Someten proyecto de ley que busca acabar con las estafas inmobiliarias

Santo Domingo. Ante la proliferación de estafas inmobiliarias que se han registrado en los últimos años en el país, el senador por La Romana, Eduard Espiritusanto, sometió ante el congreso de la República, un anteproyecto de ley que tiene como objetivo ordenar y profesionalizar el sector, exigiendo que corredores y agentes de bienes raíces operen bajo licencias oficiales, cumplan con requisitos de formación y se rijan por principios de transparencia, lealtad y protección al consumidor. 

 La norma establece mecanismos para garantizar que las transacciones inmobiliarias sean seguras y confiables, evitando fraudes, malas prácticas y abusos en las comisiones cobradas. Para lograrlo, el Estado creará un Registro Nacional de Intermediarios Inmobiliarios, supervisado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), entidad responsable de expedir, renovar y revocar licencias a los profesionales del sector, quienes perderán su licencia cuando realicen malas practicas o fraudes, y no podrán ejercer nueva vez.

 Por igual, que las personas o empresas que realicen actividades de intermediación inmobiliaria sin la debida autorización serán sancionadas con multas elevadas de hasta 50 salarios mínimos del sector público, suspensión de actividades, cierre temporal o definitivo de la empresa o agente infractor, sanciones penales en caso de fraude o suplantación de identidad, y podrán aplicarse penas según el Código Penal. 

Tribunales fallan a favor de Andariego en disputa por propiedad en la Zona Colonial

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado del youtuber “Andariego” informó que tanto el Tribunal Superior Administrativo como la Jurisdicción Inmobiliaria, fallaron a favor de su cliente en la disputa legal por la propiedad de un terreno en la Zona Colonial, Distrito Nacional. 

 El togado Alberto Díaz, defensor de Gary de Arriba, nombre de pila de Andariego, afirmó que los mencionados tribunales determinaron que la señora Gari Heredia no posee derechos sobre el inmueble que justifiquen una medida cautelar en su favor.

 El jurista explicó que este martes, acompañado por el abogado del Estado y agentes de la Policía Nacional, se realizó la entrega formal de la propiedad a Gary de Arriba. Asimismo, detalló que Gari Heredia volvió a ingresar a la propiedad, asegurando que “sólo la sacarían muerta” del inmueble. 

 En febrero del 2024, a través de redes sociales, el influencer de viajes denunció la supuesta invasión por parte de la señora Heredia.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/tribunales-fallan-a-favor-de-andariego-en-disputa-por-propiedad-en-la-zona-colonial/

La propuesta para regular a los agentes inmobiliarios volverá a ser sometida a la Cámara Baja

En un contexto en que la justicia dominicana conoce varios casos de estafas inmobiliarias en curso, el proyecto de ley que Regula los Servicios Inmobiliarios y el Contrato de Corretaje volverá a ser reintroducido al Congreso en la próxima legislatura, que inicia a partir de este 27 de febrero. Así lo confirmó a Diario Libre el diputado por la circunscripción 2 de Santiago Braulio de Jesús, quien presidió la comisión especial que rindió un informe favorable con modificaciones al proyecto el 11 de diciembre del 2024, nueve meses después de que la propuesta fuera depositada ante la Cámara de Diputados por la entonces representante de la circunscripción 2 del Distrito Nacional, Lourdes Josefina Aybar Dionisio.

 "La comisión organizadora no la colocó en agenda ya por el tiempo que teníamos para terminar la legislatura, que concluyó el 12 de enero, pero nosotros le dimos un informe favorable, porque entendemos que es una pieza sumamente importante para devolverle la confianza a los agentes inmobiliarios, que quieren ser regulados", explicó. 

 El proyecto de ley tiene como objetivo proteger la relación jurídica entre el proponente y el corredor de bienes raíces –o sus agentes—, manteniendo la confianza del mercado inmobiliario a través de la regulación de operaciones. Esto incluye la compra, venta y arrendamiento de bienes inmuebles, así como cualquier tipo de negociación en torno a estos, velando por la protección de los derechos de los contratantes o clientes. Por eso, de Jesús considera que el proyecto es importante para devolverle la confianza a los compradores en medio de los casos de estafa que se han presentado en la República Dominicana. 

SCJ pone fin a litis de terrenos de UASD con nueva ley 2-23

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) puso fin a una litis entre el Estado Dominicano y la entidad La Esperilla Land Company, C. por A, por terrenos que ocupa la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y que fueron declarados de utilidad pública, al casar sin envío la sentencia número 0030-02-2023-SSEN-00031 dictada el 27 de febrero del 2023 por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), y rechazar el fondo de la demanda en justiprecio incoada por la parte recurrida. 

 Se trata de la primera vez que las Salas Reunidas de la SCJ fallan de manera directa el fondo de un proceso, acogiéndose a los artículos 38 y de la nueva Ley 2-23 sobre recurso de casación, que procuran evitar la dilación, y prohíbe a la alta corte emitir un tercer reenvío dentro del ciclo procesal del litigio. 

 El caso data de mayo de 2002 cuando la Esperilla Land Company interpuso una demanda en nulidad de declaración de utilidad pública o pago del inmueble ocupado, que fue decidida mediante sentencia número 20100516 emitida el 15 de febrero de 2010 por la Octava Juez Liquidadora del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Departamento Central. Esta ordenó al Estado dominicano pagar la suma de US$21,738,750 o su equivalente en pesos a favor de Esperilla Land Company, C. por A., por concepto de indemnización del procedimiento de expropiación en relación con la parcela núm. 10, D. C. núm. 2, Distrito Nacional. 

En Manzanillo: Empresas energéticas «se roban» Playa Estero Balsa

Montecristi: El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) denunció que un escenario histórico donde Cristóbal Colón navegó por el Caño Tapión durante sus exploraciones del Caribe en el siglo XV, en el que se encuentra la playa pública Estero Balsa, un ecosistema natural designado como espacio Ramsar, está siendo arrasado por las compañías energéticas Energía 2000 y Manzanillo Gas & Power, con el apoyo cómplice de corporaciones bancarias internacionales y del gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader. 

 Frank Valenzuela, presidente de la organización ciudadana, reveló que la Bahía de Manzanillo es un espacio histórico, testigo del primer contacto europeo con la isla, y alberga el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, un humedal designado como Sitio Ramsar desde 2004 por su importancia internacional para la biodiversidad. 

 Valenzuela reveló que los manglares de Estero Balsa son los más extensos de la República Dominicana, con 81 km² de superficie y 17 km de costa. Son refugio de especies como el flamenco, la tortuga carey, garzas y cucharetas. Albergan especies de mangle rojo, negro y blanco. Además, funcionan como barrera natural contra tormentas y son un sustento vital para las comunidades locales.

Pro Consumidor remite a la Procuraduría expedientes relacionados con estafa inmobiliaria del caso Guepardo

Alrededor de cincuenta expedientes vinculados a la estafa inmobiliaria millonaria, cuya red fue desmantelada mediante la Operación Guepardo, fueron remitidos desde el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) hasta la Procuraduría General de la República (PGR). 

 El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, dijo que estos expedientes, que remitió a la PGR para ser enviados a la Fiscalía de La Romana, fueron instrumentados tras la institución recibir denuncias y reclamaciones de personas estafadas por esta estructura criminal, de la que formaban parte las compañías Novasco Real Estate, RR Marketing Group, Rodeca Marketing Group y RE/MAX One, las cuales publicaban propiedades por redes sociales y recibían transferencias de compradores interesados de República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico y países de Europa. 

 Asimismo, Alcántara aseguró que Pro Consumidor tomó esta medida debido a la existencia de una instancia jurisdiccional que ha iniciado un proceso penal ante los tribunales de la República. “Los casos abarcan un período determinado y, de ellos, varios ya han recibido resoluciones”, indicó el funcionario. 

El CEA y Bienes Nacionales trabajan en la depuración de miles de expedientes fraudulentos heredados de gestiones pasadas

Santo Domingo.– El Director Técnico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Dirección General de Bienes Nacionales, el arquitecto y agrimensor Gilberto Grullón Salomón, reveló que al asumir la posición encontró más de 3,000 expedientes con diversas irregularidades, incluyendo fraudes y suplantaciones, lo que ha obligado a un minucioso proceso de revisión antes de emitir cualquier autorización. 

 Grullón Salomón explicó que la emisión de la carta de no objeción para deslinde y transferencia es el último paso de un exhaustivo procedimiento de verificación que busca garantizar la seguridad jurídica de los adquirentes. “Hemos priorizado la depuración de estos casos para evitar que personas de buena fe sean afectadas por procesos fraudulentos heredados de administraciones anteriores”, aseguró. 

 Asimismo, destacó que, contrario a las recientes afirmaciones infundadas sobre una supuesta crisis en el sector inmobiliario atribuida a estas instituciones, el CEA y Bienes Nacionales han redoblado esfuerzos para reducir una mora histórica de más de 20 años. “Estamos trabajando más de 16 horas diarias para corregir las irregularidades del pasado y lograr una reestructuración que garantice transparencia y eficiencia en cada proceso”, indicó. 

Director de Políticas Fronterizas del Mepyd devolvió en noviembre US$187 mil en el caso Nido

El director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza, Erick Dorrejo Medina, implicado en el caso Nido, devolvió al Ministerio Público la suma de US$187,500 como parte de la compensación a las víctimas dentro del proceso judicial. Así lo afirmó su defensa durante la audiencia preliminar celebrada en el Primer Juzgado de la Instrucción, presidido por el juez Raymundo Mejía, donde se ventila el caso de estafa inmobiliaria.

 "Honorable, Erick Dorrejo realizó un pago a la Procuraduría General de la República por valor de 187,500 dólares el 6 de noviembre del año pasado. Muchos de los querellantes se han acercado porque desean examinar la prueba de ese pago a los fines de tomar una decisión con respecto a la adición a la acusación del señor Dorrejo", explicó la defensa antes de solicitar el aplazamiento de la audiencia. 

 El juez acogió el pedimento, que también había sido solicitado por otros abogados debido a que uno de los imputados presentó una licencia médica y el abogado de Moisés Benjamín Castro, otro de los acusados, no se presentó. "Nosotros vamos a intimar al abogado porque no puede ausentarse sin justa causa, ni él ni ninguno", indicó el juez Mejía, sin revelar el nombre del letrado. 

Arrestan en Colombia a líder del Caso Guepardo, implicada en estafa inmobiliaria y lavado de activos

En un operativo conjunto entre el Ministerio Público, la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAT) de la Policía Nacional y la Oficina OCN-Interpol Santo Domingo, fue arrestada en Colombia Loany Lismeiry Ortiz Nova, señalada como la principal cabecilla de una red criminal desmantelada el pasado 7 de febrero en el marco del Caso Guepardo. 

 La estructura delictiva promocionaba proyectos inmobiliarios fraudulentos, atrayendo compradores desde República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Para ganar credibilidad, utilizaban la marca RE/MAX, aprovechando su reconocimiento internacional en el sector inmobiliario.

 Operativo de localización y captura El Ministerio Público explicó que la Dirección General de Migración notificó a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que, mientras se investigaba a Ortiz Nova y su red, se detectó que el 13 de noviembre de 2024 la imputada había salido del país con destino a Bogotá, Colombia, haciendo escala en Panamá. 

 Aunque tenía previsto regresar a República Dominicana el 19 de noviembre, Ortiz Nova evadió el proceso penal y no retornó al país. Ante esto, el Ministerio Público estableció contacto con la OCN-Interpol Santo Domingo, que con apoyo de la Interpol Bogotá logró localizarla y detenerla en San José de Cúcuta, en el departamento de Santander.