Gobierno, comunitarios y Barrick Pueblo Viejo llegan a acuerdo sobre reasentamiento por presa de colas

Luego de varias reuniones y sesiones de trabajo, comunitarios de Cotuí y la empresa minera Barrick Pueblo Viejo firmaron un acuerdo amigable, satisfactorio y definitivo para resolver los temas pendientes relacionados con el reasentamiento vinculado a la expansión de la mina Pueblo Viejo, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez. 

 El consenso se logró con la intermediación del Gobierno dominicano, representado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; la Iglesia Católica, a través del obispo de La Vega, monseñor Tomás Morel Diplán; y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, en representación de las comunidades. La inversión estimada en el proyecto de reasentamiento supera los RD$20 mil millones. 

El plan contempla la provisión de viviendas dignas y adecuadas para cada familia, conforme al censo realizado, así como acceso a servicios básicos esenciales como agua potable, saneamiento, electricidad, salud, educación (primaria y secundaria), instalaciones deportivas (cancha mixta y campo de béisbol), y vías de acceso. 

También se incluyen planes de restauración de medios de vida y actividades productivas para las familias afectadas. 

Demandan por supuesta estafa a empresa inmobiliaria TMIR SRL en La Vega

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.– La Segunda Cámara Penal del Distrito Judicial de La Vega conoció ayer el juicio que se le sigue a la empresa inmobiliaria TMIR SRL y a sus gerentes, el señor Dámaso Reyes y el señor Pedro Pablo Pérez acusados de presunta estafa contra varias personas que adquirieron inmuebles en proyectos aún no entregados.

 La información fue ofrecida por el abogado George Segura, quien representa a la pareja compuesta por Leonela y su compañero, quienes alegan haber sido víctimas de esta empresa la cual tiene su sede principal en Santiago y ha estado comercializando diversos proyectos habitacionales, incluyendo uno en planos denominado Paraíso Dorado, ubicado en la carretera de Guaigüí antes de iniciar la montaña, en esta ciudad de La Vega. 

 Según explicó Segura, sus representados entregaron en mayo de 2019 un adelanto de 350 mil pesos en efectivo con la promesa de recibir un apartamento en un plazo de 18 meses. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido ni el inmueble ni la devolución del dinero. 

 El abogado detalló que tras varios intentos de conciliación, tanto en la Fiscalía a través de la Casa Comunitaria de Justicia como en las oficinas de Pro Consumidor en La Vega, se firmaron acuerdos en los que la empresa se comprometía a reembolsar el dinero entregado. Pese a estos compromisos, según Segura, TMIR SRL no ha cumplido. 

 Estamos hablando de una situación que afecta no solo a esta pareja, sino a muchas otras personas tanto en La Vega como en Puerto Plata y Santiago, donde esta inmobiliaria ha ofertado proyectos habitacionales que según nuestras investigaciones, no han sido entregados a ninguno de los adquirientes”, expresó el jurista. 

 El caso continúa bajo conocimiento de la justicia, mientras se espera una decisión que determine responsabilidades y posibles sanciones contra los supuestos implicados.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/depositan-formal-acusacion-contra-empresario-ledesma-y-demas-implicados-en-estafa-inmobiliaria/

Abogado dice Burgos no cumple decreto

El abogado Moisés Sanchez Severino denunció ayer que su defendido, Juan Rivera Cordero, adquirió en 2013 unos terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en el Distrito Catastral 32, Parcela 21-C-2, ubicados en Santo Domingo Este, los cuales fueron ocupados por la fuerza por Jangle Vásquez Rodríguez. 

Dijo que el Tribunal de Tierras ordenó que se le entregara el terreno a Rivera Cordero, lo que no ha ocurrido porque el director del CEA se ha resistido. Indicó que Rivera Cordero pidió la intervención del presidente Luis Abinader, quien emitió el Poder Especial # 36-25, que ordena al funcionario entregar el inmueble. 

 El abogado expresó que Rafael Burgos se niega a devolver el inmueble a su adquiriente. Agregó que Vásquez Rodríguez sigue ocupando el terreno, en el que se propone instalar una estación de ventas de combustibles. Dijo que en 2013, Vásquez pagó un inicial al CEA con un cheque de administración por RD$396, 181. 80, y que no ha terminado de pagar por la litis.

Fuente: https://hoy.com.do/abogado-dice-burgos-no-cumple-decreto/

Propietarios de casas Los Mameyes piden declarar de utilidad pública a 27 Barrios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Asociación de Propietarios de Casas Los Mameyes hicieron un llamado el miércoles al senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, para que incluya al sector en el Proyecto de Resolución que depositó ante el Senado, en el que le pide al presidente Luis Abinader, declarar de utilidad pública los terrenos habitados por familias con más de 40 años de residencia en Santo Domingo.

 Los Mameyes es una localidad con asentamiento humano desde antes del 1930, y cuyas tierras eran usada para el cultivo Agrícola y Criadero de ganado. En los años 1936 y 1937, el Dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina ordenó la construcción del barrio Los Mameyes para Los militares, porque donde funciona en la actualidad la Armada Dominicana, estaba el Ejército Nacional. 

 Tras la construcción del Barrio de Los Militares, fue fundado Los Mameyes, que a pasos gigantescos creció y se expandió. En año 1947, se declara de utilidad pública parte de los terrenos de Los Mameyes para destinarlo a la construcción del Faro a colón, en 1948. Los Mameyes, ocupa las parcelas No. 199-A-2, DC 06; 199-B-1, DC 06 Y 178-B-1, DC 06 (Porción Q), terrenos que los habitantes ocupan hace más de 50 años de manera pacífica e ininterrumpida y a título de propietarios. Dos son propiedad del Estado Dominicano y una es propiedad privada.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/propietarios-de-casas-los-mameyes-piden-declarar-de-utilidad-publica-a-27-barrios/

Ministerio Público señala negligencia e intento de manipulación de testigos en el caso Jet Set

El Ministerio Público señaló a través de una nota de prensa difundida ayer que Antonio Espaillat López y su hermana Maribel Espaillat habrían intentado intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., administradora de la discoteca Jet Set Club, quienes podrían fungir como testigos en el proceso judicial abierto tras el colapso del techo del establecimiento. 

 De acuerdo con la nota: "El documento alude (sic) también a movimientos realizados por los imputados para intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que manejaba la discoteca Jet Set Club, y que pueden fungir como testigos en este proceso." Ambos fueron arrestados tras ser interrogados por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y serán presentados ante un juez de atención permanente del Distrito Nacional para que se les conozcan medidas de coerción. 

 Según la orden de arresto gestionada por Camacho ante la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, del Décimo Juzgado de la Instrucción, los hermanos Espaillat están siendo investigados por homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal dominicano. El documento judicial establece que los imputados mostraron una "inmensa irresponsabilidad y negligencia" al no tomar las medidas necesarias para intervenir el techo del Jet Set Club, lo que permitió que colapsara y causara la muerte de 236 personas, además de dejar más de 180 heridos. 

20 sentencias del TSA respaldan resoluciones contra fraudes en Contrataciones Públicas

Santo Domingo.– Durante el mes de mayo, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitió 20 sentencias que respaldan igual número de resoluciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), lo que reafirma el apego al debido proceso por parte del órgano rector del sistema de compras y contrataciones. 

 De esas decisiones, cinco ratifican sanciones de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado impuestas por la DGCP a empresas que presentaron documentación falsa o adulterada en procesos de contratación pública. 

 Casos relevantes avalados por el TSA 

Entre las decisiones, destaca la sentencia núm. 0030-02-2025-SSEN-00232, mediante la cual el TSA ratificó la sanción de inhabilitación impuesta a las sociedades SR Power Tech Solutions, S.R.L. y Avi Constructora S.R.L., mediante la resolución RIC-170-2023. Asimismo, la sentencia núm. 0030-1643-2024-SSEN-00933 rechazó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa JFD & ETC, Ideas que Venden, S.R.L., al no demostrarse vicios ni irregularidades en el acto impugnado. Este se refería a la declaración de desierto de un proceso de contratación realizado por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) para la instalación de letreros en oficinas regionales y municipales. 

Invasores en Boca Chica tienen 15 días para desalojar lugar

Los ocupantes ilegales de un extenso terreno ubicado en el municipio de Boca Chica tienen un plazo de 15 días para abandonar voluntariamente el área, la cual ha estado ocupada de manera irregular por más de tres años. Así lo establece una notificación emitida por el abogado del Estado y fiscal de tierras ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano. 

 El terreno en cuestión, identificado con la designación catastral No. 403433872708 y con certificado de título No. 4000248037, libro 0088, folio 195, pertenece legalmente a la empresa Boca Chica Country Club, C. por A., que proyectaba en el lugar el desarrollo de un complejo turístico con el mismo nombre. 

 En la notificación, dirigida específicamente a Francisco Javier Pérez, Ramón Jiménez Fortuna, Javier Sención Beltré, Wilfredo Polanco, María Robles, Andrés Santana, así como a cualquier otro ocupante ilegal del inmueble, se les invita a presentar documentación que justifique su permanencia en el terreno. “Para que procedan en un plazo de 15 días, contando a partir de dicha notificación, a abandonar voluntariamente los inmuebles referidos, invitándolos a hacer uso de sus derechos de defensa”, establece el documento oficial. 

Residentes en el sector Cuesta Brava denuncian destrucción ambiental por proyecto inmobiliario

La tala de árboles y la remoción de una loma en una zona calificada de cinturón verde han encendido las alarmas de los comunitarios del sector Cuesta Brava, en el Distrito Nacional. Los residentes denunciaron este miércoles graves irregularidades ambientales vinculadas a la construcción del complejo habitacional Balcones de la Rivera.

 Durante una rueda de prensa, la Asociación de Vecinos de Cuesta Brava responsabilizó a la empresa Danny Santos Comprés SRL de destruir valiosos recursos naturales, con el aval del Ministerio de Medio Ambiente, a quien acusan de otorgar permisos irregulares. Señalaron que la compañía ha eliminado especies autóctonas como caobas y samanes, además de realizar movimientos de tierra en zonas cercanas al arroyo Manzano, un afluente directo del río Isabela. 

 "Este proyecto debe ser recalificado correctamente a categoría B, se solicita que se revoque la constancia ambiental No.7226-24, se otorgue el permiso de uso de suelo correcto y se paralice la obra inmediata", indicó Germán Vásquez, vicepresidente de la organización comunitaria. Además, solicitó una compensación económica por los daños ambientales, así como muestra de permisos para la extracción de material y tala de árboles. 

Desalojan invasores de terrenos del CEA en Cerro Alto, próximo a La Unión en Sosúa

PUERTO PLATA.-El Consejo Estatal de Azúcar (CEA) desalojó a decenas de personas que invadieron terrenos de esa institución en el sector el Cerro Alto-La Unión, en el municipio Sosúa. Allí se produjeron enfrentamientos entre los lugareños y los agentes de las fuerzas castrenses. 

 Varias viviendas de madera y block fueron derribadas por una pala mecánica o grédar, dejando a la intemperie a numerosas familias que en plena pandemia de la COVID-19 levantaron las edificaciones ante la mirada indiferente de las autoridades provinciales. 

 El director del CEA en la provincia Puerto Plata, Freddy Padilla, quien encabezó el operativo recordó a los afectados que se le había notificado que no continuaran invadieron terrenos, pero muchos no hicieron caso a la advertencia. 

 Funcionarios del CEA hace unos años delimitaron varias áreas de las propiedades de la institución para que no continuaran con las ocupaciones, sin embargo, personas que se dedican a invadir terrenos del Estado continuaron con la práctica para construir. 

 Se informó que la empresa Edenorte Dominicana inició el retiro de los postes del tendido eléctrico, alambres y luminarias que habían sido colocadas en la zona. Los desalojados trataron de impedir la acción de las autoridades, lo que obligó a los policías y militares a lanzar bombas lacrimógenas porque algunas personas lanzaron escombros en la carretera y piedras a los agentes.

Fuente: https://elatlantico.do/index.php/2025/06/11/desalojan-invasores-de-terrenos-del-cea-en-cerro-alto-proximo-a-la-union-en-sosua/