de familias

REDACCIÓN.- Lo que parecía una promesa de lujo y confort en los proyectos inmobiliarios Romana Victoriana y Bávaro Victoriana en República Dominicana, se ha convertido en un calvario para cientos de compradores. 

Más de 600 personas, en su mayoría dominicanos residentes en el extranjero, han denunciado ser víctimas de una presunta estafa por parte de la empresa constructora Novasco Real Estate, liderada por Loani Ortiz y su madre, Marisol Nova.

 De sueños a terrenos baldíos

 El proyecto prometía modernos apartamentos con todas las comodidades. Sin embargo, imágenes de los terrenos muestran lotes vacíos y sin rastro de construcción. Grecia de la Cruz, residente en Nueva York, invirtió 12,000 dólares en un apartamento en Bávaro, mientras que Ana Nicole Núñez, puertorriqueña, desembolsó más de 30,000 dólares para un penthouse en La Romana. Ambas, como muchos otros, aseguran que los proyectos nunca avanzaron.

 «Los terrenos están llenos de maleza, no hay ni un solo bloque colocado», afirmó de la Cruz. «Seguimos pagando porque nos amenazaban con cobrarnos mora si no lo hacíamos», agregó Núñez. Los afectados han llevado sus casos ante el Ministerio Público. Una querella colectiva, liderada por la abogada Carolina Núñez, denuncia una estafa de más de 500,000 dólares.

 Entre los señalados están Loani Ortiz, Yves Giroux, y empresas como Novasco Real Estate y RemaxOne. «A pesar de nuestras denuncias, los fiscales han pasado el caso entre diferentes jurisdicciones, retrasando las investigaciones», señaló Núñez. 

Los denunciantes aseguran que Ortiz y su madre se mantienen inalcanzables mientras exhiben una vida de lujos en redes sociales. 

 La respuesta de la constructora 

Los intentos de comunicación con Novasco han sido infructuosos. Oficinas cerradas y excusas como «fumigación» han dificultado el contacto con los responsables. En un terreno en Bávaro, un guardia de seguridad confirmó que las tierras están en venta, contradiciendo las afirmaciones de la empresa sobre ser propietaria de los lotes.

 El daño no es solo económico. 

Manuel Frisman, dominicano residente en Alemania, expresó su impotencia tras perder los ahorros de su vida. «Sacrifiqué muchos años trabajando lejos de mis hijos para construir este sueño, y ahora todo se ha desmoronado». La querella incluye delitos de alta tecnología por el uso de medios electrónicos para captar clientes. 

Los abogados exigen que el Ministerio Público emita órdenes de arresto contra los responsables. Mientras tanto, los afectados esperan justicia y la posibilidad de recuperar al menos parte de su inversión. «Es desgarrador ver cómo un sueño se transforma en pesadilla por falta de transparencia y acción», concluyó Núñez. La investigación sigue abierta, y el caso plantea serias preguntas sobre la regulación del sector inmobiliario en el país.

Fuente: https://noticiassin.com/el-sueno-de-una-inversion-inmobiliaria-convertido-en-pesadilla-para-cientos-de-familias-1756590/

Denuncia vendieron su apartamento sin su conocimiento

Santo Domingo. – El programa Desclasificado presentó la historia de Elenny de la Cruz Ledesma, quien enfrenta una amarga disputa por un apartamento, luego de descubrir que la propiedad había sido vendida en pública subasta sin su conocimiento. Santo Domingo. –

 El programa Desclasificado presentó la historia de Elenny de la Cruz Ledesma, quien enfrenta una amarga disputa por un apartamento, luego de descubrir que la propiedad había sido vendida en pública subasta sin su conocimiento. 

 Una deuda como herramienta perfecta para el engaño

 Según reveló el programa de investigación periodística que conduce Addis Burgos, la supuesta deuda de mantenimiento se ha convertido en la herramienta perfecta para que el Grupo Pero, sobre quienes pesan otras denuncias por los mismos casos, utilicen las rendijas de la Ley de Condominios para intentar despojar a los legítimos propietarios de sus bienes.

 "Pusieron por el grupo de inquilinos, porque tampoco a mi tía la tenían en el grupo de propietarios, era de inquilinos. Ella nunca se enteraba de lo que estaba pasando con los propietarios", expresó Elenny de la Cruz Ledesma. Elenny de la Cruz Ledesma, relató un enfrentamiento legal que comenzó con una deuda de mantenimiento que asegura, nunca existió y que hoy amenaza con el despojo de un apartamento. 

David Collado impone multa a constructora por incumplimiento de plazos en malecón San Pedro de Macorís

SANTO DOMINGO.- El ministro de Turismo, David Collado, anunció ayer domingo una multa de 4 millones de pesos al contratista encargado de la reconstrucción del malecón de San Pedro de Macorís, debido al incumplimiento de los plazos establecidos para la finalización de la obra.

 El ministro Collado explicó en un video colgado en la red social Instagram que amparado en el artículo No.7 del contrato, penalizaba la constructora Kuky y a su vez la emplaza a entregar el malecón de San Pedro de Macorís en una semana. 

 “Como parte de nuestro compromiso con el pueblo de San Pedro de Macorís, decidimos actuar con total transparencia. Le hemos colocado una multa de 4 millones de pesos al contratista, y le otorgamos un nuevo plazo de una semana para que termine la obra y podamos entregarla a la comunidad», declaró el funcionario. 

 El malecón de San Pedro de Macorís está siendo renovado desde octubre de 2022, con una inversión superior a los 260 millones de pesos. La obra está a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), y busca transformar el malecón en un espacio moderno de recreación y esparcimiento.

Nuevo Reglamento de Inversión permitirá construir modernas naves industriales a zonas francas en el país

SANTO DOMINGO.-El Consejo Directivo del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), aprobó un nuevo Reglamento de Reconocimiento de Inversión, que permite a las empresas privadas realizar inversiones significativas en la construcción de modernas naves industriales dentro de las zonas francas operadas por esta entidad. 

 En la reciente sesión ordinaria se dispuso el instrumento innovador, que marca un hito en la política industrial del país, al asegurar que las infraestructuras queden como activos del Estado, fortaleciendo así el patrimonio público y sin comprometer su enajenación. 

 El Reglamento de Reconocimiento de Inversión surge como una solución estratégica al histórico déficit de naves industriales en las zonas francas dominicanas, un problema que ha limitado la capacidad del país para atraer nuevas inversiones y fortalecer su capacidad exportadora, debido a que el anterior reglamento de reconocimiento de inversión, solo reconocía hasta un 50% para el remozamiento de naves industriales, sin embargo, con la aprobación del nuevo reglamento ejecutado por la presente gestión, aumentará hasta un 100%. 

Aumentan las denuncias por violaciones a las normas de construcción

A pesar de contarse con un marco normativo robusto para regular el sector de la construcción en la República Dominicana, los incumplimientos persisten. Solo desde finales del 2022 hasta el 27 de noviembre del 2024, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) sometió 93 proyectos a las jurisdicciones competentes, para los que solicitó la imposición de sanciones por violaciones detectadas. 

 Problemáticas relacionadas con la protección medioambiental, la regulación del ruido y la seguridad en el trabajo siguen siendo puntos críticos, según se constató en un recorrido reciente de Diario Libre por proyectos en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste. De hecho, las denuncias se incrementaron en este 2024, en el que el Mivhed recibió 217, contrario a las 66 del 2023, según datos compartidos a Diario Libre por la institución. 

 La semana pasada la construcción de una tienda china colapsó al oeste de Santiago. La misma había sido detenida por disposición del Mivhed, por incumplimiento de los reglamentos.

 Desde finales de 2022 hasta el pasado 27 de noviembre, dicho ministerio gestionó 348 expedientes relacionados con construcciones irregulares. De estos, 127 obras fueron regularizadas con acuerdos amigables y 128 están en proceso de regularización. 

Someten recurso contra Contrataciones Públicas y Contraloría por el polémico tema de los alquileres

La Fundación Primero Justicia, representada por el abogado Miguel Surún Hernández, sometió recurso contencioso administrativo contra la autorización, hecha por Compras y Contrataciones y la Contraloría General, de la circular del 3 de febrero del 2022, que instaura la “Gestión Integral y Oportuna de los Procedimientos de Contratación de Alquileres y Arrendamientos de Bienes Inmuebles en el Sistema de Contrataciones Públicas y Registro de Contratos”. 

 Surún Hernández sostienen que, en virtud de esa circular, entidades del Estado dominicano han suscrito contratos controversiales por miles de millones de pesos, como supuestamente es el caso de la Dirección General de Pasaportes y de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). 

 En ese sentido, argumenta que el director de la OGTIC, Bartolomé Pujals, ha suscrito contratos por más de RD$2,400,000,000, “en franca violación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado, que de conformidad con el articulo 138 de la Constitución deben normar las contrataciones públicas”. 

 “Es inaudito que el Estado dominicano haya perdido en alquiler sobrevaluado de un edificio para la Dirección General de Pasaportes, las suma de RD$1,200,000,000, con la sola excusa de que su director “necesite un edificio con ascensor”, alquileres con precios ficticios, que duplican el precio del inmueble arrendado”, dijo. 

 “Hemos solicitado, además, al Tribunal Superior Administrativo la anulación y suspensión de los contratos de alquiler suscritos por Dirección General de Pasaportes y el de la OGTIC, mediante los cuales garantizaban la sustracción de miles de millones de pesos en perjuicio del Estado”, continuó.

Fuente: https://n.com.do/2024/11/28/someten-recurso-contra-contrataciones-publicas-y-contraloria-por-alquiler-de-locales/

Vence audiencia de reglamento de la SIE que norma instalación de paneles solares y su interconexión a la red

Sobre esta propuesta de reglamento creado por la Superintendencia de Electricidad (SIE), el superintendente, Andrés Astacio explicó que el objetivo principal es regular la operación de proyectos que deseen inyectar o no energía en las redes eléctricas en miras que sea más eficiente, sostenible y estable el sistema.

 Indicó que el mismo no es una limitación para la instalación de paneles solares, pero si establece un costo por el uso de las redes eléctricas que administran las Edes. Dijo que también estos usuarios pueden generar su energía sin usar la red eléctrica y estar totalmente aislados y ser independiente. Explicó que se ha definido una tarifa por el costo de explotación de estas redes similar al que las Edes pagan a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) por usar sus redes de transmisión.

 “Usualmente en las tarifa eléctrica está contemplado que el costo de uso de red es entre 18 a 25 % del valor final que paga el usuario”, dijo al realizar un encuentro con periodistas y editores de economía. Expreso que hoy en día el dueño de un panel solar que usa las redes de distribución de las Edes no pagan nada. 

Critican Política de Datos del Poder Judicial por limitar la transparencia

La Política de Protección de Datos presentada por el Poder Judicial el 14 de noviembre fue rechazada por el abogado Julio Cury y la organización Participación Ciudadana, quienes consideran que vulnera principios constitucionales y atenta contra la transparencia en el sistema judicial dominicano, mientras que, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, defiende la disposición.

 Cury calificó la política como un "exceso de poder" y afirmó que excede las competencias de la SCJ. Según el jurista, la normativa es inconstitucional al regular derechos fundamentales sin seguir los procedimientos establecidos en la carta magna. "Los derechos fundamentales solo pueden regularse de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución y mediante leyes orgánicas, es decir, leyes aprobadas con una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes de ambas Cámaras (Congreso Nacional). 

Son extensiones de la Constitución, son ramas, por eso se requiere esa mayoría cualificada", explicó Cury a Diario Libre. Agregó que esta política busca restringir el derecho a la información en los procesos judiciales, al prohibir la divulgación de los nombres de las partes involucradas en ciertos casos.