EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio contra el empresario Emmanuel Rivera Ledesma y otros imputados, acusados de integrar una red que presuntamente estafó a cientos de personas con más de 700 millones de pesos mediante ofertas fraudulentas de proyectos inmobiliarios.
La decisión fue tomada por el tribunal durante la audiencia preliminar del caso, tras acoger la acusación presentada por el Ministerio Público, por considerar que existen elementos suficientes para que los imputados respondan en un juicio de fondo.
Además de Rivera Ledesma, quien guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, también fueron enviados a juicio:
Escarlet Mercedes Cruz Figueroa
Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo
Mirna Catalina Rivera Ledesma
Reilin Arismendy Rosario García
Juan Omar Rosario López (también en prisión preventiva)
La entidad comercial Inmobiliaria Diseños Arquitectónicos INDIARQ, S.R.L. La empresa CRD Equipos Pesados, S.R.L.
Los implicados enfrentan cargos por violaciones al Código Penal Dominicano, incluyendo estafa y asociación de malhechores, así como infracciones a la Ley 155-17 sobre lavado de activos y al Código Tributario.
Auto de No Ha Lugar.
En la misma resolución, el juez dictó auto de No Ha Lugar a favor de los imputados María Gabriela Rivera Pichardo, Franklin Benjamín Martínez Jonkson, Moisés Benjamín Castro Balbi y Erick Joan Dorrejo Medina, argumentando que los elementos presentados en su contra eran insuficientes para justificar una probable condena.
A consecuencia de esta decisión, también se ordenó el levantamiento inmediato de las medidas de coerción que pesaban sobre Rivera Pichardo, entre ellas garantía económica, impedimento de salida del país, presentación periódica y uso de brazalete electrónico.
Las medidas de coerción a otros imputados fueron ratificadas o ajustadas conforme al avance del proceso.
El juicio de fondo se celebrará próximamente, donde el Ministerio Público buscará demostrar las maniobras fraudulentas utilizadas para captar inversiones en proyectos inmobiliarios inexistentes, causando un grave perjuicio económico a decenas de víctimas.
Los imputados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano.
La investigación arrojó que la red criminal utilizaba las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL como instrumentos para ejecutar los fraudes, ofertando propiedades inexistentes en supuestos proyectos inmobiliarios.
Además, que estas empresas no cumplieron con sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo que constituye defraudación tributaria.
La red fue desmantelada tras 25 allanamientos llevados a cabo en las provincias de San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se incautaron múltiples propiedades y bienes pertenecientes a los acusados, quienes, según el expediente, llevaban un estilo de vida lujoso financiado con los fondos obtenidos de las víctimas.
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