En medio de una creciente controversia, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ha expresado su profunda preocupación por la aprobación apresurada del proyecto de ley sobre el fideicomiso de residuos sólidos en el Senado.
Según Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, la medida fue aprobada sin la debida consulta con los sectores afectados, incluyendo a la propia asociación y al Ministerio de Medio Ambiente.
Pujols indicó que desde el año pasado han estado siguiendo de cerca esta iniciativa legislativa, presentada por el senador Genao, y que les sorprendió la rapidez con la que fue aprobada en dos lecturas consecutivas a principios de enero.
“No se nos dio el espacio para compartir nuestras inquietudes o propuestas”, expresó Pujols.
El principal punto de discordia es el aumento de las contribuciones al fideicomiso, que varían desde un 60% para microempresas hasta un 3,700% para grandes empresas.
Pujols calificó estos incrementos como “desproporcionados e irrazonables”, advirtiendo que podrían generar un costo adicional de 25,000 millones de pesos para el sector productivo del país.
Otro de los aspectos criticados es la imposición del uso obligatorio de combustibles derivados de residuos y de resina reciclada, medidas que, según la AIRD, son inalcanzables en los plazos propuestos. “España, que es nuestra referencia en este tema, no ha logrado cumplir estas metas en 20 años”, añadió Pujols.
La AIRD también señaló que el proyecto de ley contempla el financiamiento de los ayuntamientos mediante este fideicomiso, algo que, en su opinión, debería abordarse a través de mecanismos establecidos como la Ley 166-313, que asigna un 5% de los ingresos del Estado a los gobiernos locales.
Pujols hizo un llamado a los diputados para que revisen y debatan el proyecto de ley con mayor profundidad antes de su aprobación definitiva. La AIRD espera que en las discusiones en la Cámara de Diputados, programadas para el 27 de febrero, se consideren sus preocupaciones y se logre una normativa más equilibrada y consensuada.
Diversos sectores empresariales y gremiales, como la Federación Dominicana de Comerciantes, han mostrado su apoyo a la postura de la AIRD, argumentando que la ley, tal como fue aprobada en el Senado, podría afectar significativamente la competitividad y sostenibilidad del sector productivo dominicano.
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