Mived clausura Plaza Zehao en Samaná por operar sin licencia de construcción

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), a través de su Dirección de Inspección de Obras Privadas (DIOP), ordenó el cierre de la Plaza Zehao, ubicada en la avenida Boulevard Las Terrenas, provincia Samaná, por no contar con licencia de construcción ni inspecciones técnicas. 

 El Mived informó la obra fue notificada y paralizada el 4 de noviembre de este año por incumplir los requisitos legales. Posteriormente, los responsables fueron citados el 6 de noviembre a una vista conciliadora en las oficinas centrales de la DIOP, sin presentarse. 

 La institución indicó que a pesar de la orden de paralización, los propietarios continuaron los trabajos de manera irregular, principalmente en horas nocturnas y fines de semana, hasta concluir casi totalmente la construcción. 

 Durante un operativo de seguimiento a obras ilegales, realizado por la DIOP el pasado 10 de diciembre, los inspectores constataron que la plaza ya había iniciado operaciones comerciales. Ante esta situación, el 12 de diciembre se procedió a notificar vía alguacil al establecimiento y, finalmente, el lunes 15 de diciembre se ejecutó su clausura.

Revelan venta de terrenos del CEA en Puerto Plata a menos de RD$1 por metro cuadrado

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA. – Documentos oficiales del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y del Registro de Títulos de Puerto Plata revelan la transferencia irregular de más de 5.4 millones de metros cuadrados de terrenos estatales, equivalentes a 8,625.95 tareas, en Guainamoca de los García, municipio San Felipe de Puerto Plata, área adyacente al entorno turístico de Punta Bergantín. 

 La operación, sustentada en un contrato de venta del 17 de octubre de 2002, valoró los terrenos en RD$4,312,975.00, es decir, a menos de un peso por metro cuadrado, según una Certificación de Pago emitida por el CEA el 6 de febrero de 2008. 

 El 27 de junio de 2024, Rafael Abraham Burgos Gómez, entonces director honorífico del CEA, solicitó al Registro de Títulos de Puerto Plata la autorización para la transferencia del título de propiedad, basándose en los contratos y certificaciones emitidos por la entidad estatal. 

 Los terrenos corresponden a la Parcela No. 263, del Distrito Catastral No. 03, con una superficie de 5,424,514 metros cuadrados, según el Certificado de Título Matrícula No. 3000358996, expedido por la Jurisdicción Inmobiliaria. 

 La documentación consultada describe el proceso administrativo que facilitó la transferencia de estos terrenos estatales, ubicados en una zona de alto valor estratégico y turístico para el país.

Certificación Bandera Azul ratifica la gestión responsable de las playas de La Romana


El programa internacional Bandera Azul, coordinado por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE) y gestionado en el país por el Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana (IDARD), otorgó nuevamente al destino La Romana la certificación Bandera Azul para el periodo 2025–2026, en reconocimiento a una gestión de playas que prioriza altos estándares en calidad del agua, gestión ambiental, seguridad, educación y acceso inclusivo. 

 Como parte del proceso de certificación, se llevó a cabo el acto oficial de izamiento en el segmento de playa del Hotel Viva Dominicus Beach & Palace by Wyndham, donde se puso en valor la continuidad de un trabajo articulado que trasciende lo turístico y se traduce en beneficios concretos para el entorno y la comunidad. 

 “Esta certificación es el resultado de un esfuerzo colectivo sostenido, donde sector privado, autoridades y comunidades trabajan bajo una misma visión de orden, responsabilidad y cuidado del territorio.

 Bandera Azul no solo eleva la calidad del destino, sino que genera impactos positivos para quienes viven y trabajan en La Romana”, expresó Andrés Fernández, presidente de la Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe. 

Abinader y Collado inauguran Parque Submarino de La Caleta



El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron la primera etapa del reconstruido Parque Nacional Submarino La Caleta, cuya inversión total asciende a RD$420.2 millones (RD$420, 231,945). 

 La obra entregada, comprende un área total de intervención de 119,925 metros cuadrados, dentro de los cuales se realizó un paseo de 2.74 kilómetros, conmemorativos a los países de América y el Caribe, con el remozamiento de los escudos ubicados a la salida del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), conjuntamente con aproximadamente 20 mil metros cuadrados de plazas y senderos. 

 En una nota del Ministerio de Turismo, se explica que la intervención busca impulsar el turismo, rescatar el patrimonio natural, crear senderos, áreas recreativas y de servicios, con el objetivo de convertirlo en un atractivo para turistas que llegan y salen por el AILA. 

 El presidente Abinader afirmó que era tiempo de que se rescatara el Parque Nacional Submarino de La Caleta, un viejo reclamo de los residentes de la zona. El mandatario destacó el gran valor histórico del parque y sus extraordinarias condiciones para los amantes del buceo. 

TSA anula indemnización en Parque Cotubanamá por fraude en títulos de propiedad

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) revocó la sentencia que ordenaba al Estado dominicano pagar un justiprecio a numerosos particulares por terrenos supuestamente expropiados dentro del Parque Nacional Cotubanamá, en San Rafael del Yuma. 

 La decisión fue tomada por el tribunal presidido por el magistrado Antonio Sánchez Mejía e integrada por la jueza Úrsula Carrasco Márquez, y contó con el voto disidente de la magistrada María Guillermina Calderón Abreu. 

 El aspecto más relevante del fallo es que la TSA declaró inaplicable el régimen de plazos de un año previsto en el artículo 40 de la Ley 1494 para la interposición del recurso de revisión. Esta excepción de inconstitucionalidad fue clave para que el recurso de revisión de la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN), cuya finalidad es defender y conservar un área protegida, pudiera prosperar. 

 Bienes Nacionales, respaldada por el Ministerio Público, argumentó que el artículo 16 de la Constitución declara las Áreas Protegidas como bienes patrimoniales de la Nación, inalienables, inembargables e imprescriptibles. La Procuraduría General de la República, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Procuraduría General Administrativa actuaron en el proceso como interviniente forzoso. 

Abinader promulga ley que modifica la gestión de residuos

El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó ayer la Ley 98-25, que modifica la 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. 

 El dato lo ofreció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, quien informó que esta nueva normativa fortalece el marco jurídico para una gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, alineando la legislación dominicana con los estándares internacionales de sostenibilidad y economía circular.

 En una nota, la Consultoría Jurídica explica que entre las principales innovaciones de la normativa se destacan la redefinición del rol de los gobiernos locales y de los gestores privados en la administración de los residuos, así como el fortalecimiento de las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su misión de preservar el equilibrio ambiental. 

 La reforma introduce medidas de protección ambiental más rigurosas, orientadas a reducir de manera significativa la contaminación derivada del manejo de residuos y de los rellenos sanitarios. En particular, establece controles sobre los plásticos de un solo uso y los envases de foam, cuya producción, importación, comercialización y consumo quedarán prohibidos en distintas etapas y fases a partir del año 2026, salvo aquellos que cuenten con aditivos biodegradables certificados, fomentando así alternativas sostenibles. 

 Asimismo, la ley busca prevenir prácticas monopólicas y garantizar un mercado competitivo en la gestión de residuos, generando oportunidades de negocio en los sectores de reciclaje y producción de materiales alternativos. 

 De igual modo, fortalece financieramente al Fideicomiso DO Sostenible, otorgándole mayor capacidad de supervisión bajo reglas claras y transparentes. La Consultoría apunta que esta Ley núm. 98-25 constituye un paso trascendental hacia un modelo de gestión y coprocesamiento de residuos más responsable y respetuoso del medio ambiente. 

RD Vial es reconocido como el fideicomiso mayor emisor de renta fija en 2025


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.— El Fideicomiso RD Vial, administrado por Hostos Rizik, fue reconocido por la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) como el mayor emisor de renta fija en 2025, un logro que consolida su posición como uno de los instrumentos financieros más confiables del mercado de valores dominicano. 

 El fideicomiso, gestionado técnicamente junto a Fiduciaria Reservas, dirigida por Andrés Van der Horst, ha desarrollado un programa de emisiones cercano a los RD$52,000 millones, sustentado en los flujos operativos generados por la recaudación de peajes a nivel nacional. Estos recursos permiten financiar la ampliación, modernización y conservación de la red nacional de autopistas, fortaleciendo la infraestructura vial del país. 

 La primera emisión del programa, correspondiente a RD$18,000 millones, fue precisamente la que recibió el galardón. La colocación logró demandas superiores al monto ofertado, demostrando el alto nivel de confianza de inversionistas institucionales y del mercado en la solidez financiera del fideicomiso. 

Este desempeño confirma la reputación de RD Vial como un vehículo seguro, transparente y eficiente para canalizar inversión hacia infraestructura pública estratégica. Los fondos recaudados permitirán financiar proyectos viales catalogados como prioritarios por su impacto en conectividad regional, movilidad y competitividad económica. 

Empresario de la construcción califica de «improcedente» fallo emitido en su contra por el Tribunal de Trabajo


SANTO DOMINGO.- El ingeniero Leonel Simo cuestionó ayer el fallo emitido por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, que condenó a Constructora SimoPérez SRL al pago de prestaciones laborales a favor de uno de sus subcontratistas. 

 El empresario calificó como improcedente la resolución dictada el 21 de noviembre del presente año, tras considerar que el tribunal no tomó en cuenta contratos notarizados y documentos que según afirmó demostraban que el trabajador no tenía vínculo laboral directo con su empresa. “Estos contratistas formalizaron a través de escrito notarizado sus contratos”, dijo. 

 Aseguró en una entrevista para El Inmobiliario, que las decisiones fueron emitidas “a favor de trabajadores de contratistas y en contra nuestro solamente, el caso correspondía a un contrato por obra determinada y no a una relación laboral indefinida”. 

 El beneficiario de la sentencia es Elius Dorcilus, quien interpuso el recurso de apelación que dio lugar al proceso y a quien la corte reconoció derechos laborales que, según el empresario, no correspondían por tratarse de un trabajador subcontratado. 

Medio Ambiente y Poder Judicial unen esfuerzos para proteger áreas protegidas


Santo Domingo.– El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo del Poder Judicial firmaron un acuerdo para reforzar la seguridad jurídica y la correcta gestión registral de las áreas protegidas del país. 

La meta es sencilla pero crucial: preservar el patrimonio natural y evitar cualquier ambigüedad sobre los límites de estas zonas.

 Dentro del convenio, Medio Ambiente asumió el compromiso de entregar información actualizada sobre las delimitaciones de parques, reservas y zonas de amortiguamiento, para que el Registro Inmobiliario cuente con datos precisos al momento de gestionar cualquier proceso. 

 El ministro Paíno Henríquez afirmó que este pacto garantiza que cada tramo del territorio protegido quede claramente definido y respaldado legalmente, impulsando transparencia y una defensa más sólida de los recursos naturales del país. 

 La institución también se encargará de tramitar los expedientes de titulación de las áreas protegidas ya identificadas, incluyendo la revisión de inmuebles que fueron registrados antes de la ley sectorial, además de promover prácticas sostenibles dentro del Poder Judicial. 

 Por su parte, el Consejo del Poder Judicial apoyará con asistencia legal y trabajo técnico para actualizar perímetros, definir terrenos estatales dentro de estas zonas y fortalecer la seguridad jurídica en todo el proceso. 

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