La permanente lucha de una familia que reclama sus derechos sobre terrenos en Puerto Plata y Luperón

El paso de los años no ha mermado la vehemencia con la que el abogado Persivanio Antonio Henríquez Echavarría defiende el derecho de su familia a que le sean restituidos los derechos sobre las tierras, que dicen ser de su propiedad en la provincia de Puerto Plata y Luperón. 

 A pesar de varias sentencias que le favorecen y de órdenes de fuerza pública, los sucesores de Félix María Echavarría, y herederos de los derechos de las empresas Hachtmann y Bocovitz y Hachtmann, no logran que les sean devueltos los terrenos que alegan son de su propiedad.

 Henríquez Echavarría explicó que los terrenos de la familia fueron deslindados el 15 de julio de 1919 y se procedió al registro de los mismos el 12 y 17 de febrero de 1920. El 4 de febrero de 2009, la sentencia número 41 de la Suprema Corte de Justicia le dio ganancia de causa con la autoridad de la causa irrevocablemente juzgada, reconociendo la propiedad de los terrenos, con relación a los solares adjudicados por el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco al Instituto Agrario Dominicano.

Enrique de León: «Es un reglamento anti panales solares»

Enrique de León, de RD 100 por Ciento Renovable y de Comité de Lucha contra el Cambio Climático en la República Dominicana, dijo que la Superintendencia de Electricidad (SIE) presentó una nueva versión de reglamento que es anti paneles solares, que atenta contra las instalaciones en los techos de las viviendas.

 «Nosotros no estamos de acuerdo con este reglamento. Es un reglamento de una Ley para incentivar las energías renovables (57-07) y hace todo lo contrario. es un reglamento para proteger los intereses del gran capital y, especialmente, de las empresas distribuidores (de electricidad). Es en contra de los usuarios que tienen el derecho de beneficiarse del sol sin pagar nada», declaró De León al ser entrevistado por «Las Exclusivas de José Peguero». 

 Asimismo, el activista ambiental agregó: «Todas las sanciones que establece ese reglamento no es contra las EDES, es contra los consumidores. y quieren que le pidan permiso previo para tu instalar un panel; lo que yo voy a instalar en mi casa». 

Víctimas de estafa inmobiliaria protestan en reclamo de justicia

Las víctimas de la estafa inmobiliaria desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación Nido se apostaron la mañana de este martes en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en reclamo de que se haga justicia por el citado expediente. 

 Asimismo, piden a las autoridades judiciales que sea apresada Escarlet Cruz, esposa del principal imputado, Emmanuel Rivera Ledesma. "Esa señora fue beneficiada con una medida de coerción desde su casa, pero era porque ella estaba lactando. Entendemos que ya esa niña come plátanos porque tenemos un año ya en ese proceso", expresó Dayanara Borbón, 

 Entiende que con los tantos reenvíos para dar inicio a la etapa preliminar del caso, la justicia está jugando a que las víctimas se cansen y desistan, pero advirtió que están dispuestos a llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Asimismo dijo que no se trata de una simple estafa, sino de toda una organización. 

Beneficiarios alquilan y venden apartamentos del Plan Mi Vivienda, en Santiago

Beneficiarios venden y alquilan apartamentos del proyecto habitacional del gobierno, Mi Vivienda Hato del Yaque, en Santiago. 

 Los carteles con ofertas de alquiler y venta son visibles en al menos seis unidades del proyecto Mi Vivienda, en Hato del Yaque. Además en marketplace, el espacio para compra y venta de bienes en Facebook, son múltiples los anuncios de venta y alquileres de estos inmuebles. Entre 10,000 y 11,000 pesos la mensualidad por el alquiler y 1.6 y 2 millones en adelante para venta de los apartamentos, es el rango de precios que se encuentran en esta red social. Sin embargo, para adquirir uno de estos apartamentos, con el Plan de Vivienda Familia Feliz, una de las normativas y requisitos es “quedarse en la propiedad. No vender o alquilar la vivienda por un mínimo de 10 años”, según lo que establece el portal de información de la Presidencia de la República. 

 Al contactar con uno de los números telefónicos que se hallan en el portal de Marketplace, Periodistas de Listín Diario conversaron con una agencia de bienes raises llamada Lauren Real Estate, quienes están negociando uno de estos inmuebles. No obstante, los proyectos de Mi Vivienda, fueron anunciados e iniciados por el gobierno en abril de 2021, por lo que sólo llevan 3 años y 5 meses de haberse construido y empezado a habitarse. 

TC y sala de SCJ tras definir competencia

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estableció una vía de diálogo con el Tribunal Constitucional (TC) para definir las competencias entre ellas. 

 El tribunal de la SCJ estableció que el diálogo entre las altas cortes es necesario debido a múltiples factores, siendo uno de ellos el hecho de que la regla de delimitación de sus respectivas competencias, en realidad no traza una precisa línea divisoria respecto de los asuntos que deban conocer los respectivos tribunales, de acuerdo con lo establecido por la sentencia núm. SCJ-TS-24-1930, de fecha 30 de septiembre de 2024.

 De lo anterior se resume en que corresponde a la Suprema Corte la interpretación de la ley y al TC la Constitución. En la decisión de la Tercera Sala se citan las sentencias TC/0152/13 de fecha 12 de septiembre de 2013, y TC/0296/16 de fecha 18 de julio de 2016, que sientan determinados criterios relacionados con el recurso de casación analizado respecto de la competencia del Concejo de Regidores y la Oficina de Planeamiento Urbano como órgano de la Alcaldía para emitir permisos de uso de suelo particulares o específicos.

La ley de alquileres: estancada en el Congreso y con un pobre avance

Aunque ha sido aprobado por lo menos cuatro veces en el Congreso Nacional, el proyecto de ley de alquileres no avanza hacia su aprobación. 

 El autor de la pieza es el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien dijo que empezarían a estudiarla en el actual periodo legislativo. El proyecto de ley de alquileres fue aprobado en primera lectura justo antes de que el anterior período congresual dejara su cargo en julio de 2024.

 De acuerdo con los registros de la Cámara de Diputados, la pieza fue depositada nuevamente el 19 de agosto, pero aún no ha sido enviada a una comisión para su estudio. Lejos de aprobación.

 Las numerosas veces que ha perimido, sumadas a las modificaciones y ataques que ha recibido, ubican a la pieza congresual lejos de aprobarse pronto. El Congreso que asumió en agosto de este año incluye a más de 90 diputados nuevos, quienes tendrán que ver la propuesta desde cero. 

¡El robo le falló! Falsificó documentos para adueñarse de terrenos y ahora pasará 7 años en prisión

BOCA CHICA.- El Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de siete años de prisión, en contra de un hombre, que, mediante falsificación de documentos, intentó despojar a una familia de su parcela, No.486-B-3-A-I-REF-005-10364, DC32, de 3,185.14 metros cuadrados, en un hecho ocurrido en el año 2019, en el municipio de Boca Chica. 

 La condena y una indemnización de 12 millones de pesos le fue impuesta a Víctor Manuel Hernández Samora, por el Primer Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, que integran los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, por estafa y falsificación de documentos en contra las victimas Tsun Wah Ng León, Jun Quan Ng Joa, Li Qun Cen Leung y Yet-Ming Sang Fund de Ng, y del Estado dominicano. 

 Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes Evelyn Peña y Alexis Casado, mostraron al tribunal elementos de prueba que demuestran que el hoy procesado violentó los Artículos 139, 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, que tipifican las infracciones de Falsificación y uso de sellos del Estado, falsificación y uso de documentos públicos, privados y estafa. 

Asamblea Nacional Revisora aprueba reforma constitucional en segunda lectura; es la número 40 en la historia

Santo Domingo. La Asamblea Nacional Revisora aprobó en segunda lectura, con su informe favorable, las modificaciones a los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268, 274, y la inclusión del artículo 278 a la Carta Magna, así como las disposiciones transitorias incluidas en las modificaciones, que indican que el presidente de la República electo el tercer domingo de mayo del 2024, nunca más podrá presentarse al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. 

 El pleno inició su tercer encuentro pasadas las 3.57 de la tarde con una asistencia de 26 senadores y 164 diputados para un total de 190 asambleístas presentes en los trabajos legislativos, de una matrícula de 222 que conforman la Asamblea Nacional Revisora. 

 Tras iniciar los trabajos, el presidente de la Asamblea Nacional Revisora, Ricardo de los Santos, solicitó dar lectura al informe favorable rendido por las comisiones de Estilo y Verificación sobre las modificaciones que serán realizadas a la Constitución.

 En lo adelante, el artículo 209 de la Carta Magna señala que las asambleas electorales funcionaran en colegios electorales que serán organizados conforme a la ley. “Los colegios electorales se abrirán cada cuatro años para elegir al presidente y vicepresidente de la República, a los representantes legislativos, parlamentarios de organismos internacionales, a las autoridades municipales y a los demás funcionarios o representantes electivos. Estas elecciones serán celebradas el tercer domingo del mes de mayo”. 

Acoprovi: fideicomiso en viviendas pagaría 27% de ISR por la reforma fiscal

Aunque el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, aseguró que los incentivos a los proyectos habitacionales de bajo costo se mantendrían, la presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Annerys Meléndez, afirmó que el 59% de inversiones en viviendas de bajo costo se quedarían fuera de su actual calificación, por lo que perderían exenciones. 

 De acuerdo con Meléndez, el 60% de personas calificadas para comprar una vivienda perderá esa capacidad. “Seis de cada diez familias dominicanas quedarían descalificadas por no contar con los recursos necesarios para solventar estos aumentos, alejando el sueño de miles de dominicanos de tener una vivienda digna”, sostuvo en un encuentro con periodistas en el Hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo. 

 Enfatizó que el fideicomiso completo (incluyendo viviendas de bajo costo, vivienda media, así como el sector inmobiliario) pasaría a pagar de 0 a 27% de impuesto sobre la renta (ISR). “El 12.5% del precio (de la vivienda) va a ser aumentado solo por este efecto, pero a eso se le añaden los efectos de colocar IVA (ITBIS) en los materiales y en la propia vivienda”, dijo la empresaria.