Empresario de la construcción califica de «improcedente» fallo emitido en su contra por el Tribunal de Trabajo

SANTO DOMINGO.- El ingeniero Leonel Simo cuestionó ayer el fallo emitido por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, que condenó a Constructora SimoPérez SRL al pago de prestaciones laborales a favor de uno de sus subcontratistas. 

 El empresario calificó como improcedente la resolución dictada el 21 de noviembre del presente año, tras considerar que el tribunal no tomó en cuenta contratos notarizados y documentos que según afirmó demostraban que el trabajador no tenía vínculo laboral directo con su empresa. “Estos contratistas formalizaron a través de escrito notarizado sus contratos”, dijo. 

 Aseguró en una entrevista para El Inmobiliario, que las decisiones fueron emitidas “a favor de trabajadores de contratistas y en contra nuestro solamente, el caso correspondía a un contrato por obra determinada y no a una relación laboral indefinida”. 

 El beneficiario de la sentencia es Elius Dorcilus, quien interpuso el recurso de apelación que dio lugar al proceso y a quien la corte reconoció derechos laborales que, según el empresario, no correspondían por tratarse de un trabajador subcontratado. 

Medio Ambiente y Poder Judicial unen esfuerzos para proteger áreas protegidas

Santo Domingo.– El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo del Poder Judicial firmaron un acuerdo para reforzar la seguridad jurídica y la correcta gestión registral de las áreas protegidas del país. 

La meta es sencilla pero crucial: preservar el patrimonio natural y evitar cualquier ambigüedad sobre los límites de estas zonas.

 Dentro del convenio, Medio Ambiente asumió el compromiso de entregar información actualizada sobre las delimitaciones de parques, reservas y zonas de amortiguamiento, para que el Registro Inmobiliario cuente con datos precisos al momento de gestionar cualquier proceso. 

 El ministro Paíno Henríquez afirmó que este pacto garantiza que cada tramo del territorio protegido quede claramente definido y respaldado legalmente, impulsando transparencia y una defensa más sólida de los recursos naturales del país. 

 La institución también se encargará de tramitar los expedientes de titulación de las áreas protegidas ya identificadas, incluyendo la revisión de inmuebles que fueron registrados antes de la ley sectorial, además de promover prácticas sostenibles dentro del Poder Judicial. 

 Por su parte, el Consejo del Poder Judicial apoyará con asistencia legal y trabajo técnico para actualizar perímetros, definir terrenos estatales dentro de estas zonas y fortalecer la seguridad jurídica en todo el proceso. 

Fuente: google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://bavarodigital.net/medio-ambiente-y-poder-judicial-unen-esfuerzos-para-proteger-areas-protegidas/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU2NjAyMDMxODQ3Nzg0NTU3MTAyHDFhNjc0MmUwNGY1YTUwZWY6Y29tOmVzOkRPOlI&usg=AOvVaw1oP50RIuCqIAy5Gz8ryLZg

Mariotti exige aclarar contradicción Acoprovi–Banco Central sobre RD$81 mil millones

El exsenador y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, pidió a las autoridades monetarias y financieras aclarar públicamente la contradicción entre la denuncia de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) y las cifras divulgadas por el Banco Central sobre el uso de los RD$81,000 millones liberados en junio de 2025. 

 En nota de prensa, Mariotti señaló que las cifras oficiales del Banco Central muestran que el sector construcción recibió RD$11,993 millones de esos recursos, y que además se otorgaron RD$3,678 millones para viviendas de bajo costo y RD$2,632 millones para préstamos hipotecarios en general. Sin embargo, Acoprovi —gremio que agrupa a prácticamente todos los constructores de viviendas del país— afirma que la vivienda no recibió impacto real de esa liquidez. 

 “Aquí hay dos versiones completamente distintas. Acoprovi dice una cosa y el Banco Central dice otra. Entonces, ¿quién le responde a Acoprovi? ¿La Asociación de Bancos? ¿El gobernador del Banco Central? ¿Quién explica esta diferencia?”, cuestionó.

 Consideró perfectamente posible que los montos reportados por el Banco Central no se hayan canalizado hacia vivienda residencial, sino hacia otros segmentos dentro del sector construcción, como remodelaciones, proyectos comerciales, ampliación de hoteles o infraestructura privada. “Si el Banco Central dice que destinó casi 12 mil millones a construcción, pero Acoprovi —que es el gremio bandera de la vivienda— asegura que no recibió nada, entonces la pregunta no es ideológica, es técnica: ¿A dónde fue ese dinero? ¿Qué tipo de construcción lo absorbió?”. 

FP exige auditoría a Medio Ambiente por presuntas irregularidades en permisos ambientales

SANTO DOMINGO.- La Fuerza del Pueblo (FP) acusó hoy al Ministerio de Medio Ambiente de aprobar 6,000 licencias ambientales en un plazo de 11 meses y exigió que estas sean auditadas por la Cámara de Cuentas. 

Señaló que el propio ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, ha ofrecido dicha cifra, pero que, al mismo tiempo, ha mostrado desconocimiento debido a los datos inexactos que ha presentado. “No quisiéramos pensar que ese astronómico número de licencias ambientales esté asociado con los rumores que circulan, indicando que no se está cumpliendo el procedimiento establecido en el reglamento de autorizaciones ambientales y que en el ministerio existe un mercado para la venta de permisos ambientales”, expuso la FP. 

 En rueda de prensa, Paíno Abreu, secretario de Medio Ambiente de la FP, manifestó que esa cartera no tiene claro su propósito de gestión, tras señalar que la cantidad de licencias otorgadas no refleja nada acerca del tipo de desarrollo ni de la sostenibilidad ambiental de los proyectos aprobados.

 Para la organización política, que preside el expresidente Leonel Fernández, otro gran error del Gobierno ha sido priorizar el monto de las recaudaciones por multas administrativas a causa de delitos y violaciones ambientales, por encima de la prevención. “Tal situación podría indicar la ineficacia del proceso de evaluación de los indicadores de calidad ambiental, necesarios para prevenir la contaminación del agua, el aire y los suelos, así como para proteger la salud de los ecosistemas y las especies de flora y fauna en estado de amenaza”, expuso la entidad. 

SCJ desmiente noticia sobre descargo a empresa Vidal Plast por explosión de San Cristóbal

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Poder Judicial (PJ) aclaró este viernes que no es cierto que haya descargado de responsabilidad penal a la empresa Vidal Plast por la explosión registrada en San Cristóbal en el 2023, como han difundido algunos medios de comunicación, incluyendo este diario. 

 A través de una carta dirigida a Persio Maldonado Sánchez, director de El Nuevo Diario, por el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del PJ, Javier Cabreja, precisa que dicha información no se corresponde con la realidad procesal del caso ya que el expediente permanece abierto y actualmente es conocido por el Segundo Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal, el cual celebró audiencia precisamente en el día de hoy, 12 de diciembre. 

 «Como podrá advertir, el proceso se encuentra aún en la etapa preliminar, por lo que no ha sido conocido en juicio de fondo, ni ha transitado por la vía recursiva ante la Corte de Apelación, y mucho menos ante la Suprema Corte de Justicia, que solo conocería del asunto en casación», indica la carta.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/scj-desmiente-noticia-sobre-descargo-a-empresa-vidal-plast-por-explosion-de-san-cristobal/

Dicen dejan sin efecto juicio disciplinario

La abogada Mariel León Lebrón, de la compañía León y Raful, aclaró que los procesos disciplinarios incoados ante el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) por su homólogo Dionisio Ortiz Acosta calificándolo como “litigantes temerarios”, uno fue dejado sin efecto y otro se ventilará el 10 del mes en curso en el Tribunal Superior Administrativo, tras el conflicto que libran por una litis judicial sobre 400 viviendas que no han sido entregadas por la inmobiliaria Don Juan, en La Romana.

 Aseguró que el recurso interpuesto en el CARD, contra Lilia Fernández León y Joel Rosario Alburquerque, representante legal de la señora María Amelia Hazoury contempla una serie de inexactitudes y falsedades. 

 Destacó que el conflicto del proceso judicial es una demanda de divorcio que introdujo Hazoury contra Juan Rafael Llaneza Gil de las entidades comerciales de su propiedad, recurrida por el demandado en apelación y casación como una forma de ganar tiempo para realizar maniobras para ocultar y defraudar a su esposa común en bienes. 

 Indicó que esa situación ha obligado a tomar una serie de medidas conservatorias que dispone la ley para la conservación de patrimonio familiar durante el proceso de divorcio, tanto en el país como en Estados Unidos, donde han sido reconocidos los derechos de su defendida. 

Abogados del Grupo Mar de Plata respaldan desalojo en Las Américas y presentan títulos de propiedad

SANTO DOMINGO.- Los abogados Nicki Rafael Minaya Jáquez y Cosme Damián Clase Brito, representantes legales del Grupo Mar de Plata, valoraron como positivo el reciente desalojo realizado en el Kilómetro 14 de la Avenida Las Américas, donde más de 350 personas fueron retiradas de unos terrenos cuya propiedad, según aseguran, pertenece legítimamente a la empresa. 

 Ambos juristas presentaron títulos y sentencias que, afirman, avalan de manera definitiva la titularidad del inmueble. Los representantes legales indicaron que el conflicto por los terrenos tiene más de tres años en curso y ha estado sustentado en múltiples decisiones judiciales. 

Explicaron  que, durante este periodo, el abogado del Estado autorizó la ejecución del desalojo en más de nueve ocasiones, pero diversos retrasos administrativos y el vencimiento de las órdenes impidieron su materialización. Esto llevó a la compañía a interponer una acción de amparo de cumplimiento, con el objetivo de que la Policía Nacional ejecutara la sentencia vigente. 

 De acuerdo con los juristas, las decisiones judiciales, acuerdos previos con los ocupantes y una resolución del abogado del Estado respaldan la legalidad del proceso. Señalaron que, incluso, hace un año se había alcanzado un entendimiento con quienes ocupaban los terrenos, pero este no fue cumplido, lo que obligó a proceder con el desalojo. 

Sacerdote encabeza marcha en Cerro Alto y Villa Liberación por desalojo

Puerto Plata.- Con un llamado directo al presidente Luis Abinader, el sacerdote católico Juan Luis Díaz Bonilla, párroco de la iglesia San Juan Bautista y líder comunitario en la zona sur de Sosúa en Puerto Plata, encabezó una multitudinaria marcha en los sectores Cerro Alto y Villa Liberación, donde cientos de familias reclaman que se respete su derecho a un espacio digno para vivir. 

 Los residentes, que ocupan terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) desde hace décadas, denuncian que dirigentes y funcionarios del gobierno les prometieron titulación, pero ahora enfrentan presiones y amenazas de desalojo. Debido a esto, el sacerdote Díaz Bonilla comparó la situación actual con los abusos denunciados históricamente por figuras defensoras de los oprimidos.

 “Le pedimos a nuestro presidente que se conduela de Cerro Alto, ya que él, a nivel nacional, ha dado muchos títulos”, indicó uno de los manifestantes. “Necesitamos que nos tomen en cuenta en cuanto a titulación. Hemos visto la cantidad de títulos que usted ha otorgado a varios sectores y nosotros no podemos ser la excepción”. 

 El padre Díaz Bonilla afirmó que la Iglesia acompañará a las comunidades “hasta las últimas consecuencias”. Aseguró que no permitirán atropellos contra familias pobres y trabajadoras.

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Copymecon espera “Mi Vivienda Feliz” tenga impacto real en nueva etapa, tras desempeño inicial “limitado”

Santo Domingo.-Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del sector construcción esperan que el relanzamiento por parte del Gobierno del programa habitacional de bajo costo para los ciudadanos, 

“Mi Vivienda”, pueda convertirse en uno de los motores económicos más importantes para el país en 2026, ya que la primera etapa de este su impacto fue limitado. Así lo sostiene Eliseo Cristopher, presidente de la Confederación Dominicana que agrupa a estas mipymes (Copymecon), quien considera que esta nueva fase tiene el potencial de transformar la vivienda social y el desarrollo territorial si se ejecuta conforme al rediseño realizado y consensuado.

 “La ejecución inicial se alejó del plan estratégico construido en conjunto. La falta de alineación operativa provocó limitaciones evidentes: bajo nivel de proyectos activos, alcance reducido y una dinámica que no logró cumplir las metas planteadas, lo que afectó la percepción del programa y redujo su impacto esperado, especialmente para las mipymes constructoras”, explicó a El Nacional. 

 Cristopher indicó que en Mi Vivienda desde su diseño original se identificó un “enorme potencial” en lo social, económico y político. No obstante, el programa incluso restringió la participación de las mipymes, lo que bajo la movilidad económica. Pero, mantiene las expectativas y confías en las nuevas medidas. “Ahora bien, el relanzamiento abre una ventana distinta. Bajo la conducción del Ministerio de la Vivienda, se está diseñando un programa más inclusivo, con lineamientos orientados a: fomentar la formalidad en el sector, más oportunidades para las mipymes, impulsar la mecanización, entre otros”, detalló. 

 En lo que va de año El presidente de Copymecon recordó que el sector construcción en general no ha vivido su mejor ciclo en este año. Expresó que “la actividad ha estado ralentizada, con menor volumen de obra, atrasos en desembolsos, mayor presión financiera y una contracción significativa en la contratación de personal”. 

 Agrega que la micro, pequeñas y medianas empresas han sido las más afectadas por su limitada capacidad de absorción frente a la volatilidad de costos, financiamiento más caro y menor flujo de proyectos. “Justamente por esta razón, la reactivación del programa Mi Vivienda Feliz ahora bajo el Ministerio de la Vivienda llega en un momento crítico. Su correcta implementación podría cumplir un rol contracíclico: dinamizar la economía, generar empleos, mejorar la formalidad y restablecer la participación de las mipymes en el aparato productivo del sector”, manifestó.

Fuente: https://elnacional.com.do/expectativas-de-las-mipymes-sobre-mi-vivienda/