El Gobierno iría al rescate de ACOPROVI en medio de crisis en el sector construcción

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ANTO DOMINGO. – Este lunes 17 de noviembre, a las 3:00 de la tarde vence el plazo para que empresas del sector construcción, afiliadas a la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), envíen información detallada sobre sus proyectos, los cuales recibirían “atención y gestión prioritaria” en instituciones públicas. 

 En un mensaje enviado el pasado viernes 14 del presente mes de noviembre, y al cual tuvo acceso El Inmobiliario, la asociación pide a sus integrantes enviar a la mayor brevedad, los casos de proyectos que se encuentren pendientes de aprobación ante cualquier institución gubernamental.

 «Por instrucciones directas de la Presidencia de la República, se ha dispuesto la atención y gestión prioritaria hacia ACOPROVI, para todos aquellos casos de proyectos que se encuentran pendientes de aprobación ante cualquier institución gubernamental», dice el aviso enviado por la entidad a sus miembros. Agrega que para canalizar la pronta solución de dichos expedientes, los interesados deben completar y enviar «de inmediato» la información correspondiente, incluyendo nombre de la empresa, representante, institución gubernamental donde se encuentre el expediente, en caso de aplicar; fecha de depósito, inicio de trámite, nombre del proyecto y dirección del mismo. 

 Sin embargo, la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) y la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (ACOSDE), informaron a El Inmobiliario que no han recibido notificaciones similares, lo que abre interrogantes sobre el alcance y la naturaleza de la instrucción gubernamental. 

Pide detener repartición de los terrenos La Cruz de Manzanillo

SANTO DOMINGO.- El secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, exigió del Gobierno detener de inmediato la repartición de los terrenos del proyecto La Cruz de Manzanillo, «patrimonio del pueblo dominicano». 

 El exsenador denunció que el abandono durante cinco años del proyecto por parte del ministro de Agricultura, Limber Cruz, y la ineficacia del programa SiembraRD, habría servido de antesala para justificar la distribución de esas tierras entre funcionarios y sus allegados. 

 En declaraciones a periodistas, dijo que el deterioro y abandono del proyecto permitió que particulares ocuparan terrenos con el objetivo de encubrir la repartición de ahora a funcionarios y políticos del PRM. 

 Sánchez Roa alertó que el país enfrenta una profunda crisis en el sector bananero, tradicionalmente uno de los principales renglones de exportación. Explicó que las exportaciones de banano se desplomaron en 44%, pasando de US$363 millones en 2021 a US$202.7 millones en 2024. 

 Asimismo, señaló que el rendimiento por tarea se redujo de 2 cajas a 1.2, mientras los costos de producción aumentaron en un 30%, ocasionando pérdidas significativas para los productores. 

Denuncian proceso jurídico paraliza proyecto viviendas en La Romana

La Romana.– Compradores y copropietarios de un proyecto de 400 viviendas en la provincia La Romana denunciaron que un proceso jurídico ha impedido que decenas de familias que adquirieron sus casas puedan recibirlas. 

La situación también ha provocado la paralización total de las operaciones de la empresa, afectando a empleados, obreros y suplidores. Indicaron que diversas acciones judiciales han involucrado a Inmobiliaria Don Juan en un proceso del cual, afirman, la compañía no forma parte. 

Señalaron que esas actuaciones han sido objeto de cuestionamientos en distintas instancias y que han afectado el desarrollo normal del proyecto. Un proceso jurídico que afecta la entrega de viviendas.

 El jurista Dionisio Ortiz explicó que el conflicto se originó cuando Inmobiliaria Don Juan, propietaria del terreno y promotora del proyecto, fue incluida dentro del proceso de separación de bienes correspondiente al divorcio entre el señor Juan Rafael Llaneza y la señora María Amelia Hazoury. Sostuvo que se han interpuesto procesos en tribunales dominicanos y extranjeros que, según afirmó, no guardan relación con la empresa.

Ministerio Público recibe amplio expediente por invasión armada en terreno de 2.2 millones de metros en Suero, Juanillo

La Altagracia. – La empresa Inversiones y Bienes Raíces Juanillo Cana, SRL, representada por Diego Bernardo Morales Cedeño y Diego Morales Ceballos, amplió formalmente su querella penal ante la Procuraduría Fiscal de La Altagracia contra Narciso Santana Ramírez (alias “Dingo”), Rudy Calderón Santana y varias personas aún no identificadas que, según los documentos oficiales, han ejecutado actos violentos, amenazas graves y ocupación ilegal en un terreno propiedad de la compañía. 

 La querella está sustentada en múltiples artículos del Código Penal Dominicano, incluyendo los artículos 265, 266, 307, 309 y 309-3, así como la Ley 5869 sobre violación a la propiedad inmobiliaria y la Ley 631-16 sobre armas de fuego. 

La empresa está representada legalmente por la Dra. Cristina García y el Lic. Amaury Uribe Miranda. 

 Amenazas de muerte, armas y violencia directa 

 Los documentos revelan que Narciso Santana y sus acompañantes: Amenazaron con quemar vehículos, equipos y maquinarias utilizados por la empresa. Portaban armas de fuego ilegales, contrariando el artículo 66 de la Ley 631-16. Amenazaron con disparar a cualquier persona que intentara entrar al inmueble. Impidieron el paso de brigadas autorizadas para el acondicionamiento del terreno. Obstaculizaron repetidamente los trabajos, incluso luego de un desalojo legalmente ejecutado. 

Apertura a juicio contra red desmantelada en Operación Búho, acusada de estafa por más de RD$ 2,500 millones

Un juez de Santo Domingo Oeste dictó auto de apertura a juicio contra los principales acusados de la red fraudulenta desmantelada con la Operación Búho y que habría cometido una estafa de RD$ 2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera). 

 El tribunal ordenó el envío a juicio de los acusados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra, Julio César Minaya Mejía, Simona Borsilea Juan, así como a Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa. 

 También, a las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L, ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L, Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L y GBS Baseball Academy S.R.L. 

 En favor de las procesadas Kenia del Carmen Liriano Pérez y Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez el tribunal dictó un auto de no ha lugar. El Ministerio Público persigue a Pedro Eligio Bonilla, declarado en rebeldía. 

Registro Inmobiliario participó en la Conferencia y Asamblea Anual de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP) – #CONFCAT25

Lima, Perú – del 12 al 14 de noviembre de 2025. El Registro Inmobiliario participó en la Conferencia y Asamblea Anual de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP), con la representación de los señores Ricardo José Noboa Gañán, Administrador General del Registro Inmobiliario, en funciones de Secretario del Registro Inmobiliario, Indhira del Rosario Luna, Directora Nacional de Registro de Títulos y Ridomil A. Rojas Ferreyra, Director Nacional de Mensuras Catastrales, celebrada en la ciudad de Lima, Perú, del 12 al 14 de noviembre de 2025. 

 Este importante encuentro regional, denominado #CONFCAT25, fue organizado por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) de Perú, en coordinación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el apoyo del Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 La conferencia forma parte de los compromisos asumidos en las Resoluciones de Fortalecimiento de la Democracia de las Asambleas Generales de la OEA, orientados al fortalecimiento del catastro y el registro de la propiedad en las Américas. 

Construcción, hotelería y servicios profesionales presentan mayores evasión en ITBIS, según FMI

Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) determinó que los sectores construcción-comercio, hotelería y restaurantes, así como los servicios profesionales, concentran las mayores brechas de cumplimiento en el pago del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) en la República Dominicana. 

 De acuerdo con el informe, la recaudación del ITBIS como proporción del producto interno bruto (PIB) aumentó de 4.6 % a 5 % entre 2018 y 2023. El análisis señala que, aunque la eficiencia del impuesto continúa por debajo del promedio regional, el país ha mostrado una mejora desde 2021. 

 El comportamiento de las recaudaciones reveló una caída a 4.4 % del PIB en 2020, seguida de una recuperación en los años posteriores. Los ingresos del ITBIS interno fluctuaron entre 2.5 y 2.8 puntos del PIB, mientras que los provenientes de Aduanas se ubicaron entre 1.8 y 2.4 puntos. 

 El informe técnico, elaborado por Patricio Barra y Miguel Pecho, del Departamento de Finanzas del FMI, responde a una solicitud del director general de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez Veras. 

 La investigación se desarrolló bajo un esquema híbrido mediante tres misiones realizadas entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, con participación activa de técnicos de la DGII en la recopilación e interpretación de datos del período 2018-2023. 

Tribunal impone coerción millonaria a un abogado por presunta estafa inmobiliaria en Cabarete

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte impuso una garantía económica de cinco millones de pesos en efectivo contra el abogado Joel Carlo Román, acusado por el Ministerio Público como supuesto cabecilla de un entramado de estafa inmobiliaria y falsificación de documentos, en Cabarete. 

 La coerción implica, además, impedimento de salida del país y presentación periódica los días 20 de cada mes por ante la fiscalía. El abogado Román fue arrestado de inmediato y se mantendrá privado de libertad hasta que se cumplan efectivamente las medidas de coerción impuestas. 

 De acuerdo con la acusación, Román, junto a otros coimputados, habría utilizado las sociedades Ventanas del Mar, S.R.L. y Epic Worldwide Enterprises, S.A. para simular compras de inmuebles mediante promesas de venta, usando documentos falsificados y suplantación de identidad para obtener transferencias judiciales de títulos sin completar el pago. 

 Entre las víctimas figura la empresa SOSCAB 2010, S.R.L., presuntamente estafada en una operación por US$530,000 sobre un terreno en Cabarete, de los cuales solo se habrían pagado US$25,000, además de otros afectados, lo que evidenciaría un patrón sistemático de actuación. 

Imponen prisión preventiva a exoficial del Estado Civil y cómplice acusados de falsificar actas para apropiarse de terrenos

Santo Domingo.- Un hombre y una exoficial del Estado Civil de Baní fueron enviados a prisión preventiva por un mes, tras ser acuados por falsedad en escritura pública y prevaricación, en un caso que ha sacudido a la provincia de Peravia. 

 La investigación del Ministerio Público revela que ambos formaban parte de un entramado destinado a la reconstrucción fraudulenta de actas del Estado Civil, utilizando documentos falsos y manipulando registros oficiales sin que las alegadas actas estuvieran inscritas en los libros correspondientes. 

 Según las autoridades, estas maniobras tenían un propósito doloso: permitir que ciertos solicitantes reclamaran derechos de propiedad sobre terrenos ajenos mediante filiaciones inexistentes. De esta manera, personas sin legitimidad legal podían intentar apropiarse de bienes inmuebles utilizando actas adulteradas como sustento. Los imputados son Yohana Elizabeth de la Cruz Matos, exoficial del Estado Civil de la Primera Circunscripción de Baní, y Dionicio Colomé. 

La jueza Rosaura Garabitos, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Peravia, decidió imponer la prisión preventiva como medida cautelar, ante el riesgo de que los acusados pudieran obstaculizar la investigación o sustraerse de la justicia.