Acoprovi solicita la regularización de 87,000 trabajadores haitianos en el sector construcción


La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) solicitó la regularización de al menos 87,000 trabajadores haitianos, argumentando que la falta de permisos de trabajo y las repatriaciones desorganizadas están afectando la estabilidad del sector construcción. 

 La presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndez explicó que el sector cumple con la normativa del 80/20 en la contratación de mano de obra extranjera, pero que la ausencia de un proceso estructurado de permisos laborales ha generado incertidumbre en la industria.

 "Las repatriaciones sin planificación han impactado negativamente, ya que muchos de estos trabajadores cumplen con la normativa y son esenciales para la continuidad de los proyectos", afirmó Meléndez. 

 La dirigente señaló que el sector construcción genera aproximadamente 435,000 empleos formales, por lo que, aplicando el 20% establecido por ley, se requieren al menos 87,000 permisos de trabajo para obreros haitianos. "El extranjero está aquí, no podemos ignorarlo. No se trata de expulsarlos para luego permitir su regreso, sino de regularizar su estatus laboral de manera efectiva", sostuvo. 

Meléndez también destacó que, si bien en las áreas de terminaciones hay una mayor presencia de trabajadores dominicanos, en labores más pesadas como excavaciones, demoliciones y obras grises, los nacionales suelen rechazar esos empleos, una tendencia que, según indicó, también ocurre en otros países.

 Asimismo, criticó que los operativos migratorios se concentren en proyectos de construcción en lugar de enfocarse en personas que no están insertadas en actividades productivas. "Es importante garantizar el cumplimiento de la ley sin afectar la operatividad de un sector clave para la economía", indicó.

 Derrumbes en construcciones 

En otro orden, Meléndez atribuyó algunos derrumbes en construcciones a la falta de capacitación de quienes realizan estas obras sin la formación requerida. En este sentido, instó a las autoridades a sancionar a quienes desarrollan proyectos sin los conocimientos técnicos necesarios.

 Finalmente, la presidenta de Acoprovi sugirió que la administración del bono para viviendas de bajo costo sea transferida al Ministerio de Vivienda, en lugar de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), ya que su función principal es la recaudación fiscal y no la gestión de incentivos para la construcción de viviendas asequibles.

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