Identifican ocupación irregular de terrenos públicos en Verón por un valor de US$12.9 millones

Una comisión que investiga los bienes municipales en Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, informó este jueves que ha identificado hasta el momento 99,828.96 metros cuadrados de terrenos públicos ocupados por particulares y empresas, lo que representa un valor aproximado de 12.9 millones de dólares, es decir, unos 817 millones de pesos, según los precios del mercado en la zona (130 dólares el metro cuadrado). 

 Conforme a una nota de prensa, la investigación es encabezada por Uridy Marte, vocal del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Junta Municipal de Verón-Punta Cana. La edil ha cuestionado la legalidad de estas ocupaciones y exigir claridad sobre el patrimonio del distrito turístico. 

 De acuerdo con los datos ofrecidos, los terrenos identificados se encuentran distribuidos en diferentes sectores de Verón, Bávaro, Friusa y zonas aledañas. 

Los títulos de propiedad emitidos a nombre del Estado dominicano abarcan diferentes períodos (entre 2010, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2023) y corresponden a distintas categorías de uso. La comisión detalla que hasta ahora se han identificado: 58,655.39 metros cuadrados como terrenos de dominio público 36,999.73 metros cuadrados designados como áreas verdes 4,173.84 metros cuadrados en áreas institucionales.

PRD insiste la PGR tiene que investigar presuntas irregularidades en Fideicomiso DO Sostenible

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) insiste en reclamar que se profundicen las investigaciones sobre las irregularidades denunciadas en el Fideicomiso DO Sostenible, tras asegurar que, a pesar de haber presentado formal denuncia el pasado 30 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), las autoridades aún no han ofrecido respuestas concretas. 

 José Juan Zapata, secretario de Asuntos Electorales del PRD, recordó que esa organización política obtuvo información oficial a través de solicitudes amparadas en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, con la cual habrían detectado irregularidades profundas en la gestión del fideicomiso. 

 “Nosotros en una investigación con documentación del propio Gobierno, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, hemos detectado irregularidades profundas en el Fideicomiso DO Sostenible. Le hago el llamado contundente en nombre del Partido Revolucionario Dominicano a Milagros Ortiz Bosch. No es allante y movimiento lo que quiere este pueblo. Este pueblo quiere verdadera transparencia. No es decirlo de la boca para afuera. Son las actuaciones”, declaró Zapata.

Residente en Cabarete demanda investiguen construcción sin permiso en área de playa

Una residente en Cabarete en Puerto Plata, denunció a través del WhatsApp de RCC Noticias 809-762-5555, de una construcción en área de playa, sin contar con el permiso correspondiente. 

 De acuerdo a las informaciones que ofrece, el encargado de Turismo en ese distrito municipal de Sosúa, "está acabando con todo dando permisos". 

 Resaltó que hace la denuncia por amor a Dominicana. Demandó de los Ministerios de Turismo y Obras Públicas y Comunicación y otras instituciones, que dispongan investigar lo que pasa con construcciones en zonas de playa turísticas en Cabarete, provincia Puerto Plata. 

 Especificó que la construcción, de la cual envió imágenes, es el solar número 26 del proyecto Olas de Oro en Cabarete. 

 La denunciante sostuvo que no está correcto lo que está ocurriendo con esa construcción en un lugar turístico. Cabarete Se encuentra en la costa norte de la República Dominicana. Es un distrito municipio de Sosúa que lo califican como la capital de los deportes acuáticos como el surf y el kitesurf. Se encuentra en la costa norte de la República Dominicana. Es un distrito municipio de Sosúa que lo califican como la capital de los deportes acuáticos como el surf y el kitesurf.

Condenan constructora al pago de más RD$19 millones por venta de inmuebles con vicios de construcción


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional condenó a la constructora Subo SRL al pago de RD$19,336,000.00 en favor de varias familias, por concepto de los daños materiales y morales causados con la venta de apartamentos con vicios de construcción. 

 De acuerdo con una nota de prensa, las víctimas Celestina del Villar, Orbinelis Montero, Mayra Romero, Emilio Torres y Florangel Mota Ureña, demandaron a la constructora por daños y perjuicios a través de los abogados Luis Méndez Novas y Víctor Rafael Guillermo. 

 Los jueces del tribunal civil, Víctor Manuel Peña Féliz, Miguelina Ureña Núñez y José Reynaldo Ferreira Jimeno, establecieron en la sentencia, que la vendedora Constructora Subo SRL, por disposición de la ley, debió garantizar a los compradores el disfrute óptimo de los inmuebles, y que al no hacerlo, incurrió en una falta, al haber ofertado una vivienda para ser habitada con irregularidades.

 El tribunal determinó que los demandantes sufrieron un perjuicio por parte de SUBO SRL, debido a las angustias, incomodidades y sentimientos de impotencia de habérsele entregado un inmueble que no satisface los niveles básicos de seguridad. Constaron que los demandantes cumplieron con la obligación puesta a su cargo, que consistía en el pago de la totalidad del precio convenido en los contratos de compra de los apartamentos, ubicados en el sector San Luis, provincia Santo Domingo. 

Barrick le cobrará al Estado dominicano el costo del reasentamiento


Los costos asociados al reasentamiento de los habitantes de las comunidades afectadas con la construcción de la presa de colas, sin la cual Barrick Pueblo Viejo no podría operar más allá de 2030, en realidad son asumidos por el Estado dominicano.

 En este caso, el monto superará los RD$20,000 millones. Así lo informó el ministro de Energía y Minas (MEM), Joel Santos Echavarría, en entrevista con elDinero. “Es lo que establece el acuerdo original firmado entre la minera y el Gobierno dominicano”, dijo el funcionario.

 “La empresa paga todo el proceso de reubicación, pero ese costo luego se va amortizando en una cantidad de años”, agregó tras aclarar que ahora hay un proceso abierto para determinar en cuánto tiempo se irá amortizando esa inversión de los ingresos que deje la operación para el país, es decir, del pago de impuestos.

 “Se está en proceso, precisamente, de definición de la firma de un acuerdo. Pero lo que establece la ley o el acuerdo que el Gobierno firmó con la Barrick originalmente, es que el Gobierno tiene que asumir los gastos de reubicación; los tiene que pagar la empresa, pero se van amortizando en una cantidad de años y que son los temas que están por definirse”, explicó.

Comerciantes chinos alegan clausura injusta por el Mived: "No somos dueños de los locales"

El gerente general de Dulce Hogar, junto a representantes de otras tiendas de capital chino, manifestó hoy su desacuerdo con la medida de clausura de sus negocios implementada por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived). 

Aseguró que muchas de las empresas afectadas operan como inquilinas en estructuras ya construidas, por lo que considera injustificada la acción. "Nosotros solo pintamos, colocamos nombres y letreros; no hemos levantado edificaciones nuevas. Si falta algún documento, corresponde al propietario del inmueble, no al arrendatario. Un día cerrado nos representa pérdidas millonarias por ventas, pagos a empleados y seguridad privada", declaró el gerente, quien prefirió mantener el anonimato. 

 Detalló que el jueves de la semana pasada se realizó un levantamiento en el lugar, y para el lunes siguiente los negocios ya habían sido clausurados por el Mived. Afirmó que no es la primera vez que enfrentan este tipo de intervención. "Desde que estábamos en remodelación han tratado de pararnos", señaló, al tiempo que mencionó que más de cinco entidades públicas han intervenido en el desarrollo de la tienda. 

 Aunque algunos de estos establecimientos llevan años operando, el Mived clausuró 11 negocios de capital chino en Santo Domingo, alegando que funcionaban sin licencia de construcción ni certificados de inspección.

Corte de Apelación revoca condena contra Rosa Antonia Disla en caso Coral y ordena nuevo juicio

Santo Domingo.– La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la sentencia condenatoria dictada contra Rosa Antonia Disla, madre del coronel Rafael Núñez de Aza, acusado en el caso Coral. Y ordenó la celebración de un nuevo juicio. 

 La decisión se produjo tras conocer el recurso de apelación presentado por los abogados Félix Humberto Portes Núñez y Esthefany Paola Fernández. Ellos denunciaron graves vicios en la sentencia de primer grado. 

 A bogados indican que entre los fundamentos que motivaron la revocación destacan: 

Falta de motivación sobre la supuesta transferencia de fondos. El tribunal de origen no explicó de qué manera Núñez de Aza habría entregado dinero a su madre para adquirir inmuebles. 

Inexistencia de un “delito precedente” irrevocablemente juzgado. La Corte resaltó que Núñez de Aza no cuenta con una condena firme en su contra. Y que imposibilita sustentar un supuesto de lavado de activos. 

Error en la fecha de adquisición del inmueble. La defensa probó que la compra se realizó en 1997 mediante contrato de compraventa. Y no entre 2010 y 2021, como alegaba el Ministerio Público, desvirtuando así la acusación.

 Además, la Corte de Apelación reafirmó con esta decisión los principios de debido proceso, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva. Y establecieron que no pueden imponerse responsabilidades penales sin pruebas claras, directas y suficientes. 

 Asimismo, el abogado Félix Portes expresó que el fallo constituye “un triunfo jurídico. Y una señal inequívoca de que los errores judiciales deben corregirse en nombre de la justicia y del respeto a los derechos fundamentales”.

Residentes de La Pared de Haina protestan frente al IAD en reclamo de títulos definitivos

Santo Domingo, RD. – Llenos de indignación y acompañados de gritos, carteles y documentos de titulación, residentes de La Pared de Haina protestaron frente al Instituto Agrario Dominicano (IAD) en reclamo de sus títulos definitivos. 

 Según denuncian los residentes de La Pared, le han entregado unas 5 mil tareas de tierra a una sola persona, quien se ha apersonado en varias oportunidades al sector -que en la actualidad alberga a más de 20 mil familias– junto a la fuerza pública para desalojarlos. 

 Por lo que solicitan que les sean entregados sus títulos definitivos para salvaguardar sus viviendas y no verse en la posición de vulnerabilidad en la que se encuentran.

 “¡Fuera Canaán, fuera invasores!”, gritaban los denunciantes a las afueras del Instituto Agrario Dominicano. Domingo Echavarría, vocero de la comunidad, aseguró que los comunitarios responsabilizan a un general llamado Héctor Rojas Canaán de causar constantes intimidaciones con el fin de que abandonen sus tierras para él apropiárselas con una titulación ilegítima. 

 “Anulación de los títulos fraudulentos que ostenta Canaán y Comparsa”, rezaba uno de los carteles que portaba una de las manifestantes. Además, los moradores pidieron al Instituto Agrario que se haga cargo de la situación que les preocupa y ponga un alto a los invasores con la entrega de la titulación que les corresponde a cada residente, quienes narran que llevan más de un siglo habitando en el lugar. 

Abinader afirma que si el proyecto minero Romero tiene un impacto negativo no será aprobado


El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la empresa minera Gold Quest no cuenta con permiso de explotación en San Juan y que la decisión de su operación en la provincia dependerá de los resultados del estudio de impacto ambiental. 

 La empresa canadiense Gold Quest, gestora del proyecto "Romero", ha apostado por desarrollar operaciones mineras en la provincia San Juan y la región Sur, lo que ha generado inquietud entre representantes comunitarios, agrícolas y académicos de la zona, quienes han expresado su preocupación por posibles daños ambientales. 

 Durante LA Semanal con la Prensa, el mandatario precisó que lo único autorizado hasta ahora es la realización de un estudio ambiental. "Entonces, nadie puede opinar hasta que no veamos el estudio ambiental. Ahí no hay ninguna aprobación de explotación, no se ha autorizado nada, sencillamente que hagan un estudio ambiental para ver realmente el impacto que eso tiene en el subsuelo", reaccionó a una pregunta sobre el tema. 

 Agregó que, de determinarse un impacto negativo, el proyecto no será aprobado. "Si tiene un impacto negativo, no se aprobará, si tiene otro impactó, pues se discutirá", manifestó el jefe de Estado.

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