Presentan la primera demanda contra propietarios del Jet Set

SANTO DOMINGO.- Los familiares de Virgilio Rafael Cruz Aponte, una de las víctimas mortales del colapso del techo de la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril, presentaron este lunes una demanda contra los propietarios del establecimiento. 

 La acción legal fue interpuesta por Wendely Manely Ramírez Gómez, esposa del fallecido, junto a sus padres Aide Dolores Aponte Moni y Dionys Rafael Cruz Rosario, en contra de los propietarios del local Antonio Espaillat López, Ana Grecia López y la empresa Inversiones E y L, S.R.L. 

 PIDEN JUSTICIA Y RESPONSABILIDAD

 Felix Portes, abogado El abogado de la familia, Félix Portes, expresó que sus representados exigen justicia y responsabilizan no solo a los dueños de la discoteca, sino también a instituciones estatales que, según alegan, fallaron en sus deberes de supervisión y control. 

Adoptan medidas para proteger usuarios del mercado fiduciario

SANTO DOMINGO, RD.- La Superintendencia de Bancos (SB) dispuso que las sociedades comerciales que ofrecen servicios fiduciarios deben procurar que las partes involucradas en un fideicomiso posean toda la información relevante respecto a esta figura, con el fin de que tomen decisiones a partir del conocimiento apropiado. 

 Así lo plantea la Circular SB: GSB-REG-202500005, dirigida a las fiduciarias que pertenecen a entidades de intermediación financiera (EIF), las que prestan servicios a la banca y a las entidades financieras que ofrecen servicios fiduciarios. 

Estas son personas jurídicas que están bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. 

 “Las fiduciarias deberán disponer y poner en posesión de sus clientes los documentos e informaciones que estos requieren para la realización de una labor efectiva de divulgación y promoción de manera previa, durante y posterior a la consecución del objeto de sus fideicomisos”, de acuerdo con la circular emitida por la SB. 

Juez se reserva el fallo sobre envío a juicio de fondo en caso de estafa inmobiliaria

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para el 25 de abril el dictamen sobre si enviará o no a juicio de fondo a los imputados en el caso de la presunta estafa inmobiliaria desmantelada mediante la Operación Nido. 

El fallo se dará a las 10:00 de la mañana. Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público presentó su acusación formal junto a los elementos probatorios que sustentan el expediente. 

 De acuerdo con el abogado Robinson Reyes, el juez se reservó el fallo debido a la complejidad del caso, lo que amerita un análisis detallado. Mixael Rosa Nicasio, representante legal de varios afectados por la supuesta estafa, explicó que en esta etapa procesal no se discutía el fondo del caso, sino la legalidad de las pruebas presentadas. 

 "Hoy (viernes) no se debatía el fondo del asunto, sino la licitud de las pruebas, para que el juez pueda tomar una decisión sobre si el caso debe avanzar a juicio de fondo", puntualizó. 

Nombres prohibidos y orden de apellidos son tema de debate en reglamento de Ley 4-23

La Junta Central Electoral (JCE) hizo una serie de precisiones a los dictámenes de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil (4-23) en un borrador de reglamento que ha sometido a la consideración de los partidos, instituciones gubernamentales y sociedad civil. 

 En la propuesta se reitera la prohibición de asignar nombres a los recién nacidos, que atenten contra la dignidad y se otorga al oficial del estado civil la facultad de negar la inscripción cuando el nombre muestre contrariedad a la moral y buenas costumbres. 

 Estos nombres también deberán estar claramente identificados como masculinos o femeninos, pues no podrán "crear confusión en cuanto a la identificación del sexo de la persona". 

 Al respecto, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) propuso la creación de un registro administrativo de nombres improcedentes o no admitidos fundamentado en criterios previamente establecidos por la normativa, "con el propósito de prevenir la repetición de denominaciones las cuales hayan resultado lesivas al interés superior del menor". 

Imponen garantía económica a acusado de ser "cerebro legal" de fraude en Operación Gaviota

La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso la libertad de Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota, cuyo fraude asciende a 40 millones de pesos. 

 La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión al rechazar la solicitud de prisión preventiva en contra del imputado, presentada por los fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público. 

 La jueza impuso al imputado el pago de una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica los días 30 de cada mes ante el Ministerio Público que realiza la investigación. 

 A la salida del tribunal, el imputado rehusó hablar con los medios mientras era conducido bajo estricta medida de seguridad a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. 

 Mientras que el abogado Emmanuel Rivera, quien representa a 100 presuntas víctimas, anunció que recurrirá la decisión en apelación por no estar conforme con la misma y que el tribunal fue muy benévolo con el imputado. 

Estiman propietarios del Jet Set podrían enfrentar millonaria demanda por daños civiles

Los propietarios de la discoteca Jet Set podrían enfrentar condenas económicas por responsabilidad civil si llegara a confirmarse que ignoraron alguna recomendación técnica sobre la infraestructura antes de su colapso, estimó este miércoles el abogado Robinzon Reyes.

 Aunque aún no hay información oficial técnica sobre qué provocó el desplome, el letrado adelantó que si hubo alguna negligencia o inobservancia por parte de los propietarios de Jet Set, las sanciones civiles serían mayores, especialmente en caso de que hubiesen existido advertencias profesionales previas sobre el estado de la estructura. 

 El Gobierno dijo esta noche que la tercera etapa de la operación en marcha por esta tragedia alude, precisamente, a la fase de investigación, que dijo "estará a cargo de las autoridades competentes, y cuyo objetivo será esclarecer las causas del colapso en estricto cumplimiento del debido proceso". 

 Reyes explicó a su vez que los artículos 1382 al 1386 del Código Civil Dominicano regulan las demandas por daños y perjuicios. El artículo 1382 establece que todo aquel que cause daño a otro debe indemnizarlo. Los artículos siguientes trazan el procedimiento a seguir para establecer esa responsabilidad, sostuvo. 

Entidades sugieren cambios al reglamento de la Ley de Actos del Estado Civil

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) realizó una audiencia pública para escuchar las observaciones y comentarios de instituciones y ciudadanos respecto al borrador que elaboró para la aplicación de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil, No. 4-23. 

 Unas 11 instituciones y ciudadanos particulares habían depositado previamente sus consideraciones y dos de ellas las externaron públicamente este lunes. 

 La primera adjunta del Defensor del Pueblo, Ana Leticia Martich Mateo, pidió robustecer la regulación de la protección de datos personales biométricos. "Estimamos pertinente llamar la atención sobre la necesidad de robustecer la regulación relativa a la protección de los datos personales y biométricos contenidos en los artículos 39, 40, 41 y 61 del citado reglamento, debido a los riesgos que esas prácticas pueden representar para los derechos fundamentales de la intimidad, hábeas data y el derecho de la autodeterminación", aconsejó. 

 Pidió agregar controles adicionales que garanticen una supervisión independiente del tratamiento de datos personales, especialmente para los casos en que personas puedan verse afectadas por el uso indebido de la información.

Instan a incluir medidas de alquileres a extranjeros ilegales en proyecto de reforma de la ley

Ante las recientes medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para enfrentar la presencia de inmigrantes indocumentados en el país, la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) manifestó su respaldo al control migratorio. 

No obstante, propone que la regulación del alquiler de inmuebles a extranjeros sea evaluada dentro del marco de la reforma a la Ley de Alquileres que cursa en el Congreso Nacional. "El alquiler de una propiedad conlleva una depuración previa. A todos los extranjeros y dominicanos se les exige identificación, como cédula o pasaporte, prueba de ingresos y un fiador", expresó Alberto Bogaert, presidente de la AEI, quien aclaró que esto es una norma del sector inmobiliario formal. 

 La propuesta del mandatario sobre los alquileres forma parte de una serie de 15 medidas anunciadas esta semana para frenar la presencia de inmigrantes ilegales.

 Entre ellas, Abinader adelantó que el Gobierno someterá un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio con "carácter de urgencia", el cual incluiría sanciones más severas para funcionarios y particulares que faciliten la entrada o permanencia de inmigrantes indocumentados. 

Solicitan más de RD$ 23 mil millones en indemnización al Estado por caso Antipulpo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Los abogados representantes del Estado dominicano, Jorge Luis Polanco, Jorge López, Claudia Luna y José Luis Almánzar, solicitaron este miércoles al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, una indemnización de RD$ 23,903,465,542.00 como parte de las acciones legales en contra de los imputados en el caso denominado operación Antipulpo, en Santo Domingo. 

 En este juicio, que involucra a una supuesta red de corrupción que, según las investigaciones, habría sustraído cerca de cinco mil millones de pesos del erario, los defensores solicitaron la referida suma de dinero por alegados daños y perjuicios al Estado. 

 También han solicitado que los imputados sean condenados al pago de las costas del proceso judicial, lo que incluye los gastos generados durante todo el juicio. 

 El principal acusado en este alegado entramado criminal es Alexis Medina, quien, según las autoridades, habría liderado la organización que manipulaba contratos y desviaba fondos públicos de manera ilícita.