Rechazan extinción de acción penal contra Alexis y Magaly Medina en Caso Antipulpo


El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado por las magistradas Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, rechazó este lunes la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa de Alexis y Magaly Medina en el caso Antipulpo. 

 Las juezas fundamentaron su decisión en la cantidad de inmuebles insolventes, excusas y licencias presentadas a lo largo del proceso, así como en la magnitud del caso.

 En este proceso están involucradas 40 personas, de las cuales 19 son entidades jurídicas y 21 son personas físicas, todas con representación técnica. "Es partiendo de estos elementos reales que queda objetivamente materializado que estamos frente a un caso de complejidad real, no solamente por las partes involucradas, sino por la cantidad de pruebas que este tribunal ha tenido que administrar, donde estamos hablando de aproximadamente 4,000 elementos probatorios", explicó el tribunal. 

Director Instituto Duartiano advierte extranjeros adquieren propiedades en Ciudad Colonial

En los actos conmemorativos del 181 aniversario del regreso triunfal al país de Juan Pablo Duarte tras la Independencia Nacional, el presidente del Instituto Duartiano advirtió que la ausencia de normativas claras está permitiendo la adquisición de propiedades en la Ciudad Colonial por parte de extranjeros. 

 Wilson Gómez Ramírez consideró que esta situación pone en riesgo la identidad y el patrimonio histórico de la nación e hizo un llamado a los legisladores para que implementen medidas que resguarden estos espacios de valor cultural y simbólico.

 Gómez Ramírez alzó su voz en defensa del patrimonio dominicano y, a su vez, expresó la preocupación de esa entidad por la falta de legislación para preservar la Ciudad Colonial, que ya casas individuales, apartamentos y locales comerciales constituyen este complejo arquitectónico que es parte de la historia republicana y, en algunos casos, también de la historia colonial.

Someten a consulta pública reglamento para sitios de disposición final de residuos

El Ministerio de Medio Ambiente ha convocado al público interesado a participar en el proceso de consulta pública del proyecto de Reglamento Técnico para Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos en la República Dominicana, el cual, entre otras cosas, establece los requisitos para la instalación y operación de rellenos sanitarios. 

 El documento, publicado a principios de marzo, detalla que el reglamento tiene como objetivo "proveer los estándares técnicos, criterios y condiciones bajo los cuales se desarrollarán la planificación, el diseño, la operación, la rehabilitación y el cierre de los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos". 

 El reglamento también aborda "el cierre y la rehabilitación de los vertederos a cielo abierto de la República Dominicana, en cumplimiento de lo establecido en la Ley núm. 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos".

Propietarios de terrenos en Jarabacoa demandan a ministro y director provincial de Medio Ambiente

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- Un grupo de propietarios de terrenos en la parcela 338 del Distrito Catastral 3 de Jarabacoa impuso una demanda contra el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Paino Henríquez y el director provincial en La Vega, Claudio Antonio Ruiz Florentino, a quienes acusa de violación a la propiedad privada. 

Los demandantes, Teresa Moya Viuda Basilis, Ramón Peralta, Andrés de la Rosa Paulino y Leonardo Núñez Tiburcio, alegaron que Ruiz Florentino ingresó a sus propiedades sin una orden judicial, rompiendo candados y confiscando materiales, equipos y vehículos. 

Según su denuncia, esas acciones habrían sido ejecutadas bajo instrucciones del ministro Henríquez. Asimismo, argumentaron que desde su llegada a La Vega, Ruiz Florentino supuestamente ha mantenido una actitud prepotente y altanera, menospreciando a sectores empresariales y actuando como si estuviera por encima de la ley. Hasta el momento, los demandados no han ofrecido declaraciones públicas sobre el hecho.

La extinción penal en el caso Antipulpo y sus consecuencias


El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que integran las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Giselle Soto, decidió dar a conocer el próximo lunes 17 de marzo su decisión sobre la solicitud de extinción penal, por razones de tiempo, del proceso que se sigue a varios familiares del ex presidente de la República Danilo Medina Sánchez, incluyendo a sus hermanos Alexis y Magalys.

 Hay una gran expectativa sobre lo que va a ocurrir con la decisión del tribunal. 

 Las estrategias que han seguido los casos de corrupción investigados por la Procuraduría General de la República al concluir la gestión de Danilo Medina, ha sido la de extender tanto como sea posible, el juzgamiento de esos procesos, para alegar que no se ha cumplido con el tiempo establecido por el artículo 148 del Código Penal, que fija en cuatro años el período para que un caso sea conocido y concluido. 

Favorece actualizar normativa urbana


El primer vicepresidente de Acoprovi, Guido Rosario, centró su intervención en la necesidad de actualizar la normativa urbana para responder a las demandas actuales del mercado habitacional.

 Lamentó que en zonas como Samaná, Las Terrenas y el Cruce de Verón, las densidades desactualizadas y las restricciones impuestas han limitado el desarrollo integral y adecuado de los proyectos. Señaló que la superposición de funciones entre los ayuntamientos y el Ministerio de Turismo genera trámites excesivamente burocráticos, lo que ralentiza la aprobación de proyectos y afecta la disponibilidad de viviendas para alquiler a largo plazo. 

 Destacó los avances de Medioambiente, en los tiempos de respuesta: “El Ministerio de Medioambiente, en cuanto a tecnología, ha mejorado bastante, realmente los tiempos se han acortado y hemos visto inclusive un cambio en la plataforma que entendemos que va a reflejar una mejora aún mayor a la que estamos reflejando ahora mismo”, afirmó Rosario. Sin embargo, sobre Turismo, opinó que aún hay margen de mejora en los tiempos de respuesta.

Adocco resalta oportunidad para fortalecer transparencia en Ley 225-20 de Residuos Sólidos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En momentos en que se discute la modificación a la Ley Núm. 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), consideró este jueves que este contexto es una oportunidad clave para establecer mecanismos que fortalezcan la transparencia y garanticen una gestión eficiente de los desechos sólidos en la República Dominicana. 

 Consultado al respecto, el presidente de Adocco, Julio César De La Rosa Tiburcio; expuso que el sector de la recogida y disposición final de la basura ha estado, tradicionalmente, marcado por la falta de claridad en los contratos y la opacidad en el uso de los recursos destinados a su manejo. 

 De La Rosa Tiburcio añadió que: “Y por esto, se hace necesario que el Congreso de la República profundice en la aprobación de una normativa que, finalmente, establezca de manera clara cuál debe ser el cargo a aplicar a los que se benefician del negocio». «Sobre todo, a aquellos que producen mayores cantidades de desechos sólidos y que deben pagar no solamente por la disposición final de ellos, sino por el daño que causan al medio ambiente”, expresó De La Rosa. 

Tribunal conocerá este sábado medida de coerción a 3 imputados de falsificar títulos de propiedad del IAD

Villa Altagracia.– El Ministerio Público del Distrito Judicial de Villa Altagracia depositó este jueves la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, contra tres hombres imputados por la expedición de títulos de propiedad falsos del Instituto Agrario Dominicano (IAD). 

 El órgano persecutor investiga por el caso a Eusebio De Jesús Abad, Teodoro Rudecindo Abad y Félix Rosario Martínez, quienes fueron sometidos a la justicia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia, siendo fijada la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción para este sábado 15 de marzo, a partir de las 11:00 de la mañana. 

 Los imputados, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción, fueron arrestados el pasado 11 de marzo, alrededor de las 12:40 de la tarde, en la autopista Duarte, kilómetro 45, municipio Villa Altagracia, de la provincia San Cristóbal, mientras se desplazaban a bordo de una camioneta, dando cruces en el entorno, con una actitud sospechosa. Indica que, ante esa acción, miembros de la Policía Nacional procedieron a registrar dicho vehículo, donde se ocupó un folder que contenía 9 títulos de propiedad en original con las características de los emitidos por el Instituto Agrario Dominicano.

 Igualmente, fueron incautados 15 oficios con sellos del IAD y 15 copias de títulos provisional, así como varios actos de venta de terrenos bajo firma privada y un contrato de venta de posesión de terreno, además de 14 copias de cédulas, entre otros documentos relacionados. 

 A través de un comunicado de prensa, el órgano persecutor destaca que todos los documentos ocupados fueron consultados por el Instituto Agrario Dominicano, estableciéndose que son falsos. 

 Además de la documentación, durante el registro de persona las autoridades ocuparon a los imputados varios teléfonos móviles. La Fiscalía de Villa Altagracia, que dirige la fiscal titular Dalma Díaz, está a cargo del caso, el cual es investigado por el fiscal de esta jurisdicción, Eleuterio Reyes Navarro con la colaboración del IAD. 

 El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 145, 147, 148, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsedad en la escritura auténtica o pública y la asociación de malhechores.

 La solicitud de medida de coerción fue sustentada con diferentes evidencias testimoniales y documentales, suficientes, para el envío a prisión de los imputados, quienes, aseguró, no cuentan con arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.

El dinero que acompaña a las provincias "ecoturísticas"


La República Dominicana vive del turismo, una de las vigas económicas que solo en el año pasado generó ingresos por 10,974.4 millones de dólares. Pero, aunque es una nación turística, cada demarcación quiere serlo por separado a fin de beneficiarse directamente de recursos extras, lo que ha generado un "tapón" de proyectos de leyes en el Congreso Nacional que buscan declarar como ecoturísticas a 10 provincias, una condecoración que ya tienen otras 20.

 Las que esperan sus turnos son María Trinidad Sánchez, Azua, Santo Domingo, Puerto Plata, Samaná, Dajabón, Hermanas Mirabal, Barahona, La Romana y San José de Ocoa. 

 Una de las ventajas de ser una provincia ecoturística es la asignación especial de fondos por parte del Ministerio de Turismo (Mitur), que oscila entre los 10 millones y 100 millones de pesos al año, sin incluir los montos fijados en otros proyectos. Sin embargo, estos recursos no fluyen como se espera por incumplimiento de las normativas de los consejos provinciales.

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