Ministerio Público recibe amplio expediente por invasión armada en terreno de 2.2 millones de metros en Suero, Juanillo

La Altagracia. – La empresa Inversiones y Bienes Raíces Juanillo Cana, SRL, representada por Diego Bernardo Morales Cedeño y Diego Morales Ceballos, amplió formalmente su querella penal ante la Procuraduría Fiscal de La Altagracia contra Narciso Santana Ramírez (alias “Dingo”), Rudy Calderón Santana y varias personas aún no identificadas que, según los documentos oficiales, han ejecutado actos violentos, amenazas graves y ocupación ilegal en un terreno propiedad de la compañía. 

 La querella está sustentada en múltiples artículos del Código Penal Dominicano, incluyendo los artículos 265, 266, 307, 309 y 309-3, así como la Ley 5869 sobre violación a la propiedad inmobiliaria y la Ley 631-16 sobre armas de fuego. 

La empresa está representada legalmente por la Dra. Cristina García y el Lic. Amaury Uribe Miranda. 

 Amenazas de muerte, armas y violencia directa 

 Los documentos revelan que Narciso Santana y sus acompañantes: Amenazaron con quemar vehículos, equipos y maquinarias utilizados por la empresa. Portaban armas de fuego ilegales, contrariando el artículo 66 de la Ley 631-16. Amenazaron con disparar a cualquier persona que intentara entrar al inmueble. Impidieron el paso de brigadas autorizadas para el acondicionamiento del terreno. Obstaculizaron repetidamente los trabajos, incluso luego de un desalojo legalmente ejecutado. 

 Estas amenazas, según la querella, constituyen ilícitos penales tipificados en el artículo 307 del Código Penal, al tratarse de violencia condicionada para que la víctima no realice ninguna acción. Además, el grupo habría actuado en concierto, configurando una asociación de malhechores, castigada por los artículos 265 y 266. 

 Desalojo legal ignorado por los imputados 

 El expediente señala que el 27 de agosto de 2025, mediante el acta No. 770/2025 y en cumplimiento de la Resolución 343/2025 del Tribunal de Tierras, se ejecutó un desalojo formal dentro de la propiedad. A pesar de esto, Narciso Santana y otros individuos: Volvieron a ingresar ilegalmente. Se mantuvieron vigilando el acceso. Impidieron el uso legítimo del inmueble. Amenazaron tanto al personal como a la propietaria. 

 Estas acciones, explica el documento, violan el derecho de propiedad plenamente registrado en el Certificado de Título No. 100006355, correspondiente a un terreno de 2,250,000.65 m². 

 Obstrucción de trabajos ambientales autorizados 

 La empresa tenía autorización del Ministerio de Medio Ambiente para: Abrir y rellenar una trocha de 2,000 metros lineales por 5 metros de ancho, En un terreno con especies como Javilla, Palmas Reales, Framboyán, Almacigo, entre otras, Con un permiso válido por 30 días. Sin embargo, los imputados, armados y vigilantes, impidieron la ejecución de estos trabajos, causando pérdidas económicas y retrasos significativos. 

 Fundamento legal: violación a la propiedad, armas ilegales y asociación criminal

 La querella cita textualmente: Ley 5869: Penaliza la intrusión en una propiedad sin permiso del titular. Ley 631-16 (Art. 66): Sanciona con 3 a 5 años de prisión el porte o tenencia ilegal de armas de fuego. Código Penal (Art. 309-3): Penaliza la violencia acompañada de armas o amenazas de muerte. Código Penal (Art. 265 y 266): Penaliza la asociación de personas para cometer crímenes.

 El comportamiento de los querellados, señala el documento, encaja dentro de todos estos tipos penales. La empresa exige acción firme del Ministerio Público La denuncia sostiene que las actuaciones de los imputados representan: Una amenaza directa a la seguridad jurídica. Violencia organizada contra la propiedad privada. Uso de armas ilegales para intimidar. Violación flagrante al derecho de posesión, uso y disfrute del inmueble. 

 La empresa reitera su confianza en las autoridades, destacando que el caso cumple con todos los requisitos procesales de admisibilidad objetiva y subjetiva, conforme a los artículos 267, 359, 360 y los derechos de la víctima establecidos en los artículos 83 y 84 del Código Procesal Penal. 

 Conclusión 

 Inversiones Juanillo Cana solicita la intervención inmediata del Ministerio Público para detener la cadena de agresiones, amenazas y violaciones a la propiedad. La empresa afirma que no permitirá que la violencia, la intimidación y la ocupación ilegal socaven el orden y el respeto a la ley en La Altagracia.

Fuente: https://bavarodigital.net/ministerio-publico-recibe-amplio-expediente-por-invasion-armada-en-terreno-de-2-2-millones-de-metros-en-suero-juanillo/