Abogados de Gonzalo Castillo presentarán este jueves alegatos de defensa contra acusación del Ministerio Público

Los abogados de Gonzalo Castillo, imputado en el caso de corrupción Calamar, donde según el Ministerio Público varios exfuncionarios habrían defraudado al Estado con más de RD$19 mil millones, presentarán este jueves sus alegatos de defensa durante la audiencia preliminar. 

 El proceso es conocido por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, quien escuchará los alegatos de los imputados junto a las pruebas que estos presenten en respuesta a la acusación formal del Ministerio Público contra los involucrados en el caso Calamar.

 Posteriormente, el Ministerio Público presentará su réplica frente a los alegatos de defensa expuestos por las barras de los imputados. Luego, los representantes legales de los acusados tendrán la oportunidad de presentar su contrarréplica a la respuesta del órgano acusador. 

 Una vez concluido el proceso, la jueza Altagracia Ramírez se reservará el fallo para decidir si envía o no a juicio a los imputados de corrupción. En este proceso, además de Gonzalo Castillo, también figuran los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, así como otros coimputados. 

Paulino Castro: exregidor con un pasado de acceso privilegiado a terrenos del CEA en Boca Chica

SANTO DOMINGO. El exregidor por Boca Chica Francisco Alberto Paulino Castro, mejor conocido como “Francis” o “El Compadre”, no solo figura como uno de los imputados centrales de la red de apoyo logístico al narcotráfico desmantelada en la Operación Kraken, sino que además aparece como un hombre que, durante más de una década, acumuló propiedades con documentos que lo vinculan directamente con procesos de compra de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en su municipio desde 2014, aprovechando sus influencias en la comunidad. 

 Estas informaciones constan en los hallazgos documentales ocupados en los allanamientos practicados en sus propiedades durante el reciente cateo que se le practicó previo a su detención para ser enjuiciado por ser parte del grupo criminal desmantelado. 

 Durante el registro de uno de los inmuebles donde reside Paulino Castro, las autoridades ocuparon un conjunto de documentos que levantan interrogantes sobre el acceso privilegiado que habría tenido para la adquisición de terrenos del CEA. En el expediente del allanamiento se detalla la ocupación de una certificación del Consejo Estatal del Azúcar emitida a nombre de Francisco Alberto Paulino Castro, fechada el 30 de diciembre de 2014, que incluía la solicitud de compra de terrenos, declaración jurada de inmueble y la certificación de la Alcaldía de Boca Chica. También le fue encontrada una remisión de “no objeción” a la venta de terreno, igualmente emitida por el CEA y también a favor de Paulino Castro, fechada el 4 de abril de 2014. Estos dos documentos muestran que Paulino Castro tramitó y obtuvo, autorizaciones para comprar tierras propiedad del Estado en la zona de Boca Chica, y que estas operaciones se remontan al periodo citado. 

Arrestan en Colombia a otra cabecilla de la red criminal desmantelada con la Operación Guepardo

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En un esfuerzo conjunto entre el Ministerio Público, el Departamento de Investigación de Lavados de Activos y Financiamiento Terrorismo (Dilaft), de la Policía Nacional, y la Oficina OCN del Interpol Santo Domingo, fue arrestada en Colombia la venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendi, una de las cabecillas de la estructura de estafa inmobiliaria y lavado de activos desmantelada en la Operación Guepardo. 

 Belfon Arismendi adquirió, junto a la extraditable Loany Lismeiry Ortiz Nova, también cabecilla de la red, activos de alto valor en el país con el dinero de las víctimas luego de que lo depositaran en la cuenta principal de Novasco Real Estate SRL como pago por cada uno de sus proyectos. 

 Dicha cuenta bancaria era manejada por Ortiz Nova, la cual posteriormente retiró el dinero en el último año de la estafa y lo colocó en una cuenta de la venezolana Belfon Arismendi para adquirir los bienes muebles e inmuebles producto de la actividad ilícita. 

 De igual manera, la ciudadana venezolana se encargó de planificar la fuga de la Loany Ortiz, desde su salida de República Dominicana a Colombia, y al momento de los arrestos, el 7 de febrero de 2025, esconderse en Venezuela, antes de intentar huir por Cúcuta, en la frontera Colombia – Venezuela. 

Senador Cristóbal Castillo somete anteproyecto que regula adquisición de inmuebles por extranjeros en zonas fronterizas

El senador por la provincia Hato Mayor, Dr. Cristóbal Castillo, sometió un anteproyecto de ley el cual tiene como objeto regular, supervisar y controlar la adquisición, posesión, uso y transferencia de propiedades inmobiliarias ubicadas en la zona fronteriza por parte ciudadanos, empresas o entidades extranjeras. 

 La iniciativa de ley consta de 16 artículos, estableciendo en su número 6 que queda prohibida la adquisición de inmuebles por extranjeros zonas estratégicas para la defensa nacional, así como en terrenos militares o institucionales, en áreas protegidas o de conservación, y en sectores donde existan infraestructuras críticas. 

 El anteproyecto del legislador oficialista también establece que el uso del inmueble “deberá coincidir estrictamente con los fines autorizados, pudiendo ser: a) Desarrollo agropecuario. b) Proyectos turísticos regulados. c) Proyectos industriales o comerciales aprobados. d) Vivienda personal o familiar”. 

 El mismo también crea el Registro Nacional de Inversiones Fronterizas, bajo la autoridad del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Bienes Nacionales. 

Contempla en uno de sus artículos que el Estado dominicano podrá realizar inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento del uso autorizado del inmueble. 

Aseguran que terrenos de “los girasoles” de Navarrete pertenecen al Estado y fueron vendidos irregularmente

NAVARRETE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El líder comunitario Danilo de Jesús Rodríguez denunció este martes un desalojo que calificó como “inconstitucional” en la parcela 232 del sector Los Girasoles, en Navarrete, donde familias habían ocupado terrenos durante casi dos décadas. Según afirmó, miembros de la Fuerza Pública actuaron sin previo aviso y destruyeron en minutos lo que calificó como el esfuerzo de 18 años de residentes que buscaban un lugar donde vivir. Rodríguez explicó que el terreno fue registrado como propiedad del Estado y posteriormente distribuido entre madres y padres de familia que no contaban con vivienda. Aseguró que él y otros comunitarios fueron sometidos a la justicia en el pasado, pero presentaron certificaciones del Tribunal de Tierras que confirmaban que la parcela no estaba titulada, lo que permitió que permanecieran en el lugar. El dirigente señaló al señor Antonio Tabaré Coquete como responsable de intentar apropiarse del terreno y vender porciones sin documentos válidos, incluyendo un presunto acuerdo con un hombre identificado como Danilo Santos. Indicó que en una audiencia anterior, Coquete no presentó títulos de propiedad y solo entregó un acta de matrimonio, lo que fue rechazado por la jueza. Proceso judicial en parcela de Los Girasoles Rodríguez afirmó que la parcela 232 abarca un amplio perímetro que incluye áreas donde operan sindicatos de transporte, comercios recientes y edificios residenciales. Insistió en que la parcela no aparece registrada en los archivos del Tribunal de Tierras, por lo que considera improcedente cualquier desalojo sin notificación formal. El comunitario pidió que se investiguen los daños causados durante la intervención y que se responsabilice a quienes, según dijo, han vendido terrenos estatales de manera ilegal. Aseguró estar dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer el caso y defender a las familias afectadas.

Fuente: https://7segundos.com.do/aseguran-que-terrenos-de-los-girasoles-de-navarrete-pertenecen-al-estado-y-fueron-vendidos-irregularmente/22/11/2025/

El Gobierno iría al rescate de ACOPROVI en medio de crisis en el sector construcción

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ANTO DOMINGO. – Este lunes 17 de noviembre, a las 3:00 de la tarde vence el plazo para que empresas del sector construcción, afiliadas a la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), envíen información detallada sobre sus proyectos, los cuales recibirían “atención y gestión prioritaria” en instituciones públicas. 

 En un mensaje enviado el pasado viernes 14 del presente mes de noviembre, y al cual tuvo acceso El Inmobiliario, la asociación pide a sus integrantes enviar a la mayor brevedad, los casos de proyectos que se encuentren pendientes de aprobación ante cualquier institución gubernamental.

 «Por instrucciones directas de la Presidencia de la República, se ha dispuesto la atención y gestión prioritaria hacia ACOPROVI, para todos aquellos casos de proyectos que se encuentran pendientes de aprobación ante cualquier institución gubernamental», dice el aviso enviado por la entidad a sus miembros. Agrega que para canalizar la pronta solución de dichos expedientes, los interesados deben completar y enviar «de inmediato» la información correspondiente, incluyendo nombre de la empresa, representante, institución gubernamental donde se encuentre el expediente, en caso de aplicar; fecha de depósito, inicio de trámite, nombre del proyecto y dirección del mismo. 

 Sin embargo, la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) y la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (ACOSDE), informaron a El Inmobiliario que no han recibido notificaciones similares, lo que abre interrogantes sobre el alcance y la naturaleza de la instrucción gubernamental. 

Pide detener repartición de los terrenos La Cruz de Manzanillo

SANTO DOMINGO.- El secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, exigió del Gobierno detener de inmediato la repartición de los terrenos del proyecto La Cruz de Manzanillo, «patrimonio del pueblo dominicano». 

 El exsenador denunció que el abandono durante cinco años del proyecto por parte del ministro de Agricultura, Limber Cruz, y la ineficacia del programa SiembraRD, habría servido de antesala para justificar la distribución de esas tierras entre funcionarios y sus allegados. 

 En declaraciones a periodistas, dijo que el deterioro y abandono del proyecto permitió que particulares ocuparan terrenos con el objetivo de encubrir la repartición de ahora a funcionarios y políticos del PRM. 

 Sánchez Roa alertó que el país enfrenta una profunda crisis en el sector bananero, tradicionalmente uno de los principales renglones de exportación. Explicó que las exportaciones de banano se desplomaron en 44%, pasando de US$363 millones en 2021 a US$202.7 millones en 2024. 

 Asimismo, señaló que el rendimiento por tarea se redujo de 2 cajas a 1.2, mientras los costos de producción aumentaron en un 30%, ocasionando pérdidas significativas para los productores. 

Denuncian proceso jurídico paraliza proyecto viviendas en La Romana

La Romana.– Compradores y copropietarios de un proyecto de 400 viviendas en la provincia La Romana denunciaron que un proceso jurídico ha impedido que decenas de familias que adquirieron sus casas puedan recibirlas. 

La situación también ha provocado la paralización total de las operaciones de la empresa, afectando a empleados, obreros y suplidores. Indicaron que diversas acciones judiciales han involucrado a Inmobiliaria Don Juan en un proceso del cual, afirman, la compañía no forma parte. 

Señalaron que esas actuaciones han sido objeto de cuestionamientos en distintas instancias y que han afectado el desarrollo normal del proyecto. Un proceso jurídico que afecta la entrega de viviendas.

 El jurista Dionisio Ortiz explicó que el conflicto se originó cuando Inmobiliaria Don Juan, propietaria del terreno y promotora del proyecto, fue incluida dentro del proceso de separación de bienes correspondiente al divorcio entre el señor Juan Rafael Llaneza y la señora María Amelia Hazoury. Sostuvo que se han interpuesto procesos en tribunales dominicanos y extranjeros que, según afirmó, no guardan relación con la empresa.

Ministerio Público recibe amplio expediente por invasión armada en terreno de 2.2 millones de metros en Suero, Juanillo

La Altagracia. – La empresa Inversiones y Bienes Raíces Juanillo Cana, SRL, representada por Diego Bernardo Morales Cedeño y Diego Morales Ceballos, amplió formalmente su querella penal ante la Procuraduría Fiscal de La Altagracia contra Narciso Santana Ramírez (alias “Dingo”), Rudy Calderón Santana y varias personas aún no identificadas que, según los documentos oficiales, han ejecutado actos violentos, amenazas graves y ocupación ilegal en un terreno propiedad de la compañía. 

 La querella está sustentada en múltiples artículos del Código Penal Dominicano, incluyendo los artículos 265, 266, 307, 309 y 309-3, así como la Ley 5869 sobre violación a la propiedad inmobiliaria y la Ley 631-16 sobre armas de fuego. 

La empresa está representada legalmente por la Dra. Cristina García y el Lic. Amaury Uribe Miranda. 

 Amenazas de muerte, armas y violencia directa 

 Los documentos revelan que Narciso Santana y sus acompañantes: Amenazaron con quemar vehículos, equipos y maquinarias utilizados por la empresa. Portaban armas de fuego ilegales, contrariando el artículo 66 de la Ley 631-16. Amenazaron con disparar a cualquier persona que intentara entrar al inmueble. Impidieron el paso de brigadas autorizadas para el acondicionamiento del terreno. Obstaculizaron repetidamente los trabajos, incluso luego de un desalojo legalmente ejecutado.