Presidente Abinader crea comisión presidencial para desarrollo sostenible y ecoturístico de las Cuevas del Pomier

Santo Domingo.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que el presidente Luis Abinader emitió este viernes el Decreto núm. 403-25, mediante el cual se impulsa una nueva etapa de protección, uso sostenible y desarrollo ecoturístico de la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, ubicada en San Cristóbal. 

 Con miras al fortalecimiento continuo de los esfuerzos de conservación y uso responsable de esta importante reserva, el decreto instruye la coordinación e instalación de infraestructuras para uso público y ecoturismo en sus entornos, procurando siempre resaltar y conservar las características únicas de este patrimonio natural y cultural. 

 A tales fines, el presidente Abinader dispuso la creación de la Comisión Presidencial de las Cuevas del Pomier, que estará integrada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), además de otros miembros que el mandatario designe. 

El Senado aprueba modificaciones al Código Tributario

El Senado declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley que modifica el Código Tributario, modificado por el artículo 5 de la Ley 495-06, sobre Rectificación Tributaria. 

 La iniciativa, remitida por el Poder Ejecutivo, detalla que para poder viabilizar el cumplimiento de la Ley 32-23, de Facturación Electrónica, es necesario modificar el párrafo V del artículo 56 de la norma. La reforma establecerá ciertas condiciones para el tratamiento de los datos de carácter personal de los contribuyentes o de los responsables registrados para acceder, realizar envíos de datos, declaraciones y pagos de tributos, a través de la Oficina Virtual, el servicio de facturación electrónica o cualquier otro medio.

 La iniciativa legislativa señala que esas modificaciones responden a los avances tecnológicos y las exigencias tributarias de hoy, las cuales ofrecen la posibilidad de que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recurra a herramientas digitales que le permitan cumplir sus obligaciones de la manera más eficiente posible, siempre cumpliendo los estándares de protección de los datos personales de los contribuyentes. 

 Los senadores dejaron sobre la mesa, para mayor estudio, el proyecto de ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucio, iniciativa que fue recibida de la Cámara de Diputados.

Proyecto de ley de alquileres perimió en el Senado por diferencia de un voto

Algo inusual ocurrió este viernes en el Senado de la República: el oficialismo, que controla el Pleno, no se puso de acuerdo para aprobar el proyecto de ley de alquileres, provocando que perima, aunque será reintroducido este lunes, en el comienzo de la legislatura extraordinaria. 

 La iniciativa llegó de la Cámara de Diputados y, tras recibir un trato de urgencia en la sesión, el Pleno del Senado la leyó y la aprobó en la primera lectura. Sin embargo, el tranque ocurrió en la segunda lectura. 

 Para motivar la ley, el senador Pedro Catrain (PRM-Samaná) solicitó a sus colegas aprobarla tal y como llegó de los diputados, debido a que se trataba de una normativa pendiente desde hace años y que iba a sustituir una norma anticuada de 1961, cuando Santo Domingo tenía menos de 500 mil habitantes. Acto seguido, su compañero Aneudy Ortiz (PRM-Ocoa) reconoció la importancia de la normativa, pero solicitó enviarla a una comisión, porque se había generado muchas controversias. 

"La prisa no es buena consejera", explicó el legislador. Su postura fue secundada por Edward Espiritusantos (La Romana-FP), un senador que a nivel privado se dedica también a la renta de inmuebles. Antonio Marte (Santiago Rodríguez-Primero la Gente), quien dijo tener "unas chocitas de alquileres" también pidió revisarla, antes de aprobarla.

El Congreso agrega un ministerio a los existentes: convierte en ley el Ministerio de Justicia

El Senado de la República aprobó este miércoles, en una única lectura, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia, con el objetivo de asignarle las atribuciones administrativas del sistema judicial. 

 De esta manera, la pieza fue convertida en ley, quedando solo a la espera de ser promulgada durante los próximos 10 días por el Poder Ejecutivo, que encabeza el presidente Luis Abinader. 

 A pesar de las medidas de austeridad que implementa la actual gestión gubernamental, esta decisión del Poder Legislativo, representado en su mayoría por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), agregaría un ministerio a los existentes. 

 La figura del Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal durante los primeros 120 años de la República, desde la proclamación de la primera Constitución el 6 de noviembre de 1844. 

Sin embargo, el 10 de noviembre de 1964 fue suprimido —en ese momento identificado como Secretaría de Justicia— transfiriendo sus funciones a la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, para los congresistas redactores del documento legislativo, “cada vez más se manifiesta la necesidad institucional” de delimitar las atribuciones de persecución criminal que caracterizan al Ministerio Público, separándolas de asignaciones “meramente funcionales y administrativas”. Por lo que, según los senadores Félix Bautista y Cristóbal Castillo, el Ministerio de Justicia podría asumir la gestión del esquema penitenciario nacional, el auxilio científico forense a los tribunales y órganos de investigación, el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales.

Jueza Beard Marcos: viola Constitución fallo TC sobre aeropuerto en Punta Cana

La sentencia del Tribunal TC/0496/25, que elimina la posibilidad de la construcción de un segundo aeropuerto en Punta Cana, violenta la Constitución de la República en su artículo 50, que consagra el derecho fundamental de la libertad de empresas. 

 La afirmación es de la juez Alba Luisa Beard Marcos, en un voto disidente que emitió en torno a la referida sentencia, que da por cerrada la intención del grupo Abrisa y el Consorcio Internacional Bávaro (AIB). 

 La sentencia TC/0496/25 impide construir un segundo aeropuerto en Punta Cana, según la juez disidente Beard Marcos Dicha sentencia, cuenta además, con el voto disidente del magistrado Alejandro Vargas, quien entiende que para la emisión de la mencionada sentencia, la alta corte hizo un mal uso de la de la Ley de Alianzas Público Privada, número 47-20. Mientras la magistrada Beard Marcos, en su argumento recordó que la carta sustantiva también consagra el principio de competencia libre y leal, en el término sobre el contenido y alcance de este derecho fundamental. 

 Alejandro Vagas “En el caso que nos ocupa, sí entendemos hubo violaciones a este principio, dado que se le ha impedido entrar al mercado aeroportuario al grupo Abrisa, sobre la base de barreras injustificadas, aplicándosele requisitos y restricciones que a ningún otro agente del mercado se le han aplicado ni anterior ni posterior a la solicitud, como ya hemos expuesto en este voto”, precisó la magistrada Beard Marcos. 

Inquilinos frente al Botánico: “Nos quieren sacar a ‘mano pelá’ ”

La respuesta del Gobierno ante el revuelo generado tras ventilarse que el proyecto de ampliación de la avenida República de Colombia tocaría los terrenos del Jardín Botánico Nacional apagó los focos de protestas que surgieron en defensa del parque, pero avivó el malestar de cientos de inquilinos y propietarios que serán desalojados del área impactada. 

 Con pico en manos, obreros trabajaban ayer en la demolición de una vivienda de dos niveles en el barrio Cuba, próximo a la cañada, en el sector Los Ríos, donde recientemente se levantó el condominio “Paseo de Arroyo Hondo” que también tiene los días contados. 

 Algunos propietarios consultados manifestaron inconformidad con los montos propuestos por el Gobierno a modo de indemnización. Aseguran que el dinero que les ofrecen no se corresponde con el valor de los inmuebles, muchos de ellos con vocación comercial. A este malestar se agrega que, según denunciaron, serán los propios propietarios quienes deberán pagar a sus inquilinos para que puedan mudarse, situación que dista de otros proyectos donde el Gobierno central asume el costo.

 “Ellos hablaron conmigo pero no fue a base de acuerdo, porque yo tengo ese colmado (pequeño) arrendado a una persona que en mercancía tiene más de RD$200,000; y me están dando por el negocio RD$130,000”, manifestó Claudio Contreras. Sostiene que aunque no esté conforme con lo tasado, le garantizaron que le entregarán su dinero, no así con los ocupantes. “Se está abogando por los inquilinos porque no les están dando nada”, señaló. 

Testigo explica cómo el general Santos Viola usó prestanombres para ocultar propiedades fruto de la corrupción

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público presentó este martes nuevos elementos que evidencian cómo los acusados en el expediente derivado de la Operación Coral ocultaron bienes millonarios a través de prestanombres, incluyendo inmuebles y vehículos adquiridos con dinero en efectivo que nunca fueron registrados a nombre de sus verdaderos dueños. 

 Durante la jornada de hoy, el órgano acusador estuvo representado por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Melbin Romero, Arolin Lemos y Enmanuel Ramírez, quienes continúan desahogando pruebas con las que demuestran el esquema de corrupción utilizado por militares y policías para sustraer fondos públicos. 

 En la audiencia, celebrada ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fue escuchada la testigo Marioly Pérez Adames, esposa del teniente coronel Kelman Santana Martínez, uno de los acusados en el proceso. La mujer admitió que, sin su consentimiento, fue colocada como supuesta propietaria del apartamento B-4, ubicado en el condominio Torre Elsa en Gascue. La testigo declaró que nunca ha visitado dicho apartamento ni conoce su ubicación, y que, en el año 2022, ella y su esposo realizaron la entrega voluntaria del inmueble al Ministerio Público para fines de decomiso. 

Bengoa somete proyecto que busca se declare de utilidad pública terrenos en Dajabón

El diputado Tony Bengoa depositó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al presidente de la República que declare de utilidad pública los terrenos ocupados por la comunidad de Los Miches, en el municipio cabecera de Dajabón, a fin de que posteriormente se les entreguen los títulos de propiedad a sus habitantes. 

 Bengoa explicó que los residentes de Los Miches, hombres y mujeres trabajadores y padres de familia, tienen más de cuatro décadas viviendo en la comunidad, sin gozar del derecho legal de propiedad, lo cual limita su desarrollo y seguridad jurídica. “Este es un reclamo legítimo del pueblo”, afirmó el legislador, destacando que en la comunidad se han construido importantes obras públicas como una escuela, un destacamento policial, obras hidráulicas, así como iglesias y diversos comercios, lo que evidencia el crecimiento y consolidación del asentamiento. 

 En ese mismo orden, el legislador sometió otra resolución solicitando la implementación de un plan nacional de titulación para el municipio cabecera de Dajabón y otros municipios fronterizos, con el objetivo de que las personas que poseen terrenos o viviendas sin documentación formal puedan acceder a su título definitivo. Esta medida busca facilitar su inclusión en el sistema financiero y garantizar la seguridad jurídica sobre sus bienes. 

 Bengoa enfatizó la importancia de que los dominicanos que viven en la zona fronteriza puedan contar con su título de propiedad: “Aquí comienza y termina la patria, y es justo que estos ciudadanos puedan tener la tranquilidad y el respaldo legal que otorga la titulación”.

Fuente: https://m.n.com.do/2025/07/23/bengoa-somete-proyecto-que-busca-se-declare-de-utilidad-publica-terrenos-en-dajabon/

Presidente Abinader emite decreto que aprueba Reglamento de Aplicación de la Ley sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos

Santo Domingo.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, reveló que en la noche de ayer el presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 396-25, mediante el cual se aprobó el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 368-22 sobre de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. 

 Este reglamento, cuyo borrador fue elaborado por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y sometido oportunamente a vista pública, fue además socializado y discutido en un proceso liderado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

  En este participaron importantes instituciones del Gobierno, como los Ministerios de la Presidencia, Turismo, Vivienda y Edificaciones; representantes de asociaciones vinculadas a temas municipales, así como sectores del ámbito empresarial que serían impactados por esta norma. 

 Entre los aportes significativos que ofrece este reglamento, se destacan la obligatoriedad de los Gobiernos locales de diseñar y aprobar planes de ordenamiento territorial que permitirán una gestión más eficiente del uso de suelo de las demarcaciones municipales. Esto obliga a las oficinas municipales de planeamiento urbano a otorgar la autorización para desarrollar proyectos de infraestructura compatibles con la naturaleza de los tipos de suelo de cada municipio.