Un proyecto busca crear la Superintendencia de Condominios en RD

El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por el Distrito Nacional, Tobías Crespo, sometió un proyecto de ley para la creación de la Superintendencia de Condominios en la República Dominicana, con el objetivo de regular, supervisar y garantizar la convivencia de las familias, evitando los conflictos e inconvenientes que en algunas ocasiones han producido hechos lamentables entre los miembros de los condóminos. 

 “Con el sometimiento de este importante proyecto de ley queremos dotar al país de un verdadero y completo marco legal que contribuya a la paz social y mental de los residentes en estos espacios, que, por falta de regulaciones y leyes, algunos conflictos han terminado en tragedias entre vecinos”, indicó. 

 El congresista quien, además, reafirmó su compromiso con comunidades más organizadas, seguras y solidarias, puntualizó que la pieza contribuirá a la correcta administración, acompañar la gestión de los condominios en todas sus modalidades, la transparencia y el respeto al marco legal vigente. 

 “Entre los principales problemas que enfrenta este sector, se encuentran los vacíos legales en condominios edificados por el Estado, donde miles de familias habitan sin títulos definitivos, debido a la falta de deslindes, pagos de terrenos declarados de utilidad pública y registros en el sistema inmobiliario”, indica la pieza autoría de Víctor Feliz Solano, quien hizo entrega al diputado para su sometimiento. 

Los negocios de chinos y criollos cerrados deben presentar estudios al Mived

Los propietarios de los establecimientos comerciales clausurados el mes pasado por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), principalmente de capital chino, que quieran volver a operar, deberán presentar los estudios estructurales y obtener las certificaciones correspondientes. 

 La aclaración del Mived se produjo ayer luego de que Salvador Catrain, representante legal de una parte de los comercios chinos afectados por el cierre, indicara que la institución permitiría la apertura de los negocios, "independientemente de que el estudio arroje la necesidad de corregir algunas cosas". 

 El ministerio afirmó que la medida podrá levantarse solo si los propietarios cumplen con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la ley y fue acordado un proceso de verificación técnica y regularización administrativa. "La medida de clausura preventiva se mantiene, en resguardo del derecho a la vida, la seguridad estructural y la seguridad ciudadana", puntualizó la institución. 

 El Mived comunicó en septiembre la clausura de Plaza Hope, Ming Sheng, La Rocca, Dulce Hogar, STD Mall y Yo Me, entre otras, por supuestas fallas estructurales graves. 

El titular del Mived, Carlos Bonilla, declaró que para evadir la supervisión de las autoridades las obras se construían en horas nocturnas y fines de semana. Entre las irregularidades encontradas en los comercios figuran zapatas mal hechas, columnas deficientes y materiales inadecuados, lo cual representa un riesgo de colapso incluso sin la ocurrencia de fenómenos naturales. 

APROCOVICI denuncia violaciones constitucionales en operativos de Migración en propiedades privadas

Santiago de los Caballeros.- La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) expresó su profunda preocupación ante las recientes incursiones de agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en proyectos y propiedades privadas de distintos puntos del país, realizadas en horas de la madrugada y sin la debida orden judicial. 

La entidad considera que estas acciones constituyen una violación a derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, el derecho de propiedad y el debido proceso, protegidos por la Constitución de la República Dominicana.

 El presidente de , Ing. Sandy Rodríguez, afirmó que “estos operativos, ejecutados sin control judicial ni justificación legal, vulneran principios esenciales de la convivencia democrática. No puede el Estado, bajo ningún concepto, irrumpir en propiedades privadas sin orden de autoridad competente, ni decomisar bienes de trabajadores o empresas sin amparo legal. 

La Constitución no admite excepciones en materia de derechos fundamentales”. La entidad manifestó su respaldo a los esfuerzos del Estado dominicano por regularizar la situación de los trabajadores extranjeros, destacando que el orden y la legalidad son pilares necesarios para el desarrollo del país. No obstante, subrayó que dichos procesos deben ejecutarse dentro del marco legal establecido, sin atropellos ni actuaciones arbitrarias que vulneren las garantías y la seguridad jurídica del sector construcción. 

Defensa de Rafael Calderón dice imputaciones en caso Calamar contra el exsenador carecen de sustento jurídico

Santo Domingo. – Tras más de un año de audiencias preliminares, el abogado Wilson Berigüete presentó las conclusiones finales en defensa del exsenador Rafael Calderón, quien enfrenta acusaciones de lavado de activos y estafa contra el Estado en el caso Calamar, formuladas por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA). 

 El exsenador de Azua está acusado por el Ministerio Público de ser parte de un “holding criminal” dedicado a la expropiación de terrenos y la distracción de fondos públicos durante el gobierno del expresidente Danilo Medina para financiar la campaña política del 2020. 

 Como principales imputados están exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. 

 Durante su intervención, Berigüete sostuvo que las imputaciones carecen de sustento jurídico y señaló que no existen pruebas concretas que vinculen a Calderón con los delitos que se le imputan. 

El abogado también argumentó que la acusación parece responder a motivaciones de carácter político, más que a fundamentos legales o pruebas sólidas. El defensor explicó que, a lo largo del proceso, se ha evidenciado la falta de elementos objetivos que sustenten la acusación y subrayó que su representado ha actuado siempre dentro del marco de la legalidad. “No hay evidencias que respalden estas imputaciones; se trata de una acción que busca perjudicar políticamente a mi cliente”, afirmó Beriguete. 

MIVED clausura de forma preventiva la discoteca Euphoria por operar sin permisos ni certificaciones técnicas

Santo Domingo Este.– El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) dispuso este viernes el cierre provisional de la discoteca Euphoria, luego de confirmar que el establecimiento funcionaba sin licencias de construcción ni certificaciones técnicas finales, violando la Ley 161-21 y los reglamentos de edificaciones vigentes. 

 De acuerdo con el expediente administrativo, el MIVED había ordenado la suspensión de los trabajos de remodelación desde el 17 de junio de 2025, tras comprobar que las obras se realizaban sin permisos ni supervisión técnica. Sin embargo, la institución detectó que, pese a la orden, el local retomó sus operaciones y actividades comerciales, incluyendo la promoción de eventos multitudinarios. 

 La medida fue adoptada mediante el acto administrativo MIVED-VNRT-AC-013/2025, emitido por el Viceministerio de Normas, Reglamentaciones y Tramitaciones, que dispone la clausura preventiva del establecimiento hasta que se regularice su estatus legal y técnico. 

 El viceministro Francisco Solimán explicó que la institución tiene el deber de proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos, garantizando que toda edificación cumpla con las normas estructurales y de seguridad establecidas. 

 La entidad aclaró que la clausura preventiva no constituye una sanción definitiva, sino una medida de protección pública que se mantendrá hasta comprobar que las instalaciones cumplen con los estándares técnicos requeridos. 

 El MIVED reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la seguridad ciudadana, resaltando que la supervisión técnica y el cumplimiento normativo son pilares esenciales de la política pública en materia de edificaciones del Estado dominicano.

Fuente: https://elnacional.com.do/mived-clausura-de-forma/

Constructores del Cibao denuncian operativos sin orden judicial; Migración asegura son legales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) denunció este viernes la realización de inspecciones por parte de agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en proyectos de construcción y propiedades privadas, sin que, según afirman, existan órdenes judiciales que amparen esas intervenciones. 

 La entidad expresó su preocupación por lo que calificó como acciones arbitrarias en distintas zonas del país y en horarios diversos, señalando que estas prácticas podrían afectar el desarrollo normal de las obras y vulnerar derechos de los empresarios y trabajadores del sector. 

 Ante la denuncia, la Dirección General de Migración (DGM) respondió que sus operativos cuentan con respaldo legal, conforme a lo establecido en la Ley 285-04 sobre migración. 

La institución explicó que el artículo 6, numeral 14, le otorga la facultad de “inspeccionar los lugares de trabajo”, mientras que el artículo 107 le permite realizar verificaciones para garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria, sin perjuicio de las acciones que correspondan al Ministerio de Trabajo. 

Suprema Corte de Justicia modifica el Reglamento de Regularización Parcelaria

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), aprobó este jueves, la modificación del Reglamento para la Regularización Parcelaria y el Deslinde con el objetivo de ampliar el alcance de aplicación de la regularización parcelaria. 

 En su sesión núm. 24-2025, el nuevo Reglamento establece la regulación parcelaria como regla general para individualizar una porción de parcela, y reserva el deslinde como excepción para la etapa judicial, únicamente cuando resulte necesario un proceso contradictorio. 

 La propuesta de modificación del Reglamento núm. 790-2022 fue sometida a un proceso de consulta pública, la cual se realizó del 19 de agosto de 2025 hasta el lunes 29 de septiembre de 2025. 

 Entre las ventajas de la modificación reglamentaria figuran: Se fomenta el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada, debidamente individualizada y ubicada, mediante la simplificación de las condiciones y requisitos para la regularización parcelaria; reservación del proceso de deslinde como una figura contradictoria y de excepción, aplicable únicamente en los casos con características litigiosas que ameriten la intervención judicial.

Ratifican prisión preventiva de 18 meses a imputados de Operación Guepardo

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En atención al pedimento del Ministerio Público, una jueza de la Instrucción de La Romana confirmó la prisión preventiva de 18 meses impuesta a tres de los integrantes de la red de estafa electrónica y lavado de activos que fue desmantelada con la Operación Guepardo.

 La medida de coerción le fue ratificada a los procesados Yves Alexandre Giroux, uno de los cabecillas de la red, así como a Marisol Nova Nolasco y a Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes fueron los primeros en ser arrestados y sometidos a la justicia tras la puesta en marcha de la operación contra la red criminal el pasado mes de febrero y en cuyo proceso han presentado querellas unas 478 víctimas. 

 Los fiscales Claudio Cordero y Mayerling Rondón, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, quienes están a cargo del caso, solicitaron que se mantenga la medida restrictiva de libertad para garantizar la presencia de los imputados en el proceso judicial. 

 El pedimento de los fiscales de que se mantenga la medida de privación de libertad impuesta el pasado mes de febrero, fue acogido por la jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana. La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado. 

Acusan a la alcaldesa Carolina Mejía de autorizar construcciones en zona protegida del Cinturón Verde

SANTO DOMINGO.- Fue depositada en la Procuraduría General de la República una querella con constitución en actor civil en contra de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, por presuntamente autorizar el uso de suelo en zonas protegidas del Cinturón Verde de Santo Domingo, lo que —según los denunciantes— representa una grave amenaza al pulmón ambiental de la capital. 

 El querellante, Francisco Romeo Roa Jiménez, acusa a la alcaldesa de haber destruido su vivienda ubicada en una propiedad de 4,000 metros cuadrados en el sector Prados de Arroyo Hondo, área donde la construcción de proyectos multifamiliares está prohibida. Alega que, pese a esta restricción, el Ayuntamiento del Distrito Nacional había otorgado dos certificaciones de uso de suelo para la construcción de más de 300 apartamentos de tres y cuatro niveles. 

 El proceso legal es acompañado por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), cuyo director ejecutivo, Euren Cuevas Medina, calificó de lamentable que la alcaldesa no revocara los permisos pese a haber sido formalmente intimada y advertida sobre los daños ambientales. 

 INSAPROMA sostiene que los Certificados de Uso de Suelo y Retiro de Edificaciones emitidos por el ADN (No. ADN-DPU-2022-0933 y ADN-DPU-2022-1193) para los proyectos Balcones del Cerro y Balcones de la Rivera, que abarcan más de 62,000 metros cuadrados, constituyen delitos ambientales conforme a la legislación vigente y deben acarrear sanciones penales.