Retrasos y trabas administrativas frenan desarrollo inmobiliario en la región Este

SANTO DOMINGO.-Mario Betances, presidente de la Asociación de Constructores y Desarrolladores de La Altagracia (ADECLA), informó que el sector construcción en la región Este enfrenta múltiples dificultades que han ralentizado la ejecución de proyectos y generado preocupación entre inversionistas nacionales y extranjeros. 

 “Esto no solo afecta a los desarrolladores locales, sino también la confianza de inversionistas extranjeros que ven en la República Dominicana un destino atractivo para sus inversiones”, expresó. 

 Entre los principales problemas, Betances señaló la indefinición entre los ayuntamientos de Higüey y Verón sobre el pago de arbitrios y la competencia para emitir el uso de suelo. Esta situación impide que el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) pueda otorgar licencias de construcción. “La indefinición ha provocado retrasos significativos en proyectos en ejecución”, afirmó. 

 El empresario también destacó el aumento en los precios de insumos, la escasez de mano de obra calificada y los extensos plazos para obtener permisos como factores que afectan directamente la planificación de proyectos en zonas clave como Punta Cana, Bávaro y La Altagracia. “Los cronogramas de obra se ven comprometidos y los costos se elevan”, advirtió.

Propietarios de terrenos expropiados por el Estado objetan informe Cámara de Cuentas

Abogados y propietarios de terrenos expropiados por el Estado objetaron este lunes el “informe de la investigación especial” emitido por la Cámara de Cuentas sobre la auditoría practicada al Ministerio de Hacienda durante el período 16 de agosto de 2016 al 16 de agosto de 2020, por estar “plagado de errores e incongruencias”. 

 Además, cuatro oficinas de abogados notificaron mediante actos de alguacil a la Cámara de Cuentas para que retire o corrija el referido informe preliminar de auditoría, o de lo contrario ese organismo podría ser demandado. 

 Las notificaciones mediante actos de alguacil a la presidenta de la Cámara de Cuentas, doctora Enma Polanco y los demás miembros del organismo, están firmadas por los abogados Alexander Navarro Rossi, Joaquín Antonio Pérez, Ángel Teófilo Sena y Pablo Benjamín Castillo, entre otros. 

 El borrador de auditoría de la Cámara de Cuentas dado a conocer recientemente mediante la Resolución AUD 2025-0043, del 26 de septiembre del 2025, la cual fue subida a la página web de dicho órgano sin ser definitiva sobre un informe del 24 de mayo del 2024 realizado por la Cámara de Cuentas anterior, ha provocado lluvias de cuestionamientos. 

Tribunal de San Pedro de Macorís anula aumento abusivo de cuota de mantenimiento en Guavaberry Golf & Country Club

Las salas Primera y Segunda de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís declararon nula la resolución emitida el 19 de agosto de 2022 por Guavaberry Golf & Country Club, mediante la cual se impuso un aumento en las cuotas de mantenimiento a los dueños de viviendas y solares del complejo turístico. 

 La Primera Sala, mediante la Sentencia Civil Núm. 339-2025-SSEN-00457, de fecha 30 de julio de 2025, y la Segunda Sala, a través de la Sentencia Civil Núm. 1495-2025-SSEN-00300, dictada el 28 de mayo del mismo año, coincidieron en que la decisión de la administración del complejo violó los artículos 9, 10 y 12 de la Ley 5038 sobre Régimen de Condominio, al no convocar debidamente a los propietarios para discutir y aprobar el incremento de las cuotas. 

La acción judicial fue interpuesta por propietarios, representados por los abogados Manuel Olivero Rodríguez y Fernando Gutiérrez Figuereo, quienes reclamaron la nulidad del aumento por considerarlo arbitrario e ilegal. 

Se querellan contra empresario por supuesta estafa en venta de vivienda en Santiago

Santiago de los Caballeros.- Una querella por estafa fue interpuesta en Santiago por el abogado Kelvin González en representación de su defendido, Miguel Ángel Vásquez, contra un empresario y abogado presuntamente vinculado a la venta irregular de una vivienda en el sector Ensueño. 

 La acción legal alega una maniobra fraudulenta que involucró más de dos millones de pesos y la entrega de un terreno como parte del acuerdo, lo que agrava la complejidad del caso. 

 Según la querella, la transacción se habría concretado tras la publicación de un anuncio de venta a “buen precio”, lo que llamó la atención de la víctima, quien reside cerca del lugar. 

Tras contactar al supuesto vendedor y avanzar con el proceso, el denunciante afirma haber descubierto que la propiedad no pertenecía a la persona que lo atendió. En su declaración, la víctima aseguró que el monto estafado asciende a dos millones setecientos mil pesos, y denunció haber recibido amenazas posteriores, lo que incrementa su preocupación por la seguridad personal. 

PLD denuncia adjudicación irregular de kioscos en el Malecón sin aval del Concejo de Regidores

Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el Ayuntamiento del Distrito Nacional habría adjudicado espacios para kioscos en el Malecón, frente a la Universidad del Caribe, sin la autorización del Concejo de Regidores, lo que, según afirmaron, constituye una violación a la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios. 

 La acusación fue presentada por el regidor peledeísta Franklin Ferreras durante una sesión ordinaria celebrada en la sala “Emilio Rodríguez Demorizzi”, del cabildo capitalino. 

 Ferreras explicó que la actual administración municipal ha procedido a licitar y asignar dichos espacios de manera unilateral, atribuyéndose facultades que corresponden exclusivamente al Concejo de Regidores, órgano legalmente encargado de aprobar toda concesión o uso de bienes municipales. 

 “El Ayuntamiento no puede adjudicar ni alquilar espacios públicos sin la debida autorización del Concejo. Esta práctica vulnera la ley y despoja a este órgano de sus competencias legítimas”, advirtió Ferreras. Asimismo, llamó al presidente del Concejo y a la administración del cabildo a rectificar la medida y restablecer el respeto a los procedimientos legales y a la institucionalidad municipal. 

 El regidor alertó que, de mantenerse esta práctica, se estaría creando un precedente peligroso, que podría fomentar la discrecionalidad administrativa y debilitar los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los bienes públicos.

Fuente:https://elnacional.com.do/pld-denuncia-adjudicacion-irregular-de-kioscos/

Propietarios tierras retrasan carretera Cambita-Los Cacao

En la provincia San Cristóbal todo el mundo sabe que desde hace alrededor de año y medio el gobierno inició la reconstrucción y ampliación de la carretera Cambita Garabitos-El Cacao, de 23 kilómetros de longitud, atravesando una zona montañosa de excelentes perfiles naturales. 

 El Presidente Luis Abinader encargó de la obra a la activa Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) y dispuso que los trabajos fueran ejecutados en cuatro tramos asignados a empresas constructoras reconocidas.

 Corporación de Asfalto SRL; Malespin Constructora SRL; Ingeniería Estrella S.A. y Consorcio Jcpim son las firmas contratistas escogidas y que han estado laborando de lleno. Pero en los últimos meses se observa un declive en el ritmo de trabajo que preocupa a los habitantes de la zona, es decir a las varias comunidades del trayecto Cambita-El Cacao. 

 Ninguna explicación oficial se ha dado acerca del descenso, que ha merecido algunas noticias y comentarios en el municipio San Cristóbal, el más conectado con el área donde de actúan numerosos equipos pesados. Domingo Peña Nina, reputado médico y abogado nativo de San Cristóbal -residente en Santo Domingo- escribió recientemente: “se puede que afirmar sin ninguna duda, que la decisión del gobierno dominicano de ampliar y reparar la carretera que va de Cambita a Los Cacaos ha sido vista con agrado por todos los sancristobalenses”. 

Envían a juicio esposa de ‘falso abogado” por presunta complicidad en estafa millonaria en La Altagracia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís revocó una decisión anterior y ordenó la apertura a juicio contra Judith Desiree Peña Ramos, esposa del supuesto falso abogado Héctor Bienvenido Peña García, acusado de estafar a decenas de personas haciéndose pasar por profesional del Derecho. 

 La decisión está contenida en la sentencia penal núm. 334-2025-SSEN-00584, emitida el 10 de octubre de 2025 por los magistrados José Manuel Glass Gutiérrez, Miguelina Mendoza Ramírez y Ramón Martínez, quienes acogieron el recurso de apelación interpuesto por los abogados Moisés Torres Pión y Emmanuel Rivera Rodríguez, representantes de las víctimas. 

 De acuerdo con la acusación formal del Ministerio Público, Peña García habría defraudado a sus víctimas por un monto superior a RD$5.5 millones, simulando ser licenciado en Ciencias Jurídicas. 

 La investigación explica que el procesado convenció al señor Francisco Arache Santana de entregarle RD$2,825,000 mediante transferencias bancarias, bajo la promesa de recuperar fondos invertidos en la empresa Investor Winner IW, S.R.L. Parte de ese dinero, según el expediente, fue depositado en una cuenta a nombre de su esposa, quien presuntamente también participaba en las reuniones donde se captaban las víctimas y se beneficiaba de los recursos obtenidos ilícitamente, adquiriendo bienes muebles e inmuebles, incluidos vehículos de lujo. 

Comisión de Derechos Humanos denuncia irregularidades en desalojos en Santo Domingo Norte

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) solicitó al Consejo del Ministerio Público investigar presuntas irregularidades cometidas por abogados del Estado adscritos a la jurisdicción inmobiliaria. 

 La entidad indicó que una de las situaciones más recientes fue el desalojo realizado el pasado viernes en el barrio La Virgen, del municipio Santo Domingo Norte, en ese operativo, varias familias fueron retiradas de terrenos que, según sus declaraciones, ocupan desde hace más de treinta años y sobre los cuales poseen documentación legal. 

 La CNDH-RD pidió que se investigue la actuación de los funcionarios involucrados y que se adopten medidas administrativas contra los responsables. 

 El presidente de la entidad, doctor Manuel María Mercedes Medina, informó que se depositará una querella ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y otra ante la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con el fin de que se indaguen las irregularidades administrativas y los hechos ocurridos durante el operativo. 

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también solicitó a la Procuradora General de la República designar una comisión investigadora que determine las circunstancias del caso y las responsabilidades correspondientes.

Fuente:https://n.com.do/2025/10/16/cndh-investigacion-irregularidades-abogados-estado-desalojos-santo-domingo-norte/

Propietarios denuncian presuntas irregularidades en titulación de Metro Country Club

La Asociación de Propietarios de Inmuebles de Metro Country Club (APIMCC) denunció este jueves supuestas irregularidades en la titulación de propiedades dentro del complejo turístico, que, según advierten, ponen en riesgo la seguridad jurídica de sus residentes y la confianza en el sistema registral dominicano. 

 Metro Country Club, con más de dos décadas de existencia y unas 1,000 propiedades entre residencias permanentes, de fin de semana y solares, alberga a familias dominicanas de distintos estratos sociales e inversionistas extranjeros de países como Suiza, Alemania, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos y Rusia. 

Los propietarios aseguran contar con títulos definitivos, deslindes y el pago al día de sus impuestos (IPI). La asociación sostiene que el caso revela serias anomalías en el sistema registral inmobiliario, regulado por la Ley 108-05, entre ellas duplicidad de títulos, omisión de procedimientos y violaciones al principio de relatividad contractual. 

 A su juicio, estas prácticas atentan contra el Estado de Derecho y podrían desincentivar la inversión en el país, en momentos en que el Gobierno impulsa el Plan Nacional de Titulación (Ley 82-25 de 2025). 

 La APIMCC solicitó la intervención urgente de las autoridades dominicanas para proteger a los propietarios y restaurar la seguridad jurídica.