PLD denuncia adjudicación irregular de kioscos en el Malecón sin aval del Concejo de Regidores




Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el Ayuntamiento del Distrito Nacional habría adjudicado espacios para kioscos en el Malecón, frente a la Universidad del Caribe, sin la autorización del Concejo de Regidores, lo que, según afirmaron, constituye una violación a la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios. 

 La acusación fue presentada por el regidor peledeísta Franklin Ferreras durante una sesión ordinaria celebrada en la sala “Emilio Rodríguez Demorizzi”, del cabildo capitalino. 

 Ferreras explicó que la actual administración municipal ha procedido a licitar y asignar dichos espacios de manera unilateral, atribuyéndose facultades que corresponden exclusivamente al Concejo de Regidores, órgano legalmente encargado de aprobar toda concesión o uso de bienes municipales. 

 “El Ayuntamiento no puede adjudicar ni alquilar espacios públicos sin la debida autorización del Concejo. Esta práctica vulnera la ley y despoja a este órgano de sus competencias legítimas”, advirtió Ferreras. Asimismo, llamó al presidente del Concejo y a la administración del cabildo a rectificar la medida y restablecer el respeto a los procedimientos legales y a la institucionalidad municipal. 

 El regidor alertó que, de mantenerse esta práctica, se estaría creando un precedente peligroso, que podría fomentar la discrecionalidad administrativa y debilitar los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los bienes públicos.

Propietarios tierras retrasan carretera Cambita-Los Cacao

En la provincia San Cristóbal todo el mundo sabe que desde hace alrededor de año y medio el gobierno inició la reconstrucción y ampliación de la carretera Cambita Garabitos-El Cacao, de 23 kilómetros de longitud, atravesando una zona montañosa de excelentes perfiles naturales. 

 El Presidente Luis Abinader encargó de la obra a la activa Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) y dispuso que los trabajos fueran ejecutados en cuatro tramos asignados a empresas constructoras reconocidas.

 Corporación de Asfalto SRL; Malespin Constructora SRL; Ingeniería Estrella S.A. y Consorcio Jcpim son las firmas contratistas escogidas y que han estado laborando de lleno. Pero en los últimos meses se observa un declive en el ritmo de trabajo que preocupa a los habitantes de la zona, es decir a las varias comunidades del trayecto Cambita-El Cacao. 

 Ninguna explicación oficial se ha dado acerca del descenso, que ha merecido algunas noticias y comentarios en el municipio San Cristóbal, el más conectado con el área donde de actúan numerosos equipos pesados. Domingo Peña Nina, reputado médico y abogado nativo de San Cristóbal -residente en Santo Domingo- escribió recientemente: “se puede que afirmar sin ninguna duda, que la decisión del gobierno dominicano de ampliar y reparar la carretera que va de Cambita a Los Cacaos ha sido vista con agrado por todos los sancristobalenses”. 

Envían a juicio esposa de ‘falso abogado” por presunta complicidad en estafa millonaria en La Altagracia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís revocó una decisión anterior y ordenó la apertura a juicio contra Judith Desiree Peña Ramos, esposa del supuesto falso abogado Héctor Bienvenido Peña García, acusado de estafar a decenas de personas haciéndose pasar por profesional del Derecho. 

 La decisión está contenida en la sentencia penal núm. 334-2025-SSEN-00584, emitida el 10 de octubre de 2025 por los magistrados José Manuel Glass Gutiérrez, Miguelina Mendoza Ramírez y Ramón Martínez, quienes acogieron el recurso de apelación interpuesto por los abogados Moisés Torres Pión y Emmanuel Rivera Rodríguez, representantes de las víctimas. 

 De acuerdo con la acusación formal del Ministerio Público, Peña García habría defraudado a sus víctimas por un monto superior a RD$5.5 millones, simulando ser licenciado en Ciencias Jurídicas. 

 La investigación explica que el procesado convenció al señor Francisco Arache Santana de entregarle RD$2,825,000 mediante transferencias bancarias, bajo la promesa de recuperar fondos invertidos en la empresa Investor Winner IW, S.R.L. Parte de ese dinero, según el expediente, fue depositado en una cuenta a nombre de su esposa, quien presuntamente también participaba en las reuniones donde se captaban las víctimas y se beneficiaba de los recursos obtenidos ilícitamente, adquiriendo bienes muebles e inmuebles, incluidos vehículos de lujo. 

Comisión de Derechos Humanos denuncia irregularidades en desalojos en Santo Domingo Norte

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) solicitó al Consejo del Ministerio Público investigar presuntas irregularidades cometidas por abogados del Estado adscritos a la jurisdicción inmobiliaria. 

 La entidad indicó que una de las situaciones más recientes fue el desalojo realizado el pasado viernes en el barrio La Virgen, del municipio Santo Domingo Norte, en ese operativo, varias familias fueron retiradas de terrenos que, según sus declaraciones, ocupan desde hace más de treinta años y sobre los cuales poseen documentación legal. 

 La CNDH-RD pidió que se investigue la actuación de los funcionarios involucrados y que se adopten medidas administrativas contra los responsables. 

 El presidente de la entidad, doctor Manuel María Mercedes Medina, informó que se depositará una querella ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y otra ante la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con el fin de que se indaguen las irregularidades administrativas y los hechos ocurridos durante el operativo. 

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también solicitó a la Procuradora General de la República designar una comisión investigadora que determine las circunstancias del caso y las responsabilidades correspondientes.

Propietarios denuncian presuntas irregularidades en titulación de Metro Country Club

La Asociación de Propietarios de Inmuebles de Metro Country Club (APIMCC) denunció este jueves supuestas irregularidades en la titulación de propiedades dentro del complejo turístico, que, según advierten, ponen en riesgo la seguridad jurídica de sus residentes y la confianza en el sistema registral dominicano. 

 Metro Country Club, con más de dos décadas de existencia y unas 1,000 propiedades entre residencias permanentes, de fin de semana y solares, alberga a familias dominicanas de distintos estratos sociales e inversionistas extranjeros de países como Suiza, Alemania, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos y Rusia. 

Los propietarios aseguran contar con títulos definitivos, deslindes y el pago al día de sus impuestos (IPI). La asociación sostiene que el caso revela serias anomalías en el sistema registral inmobiliario, regulado por la Ley 108-05, entre ellas duplicidad de títulos, omisión de procedimientos y violaciones al principio de relatividad contractual. 

 A su juicio, estas prácticas atentan contra el Estado de Derecho y podrían desincentivar la inversión en el país, en momentos en que el Gobierno impulsa el Plan Nacional de Titulación (Ley 82-25 de 2025). 

 La APIMCC solicitó la intervención urgente de las autoridades dominicanas para proteger a los propietarios y restaurar la seguridad jurídica. 

Poder Ejecutivo deposita anteproyecto de modificación de Ley 160-21, vía el MIVED


El ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, depositó este miércoles en manos del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el anteproyecto de que modifica la Ley 160-21 que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. 

 Esta propuesta de modificación, a 4 años de su promulgación, busca realizar ajustes y complementar su contenido, con el fin de optimizar su eficacia y mejorar el funcionamiento institucional de dicho Ministerio.

 Durante este periodo, se han identificado áreas de oportunidad que requieren atención, tales como la distribución de competencias entre los Viceministerios, el replanteamiento de algunas funciones específicas, la falta de instrumentos habilitantes adecuados para una supervisión y regulación más rigurosa del sector, una potestad sancionadora limitada y una dispersión en la potestad reglamentaria. 

 El ministro Carlos Bonilla dijo que “este proyecto de ley que modifica la ley que crea el MIVED tiene varios elementos que son pertinentes, muy importantes, que la población sepa. Número uno, es un certificado de habitabilidad, que dependiendo de la cantidad de personas y de la complejidad de la estructura de la edificación que tenga ese certificado, pues se va a tener que renovar cada cierto tiempo. Entonces, eso va a permitir que en ese momento que se renueve ese certificado, que el ministerio, a través de diferentes mecanismos, pueda constatar de una manera segura de que esa edificación no corre peligro”. 

Puerto Plata entre los municipios seleccionados para aplicar Planes de Ordenamiento Territorial


PUERTO PLATA.- El Gobierno central seleccionó al municipio cabecera San Felipe de Puerto Plata, junto a otros 66 municipios del país, para implementar los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT), como parte de una estrategia nacional para promover un desarrollo urbano, rural y turístico sostenible. 

 El anuncio se realizó durante una reunión de socialización en el Salón Verde del Palacio Nacional, presidida por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y con la presencia de comitivas de ediles de San Felipe de Puerto Plata, Neiba y San Cristóbal. Paliza explicó que los PMOT servirán como marco de referencia para orientar la inversión pública y serán ejecutados a través del Viceministerio de Ordenamiento Territorial. 

 “El ordenamiento territorial como política de Estado impulsa un desarrollo sostenible y equitativo. Estamos comprometidos a respaldar a los ayuntamientos en la gestión del suelo y la planificación urbana”, afirmó Paliza, destacando que estos planes conectarán la planificación local con las prioridades nacionales de desarrollo. 

Fraude inmobiliario en Boca Chica: Las decepcionantes historias de quienes confiaron en el proyecto

Según una investigación de El Informe con Alicia Ortega, más de un centenar de personas invirtieron sus ahorros en un terreno baldío donde nunca se levantó una sola pared. 

 Uno de los afectados, Otoniel Pichardo, quien vive en Miami desde hace 40 años, contó entre lágrimas que trabajó “como un caballo, peso a peso”, con la ilusión de regresar a su país para disfrutar su jubilación. “Todo se veía muy bien, ellos lo tenían todo camuflajeado”, dijo Pichardo, quien invirtió 80 mil dólares en cuatro inmuebles, con fecha de entrega para octubre de 2024. 

 El sueño comenzó a desmoronarse cuando, en abril de 2023, un amigo le envió un video mostrando el lugar abandonado y lleno de agua estancada. Pichardo viajó en junio para recuperar parte de su dinero, pero la empresa le informó que solo le reembolsarían cuando lograran vender los apartamentos. “Ahí quedó enterrado mi sueño, en esa pared que ven ahí”, lamentó. 

 Otra víctima, Francia Romero, explicó que se sintió atraída por la supuesta vista al mar de los apartamentos. “Ahí deposité todas mis ilusiones”, expresó tras perder 38 mil dólares. Mientras que Gabriel Rodríguez, un camionero puertorriqueño que vivió 17 años en República Dominicana, aseguró que “nunca pusieron una varilla, nunca una columna”. En 2024 comprobó personalmente que el proyecto no había avanzado y decidió retirarse. 

 El abogado Miguel Serum, representante de más de cien afectados, informó que se presentó una denuncia contra Edgar Hernández y su esposa Mabel Hernández por estafa agravada y lavado de activos. “El proyecto fue presentado como un paraíso terrenal, pero resultó ser un engaño bien estructurado”, dijo. 

 Los apartamentos se vendían entre 54 mil y 80 mil dólares, dependiendo del tamaño. El proyecto prometía 207 unidades habitacionales, locales comerciales, piscina, gimnasio, restaurante, Cigar Club, parqueo, planta eléctrica y ascensores, firmados en contrato por una mujer identificada como Margarita Medrano. 

La regulación del embargo retentivo para la defensa de los usuarios del sistema financiero

En la República Dominicana, el embargo retentivo, como instrumento de recuperación de créditos, ha sido objeto de análisis profundo y debate constante. Este vehículo procesal, que permite indisponer los bienes del deudor en favor de su acreedor, ha demostrado ser una herramienta útil para los fines que fue concebida, más su aplicación se ha tornado compleja puesto que en la práctica conviven tanto su uso legítimo como el ejercicio desviado de este tipo de procedimientos. 

 A junio de 2025 el monto promedio mensual de los depósitos indispuestos superó los RD$28.7 mil millones, colocados en 232,798 cuentas en 29 entidades de intermediación financiera. Dentro de estas cifras se incluyen lastimosamente embargos retentivos trabados de manera abusiva, que limitan el acceso a recursos a personas, mipymes y empresas, con su correlativo efecto sobre la dinámica comercial. 

 La Superintendencia de Bancos ha recibido de primera mano quejas de usuarios que afirman ser objeto de embargos retentivos temerarios y dicen encontrarse desprotegidos frente a una legislación que no se ajusta ya a la realidad. Por este motivo, hemos asumido el compromiso de liderar acciones concretas que contribuyan a actualizar esta figura, proteger los derechos de las personas involucradas y fortalecer la seguridad jurídica. 

 Conscientes de la importancia de contar con una visión comparada para comprender esta problemática, desde esta institución llevamos a cabo un análisis de la legislación vigente en materia de procedimiento de embargo retentivo, con asesoría legal de expertos nacionales e internacionales, lo que nos permitió identificar buenas prácticas asumidas por otros sistemas jurídicos, facilitando la elaboración de propuestas adaptadas a nuestra realidad y necesidad. 

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