Ministerio Público inicia lectura de acusación contra red de estafa inmobiliaria


El Ministerio Público inició este viernes la lectura de la acusación en la audiencia preliminar del caso Nido, en el que se acusa a Emmanuel Rivera Ledesma y otros implicados, ser parte de una supuesta red delictiva que estafó a más de 500 personas mediante falsos proyectos inmobiliarios. 

 Según el expediente, Rivera Ledesma encabezó las maniobras fraudulentas que permitieron captar millones de pesos y dólares de las víctimas. Los fiscales Magalys Sánchez, Laura Vargas y Andrés Mena presentaron la acusación ante el Primer Juzgado de Instrucción. También figuran como imputados Luis Alberto Méndez Rosario, José Ramón Castillo Peña, María del Carmen Fernández Gómez, Rafael Antonio Guzmán Peralta, Esteban de Jesús Rojas, Carolina Martínez Jiménez, Héctor Manuel Díaz Peña, Francisca Altagracia Torres, Miguel Ángel Suero Pimentel y Julio César Vargas, además de las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL. 

 Cargos y fraude millonario 

 La acusación señala que los acusados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano. 

 La investigación determinó que la red utilizaba las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL para comercializar propiedades inexistentes y captar fondos de inversionistas. Además, se estableció que estas compañías incumplieron sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), incurriendo en defraudación tributaria. 

 Las autoridades dicen que el fraude supera los 235 millones de pesos y 10 millones de dólares, montos que el Ministerio Público busca recuperar en favor de los afectados. Como parte del proceso legal, se incautaron bienes adquiridos con fondos ilícitos, incluyendo casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada, utilizados también -según el Ministerio Público- para financiar el alto estilo de vida de los imputados. 

 Desmantelamiento de la red y pruebas clave

 La organización fue desmantelada tras 25 allanamientos realizados en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se confiscaron propiedades y documentos clave. Entre las pruebas presentadas, el Ministerio Público sostiene que Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba el nombre de figuras públicas para ganar credibilidad ante sus víctimas. Además, intentó persuadir a los afectados de no presentar querellas, ofreciéndoles nuevos contratos fraudulentos con el objetivo de obstruir el proceso judicial. 

 Próximos pasos en el proceso La audiencia continuará el 21 de marzo con la presentación de las pruebas en bloque y las conclusiones del Ministerio Público.

Demandan al ministro Jochi Vicente por desacato a sentencia sobre expropiación de terrenos


Santo Domingo. – El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente Dubocq, enfrenta una demanda por reparación patrimonial junto al Estado dominicano tras ser acusado de desacatar una sentencia definitiva que ordenaba el pago de una indemnización por la expropiación de terrenos en La Altagracia. 

 De acuerdo con los abogados Julio Cury y José Alberto Cruceta hijo, Vicente Dubocq no ha ejecutado el fallo de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), emitido el 29 de abril de 2022, que establecía una compensación de RD$1,809,523,332.50 a favor de los sucesores de Pedro Rolando Cedeño.

 Estos terrenos, ubicados en San Rafael del Yuma, fueron expropiados en 1975 y su valor fue fijado en RD$230.00 por metro cuadrado según el avalúo de la Dirección General de Catastro Nacional.

 Los juristas explicaron que, aunque el Ministerio de Hacienda había reservado los fondos en el Presupuesto General del Estado de 2024 para cumplir con la sentencia, el pago no se ha efectuado, lo que ha causado daños a los afectados.

 “El ministro Vicente ha ignorado una decisión que ya es cosa juzgada, debilitando la seguridad jurídica y el derecho a la ejecución de las sentencias”, afirmó Cruceta. Por su parte, Cury criticó la postura del funcionario, señalando que su negativa no solo impacta a los demandantes, sino que también sienta un precedente de desobediencia judicial desde el gobierno. 

 La demanda, depositada el pasado 21 de febrero ante el TSA, solicita que se indexe el monto de la indemnización en RD$178 millones adicionales y que tanto el Estado como el ministro Vicente sean condenados al pago de RD$199 millones por daños y perjuicios.

A juicio 31 acusados de lavado de activos y narcotráfico en la Operación Falcón

Un juez del Quinto Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago envió a juicio a 31 personas acusadas de participar en estructuras criminales, lavado de activos, narcotráfico y otros delitos vinculados a la Operación Falcón. 

 La acusación presentada por el Ministerio Público también incluye a 39 entidades societarias que serían parte de las estructuras desarticuladas por las autoridades en septiembre de 2021. Según ha comunicado el Ministerio Público, el juez presidente del tribunal, Cirilo Salomón Sánchez, ponderó que el órgano acusador cumplió con el debido proceso y notificó todos los actos conforme a lo establecido en la normativa y en tiempo oportuno. 

 “Sobre las pruebas, destacó la legitimidad de estos elementos y, en respuesta a un incidente de la parte acusada, refirió que el órgano acusador tramitó ante el tribunal correspondiente las autorizaciones judiciales necesarias para las interceptaciones telefónicas, mediante las cuales se recolectaron evidencias probatorias”, se lee en la comunicación de la Fiscalía de Santiago.

CEA retoma facultad para la emisión de las certificaciones de No Objeción a Deslinde y Transferencia

Santo Domingo.– En un esfuerzo por agilizar los trámites y reducir los procesos largos y burocráticos, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) informa a todos los adquirientes de terrenos que, a partir del 4 de marzo de 2025, se comenzó un procedimiento más eficiente para la solicitud de certificaciones de No Objeción a Deslinde y Transferencia.

 Esto se hace en virtud de la terminación del plazo establecido en el Decreto Núm. 268-16 de fecha 27 de septiembre del año 2016, modificado por el Decreto Núm. 608-20 de fecha 2 de noviembre del año 2020, donde se establecía realizar este proceso a través de otra institución.

 Los requisitos establecidos a partir de la fecha para la solicitud de dichas certificaciones son los siguientes: 1. Copia de la cédula de identidad del adquiriente si es persona física; si es persona moral, copia de cédula del representante, junto con el acta de asamblea que lo autoriza. 2. Copia de la cédula de identidad del agrimensor privado actuante, debidamente registrado en la institución, así como sus datos (copia de carnet del Codia, correo electrónico y teléfono). 3. Plano individual del agrimensor privado con las coordenadas UTM (Georreferenciado). 4. Oficio de autorización de realización de trabajos de mensura, emitido por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales. 5. Poder de representación con copia de la cédula de identidad del apoderado (si aplica). 

 Procedimiento: Los interesados deberán completar el formulario que se les proporcionará al momento de realizar la solicitud, anexando los documentos requeridos, todo lo cual debe ser entregado en la recepción de la Dirección General Legal del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). 

 El tiempo de respuesta previsto es 30 días laborables y el horario de prestación del servicio abarca de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p.m. Con esta importante medida, se reducirá la mora de 20 años que fue encontrada en la institución, así como se hará más accesible el proceso, para beneficio de los adquirientes de terrenos en todo el país.

Poder Judicial promueve la mediación y la conciliación como métodos para dirimir conflictos


El Poder Judicial realizó el panel “La Mediación y la Conciliación: Transformando el Acceso a la Justicia centrada en las Personas”, con el objetivo de promover estos mecanismos no adversariales para la resolución de conflictos. 

 El coloquio, realizado en el Palacio de Justicia de Santiago a través de la Dirección de Justicia Inclusiva, estuvo integrado por la jueza coordinadora del Departamento Judicial de La Vega, magistrada Arelis Ricourt; la coordinadora del Centro de Mediación de Las Caobas (Santo Domingo Oeste), Juana Baré; y la directora ejecutiva del Centro Casas Comunitarias de Justicia, Carmen Victoriano. 

 La magistrada Ricourt, quien además es jueza presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega, afirmó que desde el Poder Judicial se promueve el uso de los mecanismos no adversariales de resolución de conflictos como la conciliación y la mediación a través de la derivación del caso a un juez o jueza en funciones de conciliador/a como fórmula para resolver controversias y establecer soluciones.

Desalojo y Controversia en la Construcción del Malecón de Pedernales


PEDERNALES.- La construcción del Malecón de Pedernales dejará sin hogar a más de una decena de familias, quienes aún no han recibido ninguna respuesta esperanzadora por parte del gobierno.

 A pesar de la controversia, los trabajos en el Malecón de Pedernales han comenzado en medio de acusaciones de favoritismo, ya que se alega que solo personas con influencia han obtenido permisos para construir en el área.

 Las quejas provienen de los habitantes que ocupan los terrenos por donde pasará la obra, la cual se extiende desde el muro fronterizo que divide a Haití y República Dominicana. Mientras tanto, en la misma zona del Malecón, avanza la construcción de un complejo hotelero con 180 habitaciones estilo barco, una obra que, según denuncias, se habría impuesto mediante el uso del poder

Desarrolladores inmobiliarios afirman pierden recursos por dificultades en los procedimientos de aprobación

Los desarrolladores del proyecto habitacional PION Reserve Residences ubicado en Verón, Punta Cana denuncian que el Ministerio de Turismo, MITUR en esta localidad les presenta muchos obstáculos y dificultades retardando los procedimientos con marcada lentitud y falta de seguimiento en los trámites lo que les ocasionan grandes pérdidas de dinero, energías y tiempo. 

 Detallaron un resumen del proceso incurrido en el trámite VUC0605-2024, depositado en Ventanilla única de MIVEH en 22 marzo del 2024, del proyecto PION Reserve Residences ubicado en Verón, Punta Cana y para el cual hemos destinado tiempo y recursos desde finales del 2021. El mismo se encuentra en trámite de aprobación en las diferentes Instituciones que aprueban los proyectos los fideicomisos de Bajo Costo, tales como: Mide la vivienda, MIVED, Instituto Nacional de Aguas Potable, INAPA ,Cepm,Ministerio de Turismo,MITUR, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ayuntamiento de Higuey, Ministerio de Obras Públicas, MOPC, Departamento de Carreteras, entre otros.

  “De estos unos de los principales problemas de tiempos y falta de seguimiento lo ofrece el Ministerio de Turismo, MITUR, ya que es imposible darle seguimiento al proyecto internamente y se hace casi imposible tener contacto con algún funcionario del mismo para establecerlas líneas a seguir con relación a las normativas que establecen y poder llegar a un acuerdo.

¿Reforma fiscal encubierta? Diputado somete proyecto de ley reduciría el gasto tributario del Estado con modificación y derogación de exenciones impositivas

Santo Domingo, RD.-. El diputado del Partido Reformista Social Cristiano, Rogelio Alfonso Genao Lanza, sometió un proyecto de ley mediante el cual se procura de reducir el gasto tributario del Estado, por la vía de la modificación o derogación de exenciones y reducciones impositivas otorgadas a empresas, actividades económicas y personas, así como establecer disposiciones con el propósito de robustecer la estabilidad económica nacional, reducir el déficit presupuestario, procurando con ello el bienestar de la colectividad. 

 El proyecto coincide con la anterior Ley sometida por el Poder Ejecutivo bajo la denominación de proyecto de Modernización Fiscal que fuera retirada del Congreso ante una avalancha de críticas. 

 En la propuesta de Genao Lanza enviada al presidente de la Cámara de Diputados se indica que será modificado el artículo 2 de la Ley 96-88 y en lo adelante se precisará que la importación de máquinas tragamonedas, las partes, piezas, repuestos, equipos accesorios de estas y cualesquiera otros artefactos mecánicos, eléctricos o electrónicos empleados en estos juegos de azar, así como su instalación, operación y recambio, deben ser aprobados por la Comisión de Casinos en la misma forma como se obtiene la licencia para la operación de los casinos y demás establecimientos autorizados para esa modalidad de juego de azar. 

Acusan a un ministro de intentar despojar a una familia de terrenos en Santo Cerro

Según afirman, un grupo de hombres fuertemente armados llegó a la propiedad en un intento de cercarla y presionarlos para que la vendan a bajo precio. Pedro José Ramos, miembro de la familia afectada, mostró indignado el título de propiedad que avala la tenencia de esos terrenos por más de cien años. 

 “Muéstrenle esto al presidente para que vea cómo nos quieren acorralar. Este es el título de propiedad, y ellos con un simple papel quieren arrebatarnos lo nuestro”, expresó Ramos. 

 Los denunciantes aseguran que Andrés Bautista adquirió una pequeña porción de terreno y, desde entonces, ha bloqueado parte de su propiedad con la intención de obligarlos a vender. 

 En un video captado por el reportero gráfico Junior Tabaré, se observa a un grupo de hombres armados con escopetas, mientras Félix Ramos, otro miembro de la familia, advierte: “Nos mataron a nuestro padre y nuestros tíos, pero estamos dispuestos a morir por nuestros derechos”.

 Pedro José Ramos y sus familiares afirmaron que no permitirán que el poder se imponga sobre su derecho legítimo, ya que cuentan con un título de propiedad definitivo. “Aquí nacimos y crecimos. No somos gente de pleito, pero defenderemos lo nuestro”, expresaron. 

 Los residentes de la comunidad alertan que la tensión sigue en aumento y exigen a las autoridades intervenir antes de que la situación derive en hechos de violencia.

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