Nuevo Reglamento de Inversión permitirá construir modernas naves industriales a zonas francas en el país

SANTO DOMINGO.-El Consejo Directivo del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), aprobó un nuevo Reglamento de Reconocimiento de Inversión, que permite a las empresas privadas realizar inversiones significativas en la construcción de modernas naves industriales dentro de las zonas francas operadas por esta entidad. 

 En la reciente sesión ordinaria se dispuso el instrumento innovador, que marca un hito en la política industrial del país, al asegurar que las infraestructuras queden como activos del Estado, fortaleciendo así el patrimonio público y sin comprometer su enajenación. 

 El Reglamento de Reconocimiento de Inversión surge como una solución estratégica al histórico déficit de naves industriales en las zonas francas dominicanas, un problema que ha limitado la capacidad del país para atraer nuevas inversiones y fortalecer su capacidad exportadora, debido a que el anterior reglamento de reconocimiento de inversión, solo reconocía hasta un 50% para el remozamiento de naves industriales, sin embargo, con la aprobación del nuevo reglamento ejecutado por la presente gestión, aumentará hasta un 100%. 

Aumentan las denuncias por violaciones a las normas de construcción

A pesar de contarse con un marco normativo robusto para regular el sector de la construcción en la República Dominicana, los incumplimientos persisten. Solo desde finales del 2022 hasta el 27 de noviembre del 2024, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) sometió 93 proyectos a las jurisdicciones competentes, para los que solicitó la imposición de sanciones por violaciones detectadas. 

 Problemáticas relacionadas con la protección medioambiental, la regulación del ruido y la seguridad en el trabajo siguen siendo puntos críticos, según se constató en un recorrido reciente de Diario Libre por proyectos en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste. De hecho, las denuncias se incrementaron en este 2024, en el que el Mivhed recibió 217, contrario a las 66 del 2023, según datos compartidos a Diario Libre por la institución. 

 La semana pasada la construcción de una tienda china colapsó al oeste de Santiago. La misma había sido detenida por disposición del Mivhed, por incumplimiento de los reglamentos.

 Desde finales de 2022 hasta el pasado 27 de noviembre, dicho ministerio gestionó 348 expedientes relacionados con construcciones irregulares. De estos, 127 obras fueron regularizadas con acuerdos amigables y 128 están en proceso de regularización. 

Someten recurso contra Contrataciones Públicas y Contraloría por el polémico tema de los alquileres

La Fundación Primero Justicia, representada por el abogado Miguel Surún Hernández, sometió recurso contencioso administrativo contra la autorización, hecha por Compras y Contrataciones y la Contraloría General, de la circular del 3 de febrero del 2022, que instaura la “Gestión Integral y Oportuna de los Procedimientos de Contratación de Alquileres y Arrendamientos de Bienes Inmuebles en el Sistema de Contrataciones Públicas y Registro de Contratos”. 

 Surún Hernández sostienen que, en virtud de esa circular, entidades del Estado dominicano han suscrito contratos controversiales por miles de millones de pesos, como supuestamente es el caso de la Dirección General de Pasaportes y de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). 

 En ese sentido, argumenta que el director de la OGTIC, Bartolomé Pujals, ha suscrito contratos por más de RD$2,400,000,000, “en franca violación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado, que de conformidad con el articulo 138 de la Constitución deben normar las contrataciones públicas”. 

 “Es inaudito que el Estado dominicano haya perdido en alquiler sobrevaluado de un edificio para la Dirección General de Pasaportes, las suma de RD$1,200,000,000, con la sola excusa de que su director “necesite un edificio con ascensor”, alquileres con precios ficticios, que duplican el precio del inmueble arrendado”, dijo. 

 “Hemos solicitado, además, al Tribunal Superior Administrativo la anulación y suspensión de los contratos de alquiler suscritos por Dirección General de Pasaportes y el de la OGTIC, mediante los cuales garantizaban la sustracción de miles de millones de pesos en perjuicio del Estado”, continuó.

Fuente: https://n.com.do/2024/11/28/someten-recurso-contra-contrataciones-publicas-y-contraloria-por-alquiler-de-locales/

Vence audiencia de reglamento de la SIE que norma instalación de paneles solares y su interconexión a la red

Sobre esta propuesta de reglamento creado por la Superintendencia de Electricidad (SIE), el superintendente, Andrés Astacio explicó que el objetivo principal es regular la operación de proyectos que deseen inyectar o no energía en las redes eléctricas en miras que sea más eficiente, sostenible y estable el sistema.

 Indicó que el mismo no es una limitación para la instalación de paneles solares, pero si establece un costo por el uso de las redes eléctricas que administran las Edes. Dijo que también estos usuarios pueden generar su energía sin usar la red eléctrica y estar totalmente aislados y ser independiente. Explicó que se ha definido una tarifa por el costo de explotación de estas redes similar al que las Edes pagan a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) por usar sus redes de transmisión.

 “Usualmente en las tarifa eléctrica está contemplado que el costo de uso de red es entre 18 a 25 % del valor final que paga el usuario”, dijo al realizar un encuentro con periodistas y editores de economía. Expreso que hoy en día el dueño de un panel solar que usa las redes de distribución de las Edes no pagan nada. 

Critican Política de Datos del Poder Judicial por limitar la transparencia

La Política de Protección de Datos presentada por el Poder Judicial el 14 de noviembre fue rechazada por el abogado Julio Cury y la organización Participación Ciudadana, quienes consideran que vulnera principios constitucionales y atenta contra la transparencia en el sistema judicial dominicano, mientras que, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, defiende la disposición.

 Cury calificó la política como un "exceso de poder" y afirmó que excede las competencias de la SCJ. Según el jurista, la normativa es inconstitucional al regular derechos fundamentales sin seguir los procedimientos establecidos en la carta magna. "Los derechos fundamentales solo pueden regularse de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución y mediante leyes orgánicas, es decir, leyes aprobadas con una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes de ambas Cámaras (Congreso Nacional). 

Son extensiones de la Constitución, son ramas, por eso se requiere esa mayoría cualificada", explicó Cury a Diario Libre. Agregó que esta política busca restringir el derecho a la información en los procesos judiciales, al prohibir la divulgación de los nombres de las partes involucradas en ciertos casos. 

Construcción de plaza comercial que se derrumbó en Santiago había sido paralizada por autoridades

La construcción de la plaza comercial que fue afectada por un derrumbe en el sector La Esperilla, en Santiago, había sido paralizada por las autoridades debido a irregularidades en su construcción. Tras el desplome del comercio, el cual es propiedad de residentes de nacionalidad china, dos personas resultaron heridas. 

 De acuerdo a informaciones, la apertura de la plaza estaba pautada para este viernes, sin embargo, esta había sido cuestionada debido a que los propietarios habían continuado con la construcción a pesar de la paralización ordenada por el Ministerio de la Vivienda (Mived), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y el Ayuntamiento de Santiago. 

 El director de la Defensa Civil de Santiago, Francisco Arias, indicó que los dueños del centro comercial llegaron al lugar tras el incidente, pero se retiraron rápidamente al percatarse de la presencia de las autoridades. 

Se ha sugerido que estos propietarios podrían enfrentar investigaciones por desobedecer las órdenes de paralización y por violar las normativas de construcción vigentes. 

 Según informes, los esfuerzos de búsqueda fueron suspendidos alrededor de las 7:00 de la noche, tras confirmar que no había más víctimas bajo los restos de la estructura. Las autoridades continúan evaluando la situación y han enfatizado la necesidad de cumplir con las regulaciones de construcción para garantizar la seguridad de la comunidad.

Fuentehttps://listindiario.com/la-republica/provincias/20241129/construccion-plaza-comercial-derrumbo-habia-sido-paralizada-autoridades_835737.html:

Piden al presidente Abinader contratar abogados privados para cancelar títulos fraudulentos en Samaná

La asociación de campesinos de El Catey, Samaná, piden al presidente de la república, Luis Abinader, la contratación de abogados para que el Estado Dominicano, recupere millones de metros, otorgados supuestamente a una pareja de esposos, los cuales, obtuvieron los títulos, según los denunciantes, de forma fraudulenta, en perjuicio del patrimonio nacional. 

 Se trata de George Lopez y Julia Lissandra Muñoz Santana, esta última, empleada del Tribunal Constitucional, la cual, según las denuncias, fueron beneficiados por jueces y registradores de títulos de Samaná, con más de doce mil (12,000) tareas de tierras, propiedad del IAD. 

 Contra la pareja, pesa una acusación formalizada por Bienes Nacionales, la cual según los 113 miembros de la asociación, fue entregada por jueces y registradores de títulos, que terminaron siendo cancelados por el Poder Judicial. 

 El pedimento al presidente Luis Abinader, se realizó durante una concentración más tarde difundida por el periodista José Gutierrez en su programa de televisión. Los 113 miembros, a demás, solicitan investigar otros hechos de la pareja, en otras localidades del país, en donde se han apropiado de igual forma de terrenos públicos y privados con supuestas complicidad de jueces, que han favorecido a los denunciados, sin que el Estado haya recuperado los terrenos que les han sido otorgados.

Fuente:https://z101digital.com/piden-al-presidente-abinader-contratar-abogados-privados-para-cancelar-titulos-fraudulentos-en-samana/

Someten anteproyecto de ley para limitar alquileres y restringir trabajos a haitianos

Con el fin de evitar que la crisis social que se vive en Haití se traspase al territorio dominicano, dos diputados presentaron el lunes un anteproyecto de ley en el que recomiendan medidas como limitar el alquiler de casas a haitianos, restringirles empleos o condicionarles la compra de terrenos e inmuebles en el país.

 El anteproyecto fue presentado por el exministro Pelegrín Castillo y será asumido por los diputados Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), y Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

 El artículo cuatro de la propuesta plantea obligar a los propietarios de vivienda a requerir los documentos de identidad y su estatus migratorio a los extranjeros antes de alquilar sus casas. Si los documentos son válidos, los propietarios deberán registrarlo en el contrato de renta y reportarlo a la Dirección General de Migración. 

Reclaman a la Superintendencia de Electricidad acoger demandas presentadas en vistas públicas

Un conjunto de organizaciones sociales y relacionadas con la generación distribuida reclamó a la Superintendencia de Electricidad (SIE) que acoja la posición mayoritaria expresada en la vista pública celebrada el 15 de noviembre. En dicha vista, se discutió la propuesta de reglamento sobre la aprobación, interconexión y operación de sistemas de generación distribuida. 

 En un comunicado que compartieron con la prensa, este lunes 25, representantes de la Asociación de Dueños de Paneles Solares (Adupas), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energías Renovables (Aseefeer), RD 100% Renovable, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco), la Coordinadora Popular y la Coalición Enriquillo entregaron un documento en la SIE. 

El escrito contiene el reclamo y los aspectos que consideran fueron planteados de manera mayoritaria durante la vista pública. Las organizaciones sostienen que la SIE está obligada, por la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, la Ley General de Electricidad No. 125-01 y la Resolución SIE-81-2005, a respetar y acoger la posición predominante de la vista pública. Expresan la esperanza de que la SIE incorpore los nueve aspectos principales señalados por la mayoría de los participantes en la reformulación del reglamento.