Familia Feliz: tres meses de espera, pocas soluciones


San Cristóbal. — Tres meses después del primer reportaje de N Investiga sobre las deplorables condiciones del Residencial Don Antonio, perteneciente al Plan Familia Feliz y ubicado en la zona industrial de Nigua, las familias siguen esperando las mejoras prometidas por las autoridades y la empresa constructora responsable del proyecto. 

 Lo que fue presentado como un símbolo de vivienda digna, seguridad y desarrollo familiar, se ha convertido, según sus propios residentes, en un foco de indignación, peligro y frustración. “No es familia feliz, es familia infeliz y estamos muy inconformes”, expresó Natividad, una de las beneficiarias del proyecto, al describir la situación que viven más de 80 familias. 

 Apartamentos con grietas, filtraciones y sin agua 

El reportaje original reveló que los apartamentos, de apenas 40 metros cuadrados, fueron construidos con materiales de baja calidad y a un costo de RD$56,000 por metro cuadrado, un monto superior al estándar para viviendas de interés social en esa zona. Las promesas de canchas, áreas verdes, escuelas y supermercados nunca se concretaron. En cambio, los residentes enfrentan falta de agua, filtraciones severas, grietas estructurales y deficiencias eléctricas que ponen en riesgo su seguridad.

Comunitarios de Suero denuncian Cap Cana insiste en sacarlos de sus tierras

EL NUEVO DIARIO, LA ALTAGRACIA.- Residentes en la comunidad Suero denunciaron este lunes una supuesta ola de presiones, citaciones y notificaciones enviadas por la empresa Cap Cana, acciones que —alegan— buscan forzar el desalojo de las más de 100 familias que actualmente habitan el paraje, muchas de ellas con arraigo histórico superior a un siglo.

 La denuncia se formalizó mediante una carta abierta, en la que los moradores aseguran vivir un ambiente de “incertidumbre, angustia y acoso”. El documento recuerda que Suero tiene más de 150 años de existencia y ha sido siempre un espacio de convivencia y desarrollo comunitario. Además del número de familias que hoy lo integran, el paraje cuenta con una escuela pública y una iglesia católica establecida desde 1972, lo que reafirma su carácter social, territorial y poblacional. 

 Los comunitarios sostienen que las presuntas presiones que enfrentan contradicen el ordenamiento legal vigente. La Ley 386-06, que creó el Distrito Municipal Verón–Punta Cana, establece en su artículo 2 que Suero es un paraje de la Sección Juanillo, reconociendolo formalmente como unidad político-administrativa del Estado dominicano, amparada por la Constitución. 

Alcalde de Dajabón propone restringir venta de terrenos a haitianos

Santo Domingo.-El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, propuso prohibir la venta de terrenos y propiedades a haitianos, sin importar su estatus migratorio, como parte de un plan titulado “Dominicanización de la Frontera”, con el que se busca recuperar la soberanía nacional y repoblar la zona limítrofe del país con dominicanos. 

 La iniciativa surge, según la autoridad municipal, ante el creciente flujo migratorio de haitianos y la despoblación del territorio dominicano en diferentes comunidades fronterizas de las cinco provincias que limitan de manera directa con Haití, donde asegura que cada año disminuye la presencia nacional. Estas provincias, son: Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. Riverón sostiene que la frontera ha sido “abandonada por el Estado”, permitiendo un avance silencioso que amenaza con diluir la identidad dominicana.

  El primer punto de la propuesta ordena impedir la venta de terrenos o propiedades a extranjeros haitianos, recordando que la Constitución dominicana prohíbe este tipo de transacciones en zonas estratégicas para la seguridad nacional. 

Más de 70 querellas por estafa inmobiliaria en Boca Chica, según abogado


Santo Domingo.– El abogado Miguel Surun Hernández informó que existen más de 70 querellas penales contra el ingeniero Edgar Hernández, acusado de estafar a dominicanos residentes en el exterior mediante la venta de apartamentos ficticios en Boca Chica.

 Surun Hernández señaló que la Fiscalía del Distrito Nacional se ha negado a perseguir al imputado, pero destacó que la Fiscalía de Santo Domingo Este se encuentra actualmente bajo la investigación del caso. 

 Fiscalía acusada de protección 

El abogado denunció que la Fiscalía del Distrito Nacional ha entorpecido la investigación que realizan desde Santo Domingo Este; además, aseguraron que intentan proteger a Edgar Hernández. 

 El jurista afirmó que el ingeniero firmó contratos con los ahorros de las víctimas para un proyecto inmobiliario inexistente, logrando sustraer alrededor de 5.5 millones de dólares. 

 ¿Quiénes más están implicados en el caso? 

Asimismo, pidió que también sean perseguidos otros presuntos involucrados, entre ellos Mabel Félix, esposa del acusado, y otros colaboradores que habrían recibido el dinero. 

 Surun Hernández indicó que representa a seis querellantes en esta fase del proceso, aunque las denuncias superan las setenta. "Esperamos que esta impunidad y burla llegue a su fin; una persona que se roba los ahorros de 110 familias no puede seguir burlándose de la gente y de esta sociedad", puntualizó.

Ministerio Público solicita apertura a juicio contra acusados de Operación Búho


SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Santo Domingo Oeste que dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados de formar parte de la red que cometió un fraude por unos RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), la cual fue desmantelada con la Operación Búho. 

 Con el fraude, la estructura criminal afectó a 366 víctimas, señala el órgano acusador en el expediente. 

 Por el caso fueron acusados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra, Julio César Minaya Mejía, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez y Simona Borsilea Juan, así como Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa. Además, fue acusado Pedro Eligio Bonilla, quien fue declarado en rebeldía. 

 También, las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L, ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L, Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L y GBS Baseball Academy S.R.L. 

CCRD detecta pagos sin sustento por más de RD$115 millones en obras del Mispas entre 2016 y 2021

Un informe de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) detectó que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) realizó pagos ascendentes a RD$115,529,148 por partidas con precio alzado (P.A.) sin los debidos sustentos documentales ni desgloses de costos, durante la ejecución de obras en el período 2016-2021. 

 Según el documento, las autoridades del Mispas realizaron pagos de RD$61,416,747 por “Almacenamiento de equipos médicos y mobiliarios” y RD$54,112,401 por “Renovación de garantías, entrenamientos e inspección de equipos”. Estas partidas fueron registradas bajo la modalidad de precio alzado, sin que los expedientes incluyeran los análisis de costos que justificaran los montos pagados. 

 Respuesta del Ministerio de Vivienda 

En la auditoría se señala que la Cámara de Cuentas solicitó al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) los análisis de costos y sustentos relacionados con el contrato CON-MISPAS-000-2013, pero la entidad respondió mediante la comunicación DM-EXT-0555-22 que “no posee la información solicitada”, en referencia a las partidas bajo precio alzado. 

 El informe cita que, conforme al Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Edificaciones (M009) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), toda partida pagada bajo la modalidad de precio alzado debe estar debidamente soportada con materiales, mano de obra, equipos y demás componentes que la integran. Ante esa irregularidad, la Cámara de Cuentas recomendó al ministro de Salud “asegurar que todos los presupuestos y cubicaciones que contengan partidas de precios alzados estén debidamente sustentados y con el detalle de cada componente que las conforma”, conforme lo dispone el artículo 18.2 del citado manual.

Turba Armada Intenta Desalojo Ilegal En Una Construcción En Litigio En Santo Domingo Oeste

Santo Domingo Oeste.– Una turba de hombres fuertemente armados penetró este jueves a una propiedad en construcción ubicada en la calle La Ciénaga número 31, en el residencial Bosque Real del sector Los Hidalgos, con el presunto propósito de realizar un desalojo ilegal y apoderarse de varios apartamentos, generando pánico entre los residentes de la zona. 

 De acuerdo con los reportes, los hombres, aún no identificados, ingresaron a la construcción —que se encuentra en litigio en la jurisdicción civil e inmobiliaria— y amenazaron con asesinar a los ocupantes del lugar si no abandonaban la propiedad. 

La acción desató momentos de tensión y miedo, mientras vecinos alertaban a las autoridades. La Policía Nacional intervino de inmediato en la construcción, logrando apresar a los individuos, quienes fueron trasladados a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, donde permanecen detenidos mientras se les prepara el expediente correspondiente para su sometimiento a la justicia. 

 La propiedad afectada pertenece a la empresa Megaproyectos, que ha mantenido una disputa legal por la titularidad del terreno. Fuentes cercanas al proceso aseguran que el litigio aún no ha sido resuelto en los tribunales, por lo que cualquier intento de ocupación o desalojo carece de fundamento legal. 

Cámara de Cuentas y Poder Judicial firman acuerdos para fortalecer la transparencia en el país


Santo Domingo, República Dominicana. – La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y el Consejo del Poder Judicial (CPJ) suscribieron este martes un acuerdo de colaboración con el objetivo de regular la cooperación mutua para la verificación, intercambio y validación de los datos registrales de los inmuebles que figuran en las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por los funcionarios públicos, conforme a lo establecido en la Ley núm. 311-14. 

 El convenio, rubricado por la presidenta de la Cámara de Cuentas, doctora Emma Polanco Melo, y el director general de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio Frías, busca garantizar la integridad, exactitud y confiabilidad de la información patrimonial. 

 Durante la ceremonia, la doctora Polanco Melo destacó la importancia de este acuerdo para el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en la República Dominicana, resaltando su relevancia como un paso decisivo hacia la modernización y digitalización de los procesos institucionales. “La firma de estos convenios constituye una muestra concreta de cooperación interinstitucional en favor del interés nacional. Con esta alianza fortalecemos los lazos entre nuestras entidades y reafirmamos el compromiso de trabajar juntos por una administración pública y de justicia más cercana a los principios de integridad, ética y transparencia que exige la sociedad dominicana. De esta manera, garantizamos la integridad, exactitud y confiabilidad de la información patrimonial, pilares esenciales para una gestión pública transparente y ética”, subrayó la titular de la CCRD. 

Cooperativas tienen alto riesgo al lavado de activos


Las cooperativas, entidades de economía solidaria entre las que muchas se dedican a realizar actividades de intermediación financiera, con activos que superan los de importantes bancos múltiples del país, aparecen entre los sectores económicos de mayor vulnerabilidad y riesgos para acciones de lavado de activos. Así lo indica el más reciente Informe Ejecutivo de Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de República Dominicana (ENR LA/FT), elaborado por técnicos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda y Economía. 

El documento hace mediciones con base en el riesgo de amenaza global y los niveles de vulnerabilidad global sobre el delito de lavado de activos. El informe indica que los sectores con menos vulnerabilidad al lavado de activos son el de seguros y el de valores. 

Más adelante agrega que “los sectores más vulnerables estuvieron integrados por cooperativas con un nivel alto (A), así como agentes de cambio y remesadoras, casinos y juegos de azar (concesionarias de lotería electrónica y bancas de apuestas deportivas y de loterías en modalidad presencial y online, casinos, salas de juego de máquinas)”, además de las agencias de vehículos de motor (dealers), inmobiliarias, constructoras y metales preciosos (joyerías y casas de empeño), con una calificación de vulnerabilidad media alta (MA). 

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