Gobierno refuerza control ambiental en obras públicas: exigirán origen legal de materiales de construcción


Santo Domingo, R.D. – Con el objetivo de garantizar un uso más responsable de los recursos naturales en las obras del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular conjunta que obliga a las instituciones públicas a verificar el origen legal de los agregados utilizados en la construcción. 

 Esta nueva disposición se enmarca dentro de la Política de Compras Públicas Verdes del Estado Dominicano y responde al cumplimiento del Decreto Núm. 617-22, que declara de interés nacional la promoción de compras públicas sostenibles e inclusivas. 

Exigencias más estrictas para proveedores de agregados 

El documento, firmado por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, instruye a todas las instituciones del Estado a incluir en los pliegos de condiciones de los procesos de contratación de obras, la obligatoriedad de presentar la autorización ambiental por parte de las empresas proveedoras de agregados.

 En caso de que la empresa aún se encuentre en proceso de obtención del permiso ambiental, deberá presentar una certificación que indique el estatus de su solicitud y una copia de su última autorización provisional, conforme a la Resolución Núm. 0009/2021, que establece el procedimiento para la minería no metálica. 

 Según las leyes 64-00, 123-71 y 146-71, esta autorización es obligatoria para cualquier actividad de extracción de materiales de la corteza terrestre, tales como arena, grava, gravilla y piedra, utilizados comúnmente en la industria de la construcción. 

 Transparencia y sostenibilidad como principios rectores

 El ministro Henríquez destacó que la circular reafirma el compromiso de su gestión con la transparencia, el cumplimiento y la integridad, valores que —según dijo— responden a las demandas de una sociedad cada vez más exigente con la protección ambiental. 

Por su parte, Carlos Pimentel afirmó que “cada compra pública con criterios ambientales es una inversión en el futuro del país”, al tiempo que reiteró que esta directriz contribuye a fortalecer la trazabilidad, legalidad y sostenibilidad en las contrataciones estatales. 

 Adicionalmente, la circular establece que las instituciones públicas deberán incluir especificaciones técnicas sostenibles en sus licitaciones, tomando como referencia las fichas dispuestas en el anexo 3 de la Política de Compras Públicas Verdes. Esta iniciativa marca un avance importante en la lucha contra la minería ilegal, al tiempo que fortalece la protección de los recursos hídricos y los ecosistemas de la República Dominicana, promoviendo un enfoque más ético y responsable en la ejecución de obras públicas.

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