Poder Ejecutivo deposita anteproyecto de modificación de Ley 160-21, vía el MIVED

El ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, depositó este miércoles en manos del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el anteproyecto de que modifica la Ley 160-21 que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. 

 Esta propuesta de modificación, a 4 años de su promulgación, busca realizar ajustes y complementar su contenido, con el fin de optimizar su eficacia y mejorar el funcionamiento institucional de dicho Ministerio.

 Durante este periodo, se han identificado áreas de oportunidad que requieren atención, tales como la distribución de competencias entre los Viceministerios, el replanteamiento de algunas funciones específicas, la falta de instrumentos habilitantes adecuados para una supervisión y regulación más rigurosa del sector, una potestad sancionadora limitada y una dispersión en la potestad reglamentaria. 

 El ministro Carlos Bonilla dijo que “este proyecto de ley que modifica la ley que crea el MIVED tiene varios elementos que son pertinentes, muy importantes, que la población sepa. Número uno, es un certificado de habitabilidad, que dependiendo de la cantidad de personas y de la complejidad de la estructura de la edificación que tenga ese certificado, pues se va a tener que renovar cada cierto tiempo. Entonces, eso va a permitir que en ese momento que se renueve ese certificado, que el ministerio, a través de diferentes mecanismos, pueda constatar de una manera segura de que esa edificación no corre peligro”. 

Puerto Plata entre los municipios seleccionados para aplicar Planes de Ordenamiento Territorial

PUERTO PLATA.- El Gobierno central seleccionó al municipio cabecera San Felipe de Puerto Plata, junto a otros 66 municipios del país, para implementar los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT), como parte de una estrategia nacional para promover un desarrollo urbano, rural y turístico sostenible. 

 El anuncio se realizó durante una reunión de socialización en el Salón Verde del Palacio Nacional, presidida por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y con la presencia de comitivas de ediles de San Felipe de Puerto Plata, Neiba y San Cristóbal. Paliza explicó que los PMOT servirán como marco de referencia para orientar la inversión pública y serán ejecutados a través del Viceministerio de Ordenamiento Territorial. 

 “El ordenamiento territorial como política de Estado impulsa un desarrollo sostenible y equitativo. Estamos comprometidos a respaldar a los ayuntamientos en la gestión del suelo y la planificación urbana”, afirmó Paliza, destacando que estos planes conectarán la planificación local con las prioridades nacionales de desarrollo. 

Fraude inmobiliario en Boca Chica: Las decepcionantes historias de quienes confiaron en el proyecto

Según una investigación de El Informe con Alicia Ortega, más de un centenar de personas invirtieron sus ahorros en un terreno baldío donde nunca se levantó una sola pared. 

 Uno de los afectados, Otoniel Pichardo, quien vive en Miami desde hace 40 años, contó entre lágrimas que trabajó “como un caballo, peso a peso”, con la ilusión de regresar a su país para disfrutar su jubilación. “Todo se veía muy bien, ellos lo tenían todo camuflajeado”, dijo Pichardo, quien invirtió 80 mil dólares en cuatro inmuebles, con fecha de entrega para octubre de 2024. 

 El sueño comenzó a desmoronarse cuando, en abril de 2023, un amigo le envió un video mostrando el lugar abandonado y lleno de agua estancada. Pichardo viajó en junio para recuperar parte de su dinero, pero la empresa le informó que solo le reembolsarían cuando lograran vender los apartamentos. “Ahí quedó enterrado mi sueño, en esa pared que ven ahí”, lamentó. 

 Otra víctima, Francia Romero, explicó que se sintió atraída por la supuesta vista al mar de los apartamentos. “Ahí deposité todas mis ilusiones”, expresó tras perder 38 mil dólares. Mientras que Gabriel Rodríguez, un camionero puertorriqueño que vivió 17 años en República Dominicana, aseguró que “nunca pusieron una varilla, nunca una columna”. En 2024 comprobó personalmente que el proyecto no había avanzado y decidió retirarse. 

 El abogado Miguel Serum, representante de más de cien afectados, informó que se presentó una denuncia contra Edgar Hernández y su esposa Mabel Hernández por estafa agravada y lavado de activos. “El proyecto fue presentado como un paraíso terrenal, pero resultó ser un engaño bien estructurado”, dijo. 

 Los apartamentos se vendían entre 54 mil y 80 mil dólares, dependiendo del tamaño. El proyecto prometía 207 unidades habitacionales, locales comerciales, piscina, gimnasio, restaurante, Cigar Club, parqueo, planta eléctrica y ascensores, firmados en contrato por una mujer identificada como Margarita Medrano. 

La regulación del embargo retentivo para la defensa de los usuarios del sistema financiero

En la República Dominicana, el embargo retentivo, como instrumento de recuperación de créditos, ha sido objeto de análisis profundo y debate constante. Este vehículo procesal, que permite indisponer los bienes del deudor en favor de su acreedor, ha demostrado ser una herramienta útil para los fines que fue concebida, más su aplicación se ha tornado compleja puesto que en la práctica conviven tanto su uso legítimo como el ejercicio desviado de este tipo de procedimientos. 

 A junio de 2025 el monto promedio mensual de los depósitos indispuestos superó los RD$28.7 mil millones, colocados en 232,798 cuentas en 29 entidades de intermediación financiera. Dentro de estas cifras se incluyen lastimosamente embargos retentivos trabados de manera abusiva, que limitan el acceso a recursos a personas, mipymes y empresas, con su correlativo efecto sobre la dinámica comercial. 

 La Superintendencia de Bancos ha recibido de primera mano quejas de usuarios que afirman ser objeto de embargos retentivos temerarios y dicen encontrarse desprotegidos frente a una legislación que no se ajusta ya a la realidad. Por este motivo, hemos asumido el compromiso de liderar acciones concretas que contribuyan a actualizar esta figura, proteger los derechos de las personas involucradas y fortalecer la seguridad jurídica. 

 Conscientes de la importancia de contar con una visión comparada para comprender esta problemática, desde esta institución llevamos a cabo un análisis de la legislación vigente en materia de procedimiento de embargo retentivo, con asesoría legal de expertos nacionales e internacionales, lo que nos permitió identificar buenas prácticas asumidas por otros sistemas jurídicos, facilitando la elaboración de propuestas adaptadas a nuestra realidad y necesidad. 

Un proyecto busca crear la Superintendencia de Condominios en RD

El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por el Distrito Nacional, Tobías Crespo, sometió un proyecto de ley para la creación de la Superintendencia de Condominios en la República Dominicana, con el objetivo de regular, supervisar y garantizar la convivencia de las familias, evitando los conflictos e inconvenientes que en algunas ocasiones han producido hechos lamentables entre los miembros de los condóminos. 

 “Con el sometimiento de este importante proyecto de ley queremos dotar al país de un verdadero y completo marco legal que contribuya a la paz social y mental de los residentes en estos espacios, que, por falta de regulaciones y leyes, algunos conflictos han terminado en tragedias entre vecinos”, indicó. 

 El congresista quien, además, reafirmó su compromiso con comunidades más organizadas, seguras y solidarias, puntualizó que la pieza contribuirá a la correcta administración, acompañar la gestión de los condominios en todas sus modalidades, la transparencia y el respeto al marco legal vigente. 

 “Entre los principales problemas que enfrenta este sector, se encuentran los vacíos legales en condominios edificados por el Estado, donde miles de familias habitan sin títulos definitivos, debido a la falta de deslindes, pagos de terrenos declarados de utilidad pública y registros en el sistema inmobiliario”, indica la pieza autoría de Víctor Feliz Solano, quien hizo entrega al diputado para su sometimiento. 

Los negocios de chinos y criollos cerrados deben presentar estudios al Mived

Los propietarios de los establecimientos comerciales clausurados el mes pasado por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), principalmente de capital chino, que quieran volver a operar, deberán presentar los estudios estructurales y obtener las certificaciones correspondientes. 

 La aclaración del Mived se produjo ayer luego de que Salvador Catrain, representante legal de una parte de los comercios chinos afectados por el cierre, indicara que la institución permitiría la apertura de los negocios, "independientemente de que el estudio arroje la necesidad de corregir algunas cosas". 

 El ministerio afirmó que la medida podrá levantarse solo si los propietarios cumplen con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la ley y fue acordado un proceso de verificación técnica y regularización administrativa. "La medida de clausura preventiva se mantiene, en resguardo del derecho a la vida, la seguridad estructural y la seguridad ciudadana", puntualizó la institución. 

 El Mived comunicó en septiembre la clausura de Plaza Hope, Ming Sheng, La Rocca, Dulce Hogar, STD Mall y Yo Me, entre otras, por supuestas fallas estructurales graves. 

El titular del Mived, Carlos Bonilla, declaró que para evadir la supervisión de las autoridades las obras se construían en horas nocturnas y fines de semana. Entre las irregularidades encontradas en los comercios figuran zapatas mal hechas, columnas deficientes y materiales inadecuados, lo cual representa un riesgo de colapso incluso sin la ocurrencia de fenómenos naturales. 

APROCOVICI denuncia violaciones constitucionales en operativos de Migración en propiedades privadas

Santiago de los Caballeros.- La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) expresó su profunda preocupación ante las recientes incursiones de agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en proyectos y propiedades privadas de distintos puntos del país, realizadas en horas de la madrugada y sin la debida orden judicial. 

La entidad considera que estas acciones constituyen una violación a derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, el derecho de propiedad y el debido proceso, protegidos por la Constitución de la República Dominicana.

 El presidente de , Ing. Sandy Rodríguez, afirmó que “estos operativos, ejecutados sin control judicial ni justificación legal, vulneran principios esenciales de la convivencia democrática. No puede el Estado, bajo ningún concepto, irrumpir en propiedades privadas sin orden de autoridad competente, ni decomisar bienes de trabajadores o empresas sin amparo legal. 

La Constitución no admite excepciones en materia de derechos fundamentales”. La entidad manifestó su respaldo a los esfuerzos del Estado dominicano por regularizar la situación de los trabajadores extranjeros, destacando que el orden y la legalidad son pilares necesarios para el desarrollo del país. No obstante, subrayó que dichos procesos deben ejecutarse dentro del marco legal establecido, sin atropellos ni actuaciones arbitrarias que vulneren las garantías y la seguridad jurídica del sector construcción. 

Defensa de Rafael Calderón dice imputaciones en caso Calamar contra el exsenador carecen de sustento jurídico

Santo Domingo. – Tras más de un año de audiencias preliminares, el abogado Wilson Berigüete presentó las conclusiones finales en defensa del exsenador Rafael Calderón, quien enfrenta acusaciones de lavado de activos y estafa contra el Estado en el caso Calamar, formuladas por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA). 

 El exsenador de Azua está acusado por el Ministerio Público de ser parte de un “holding criminal” dedicado a la expropiación de terrenos y la distracción de fondos públicos durante el gobierno del expresidente Danilo Medina para financiar la campaña política del 2020. 

 Como principales imputados están exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. 

 Durante su intervención, Berigüete sostuvo que las imputaciones carecen de sustento jurídico y señaló que no existen pruebas concretas que vinculen a Calderón con los delitos que se le imputan. 

El abogado también argumentó que la acusación parece responder a motivaciones de carácter político, más que a fundamentos legales o pruebas sólidas. El defensor explicó que, a lo largo del proceso, se ha evidenciado la falta de elementos objetivos que sustenten la acusación y subrayó que su representado ha actuado siempre dentro del marco de la legalidad. “No hay evidencias que respalden estas imputaciones; se trata de una acción que busca perjudicar políticamente a mi cliente”, afirmó Beriguete. 

MIVED clausura de forma preventiva la discoteca Euphoria por operar sin permisos ni certificaciones técnicas

Santo Domingo Este.– El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) dispuso este viernes el cierre provisional de la discoteca Euphoria, luego de confirmar que el establecimiento funcionaba sin licencias de construcción ni certificaciones técnicas finales, violando la Ley 161-21 y los reglamentos de edificaciones vigentes. 

 De acuerdo con el expediente administrativo, el MIVED había ordenado la suspensión de los trabajos de remodelación desde el 17 de junio de 2025, tras comprobar que las obras se realizaban sin permisos ni supervisión técnica. Sin embargo, la institución detectó que, pese a la orden, el local retomó sus operaciones y actividades comerciales, incluyendo la promoción de eventos multitudinarios. 

 La medida fue adoptada mediante el acto administrativo MIVED-VNRT-AC-013/2025, emitido por el Viceministerio de Normas, Reglamentaciones y Tramitaciones, que dispone la clausura preventiva del establecimiento hasta que se regularice su estatus legal y técnico. 

 El viceministro Francisco Solimán explicó que la institución tiene el deber de proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos, garantizando que toda edificación cumpla con las normas estructurales y de seguridad establecidas. 

 La entidad aclaró que la clausura preventiva no constituye una sanción definitiva, sino una medida de protección pública que se mantendrá hasta comprobar que las instalaciones cumplen con los estándares técnicos requeridos. 

 El MIVED reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la seguridad ciudadana, resaltando que la supervisión técnica y el cumplimiento normativo son pilares esenciales de la política pública en materia de edificaciones del Estado dominicano.

Fuente: https://elnacional.com.do/mived-clausura-de-forma/