Denuncian expediente cae en limbo jurídico

Santiago.- La oficina de abogados Ulloa & Asociados denunció que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) colocó en un limbo jurídico el expediente número 00-4-2024-PRAD-00002 correspondiente a la solicitud de declinatoria por sospecha legítima sometida por Victorino Antonio Hernández, por ante el Pleno de la Suprema en contra de los jueces del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, en el Seibo.“A pesar de que la instancia en solicitud de declinatoria data del mes de enero, hasta la fecha la misma no ha sido objeto de conocimiento”, subraya una nota de la firma Ulloa & Asociados.

 Precisa que no obstante la gravedad de los hechos denunciados, la instancia cursante por ante la Suprema Corte de Justicia ha sido lanzada al zafacón del olvido, situación que coloca dicho proceso en una especie de limbo jurídico, en vista de que actualmente ningún tribunal puede conocer del caso de Victorino Hernández hasta tanto la Suprema Corte de Justicia decida a qué departamento judicial enviaría el expediente. 

 Señala que la Suprema Corte de Justicia, en ocasión del conocimiento de dicha declinatoria, tiene la facultad de apoderar para la continuación del conocimiento de dicha Litis a uno de los Tribunales Superiores de Tierras restantes , ya sea el de la región Nordeste, el Norte o el Tribunal de Tierras del Departamento Central. 

Reforma constitucional: Poder Ejecutivo deposita en Congreso proyecto de ley de convocatoria asamblea revisora

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader sometió hoy a la consideración del Congreso Nacional el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma fiscal y, en consecuencia, ordena la reunión de la Asamblea Nacional Revisora.

 La iniciativa del presidente fue entregada al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. En una rueda de prensa ofrecida desde las instalaciones del Congreso Nacional, ambos coincidieron en que la propuesta representa un paso valiente del gobierno y una clara respuesta a exigencias reiteradas de la sociedad. 

 «Tal y como había sido anunciado previamente por el presidente Abinader, la propuesta de reforma constitucional impulsada tiene cuatro objetos principales, que son: (1) garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial, al impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas; (2) consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones; (3) unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, municipales y de demás representantes electivos; y (4) adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados», indica una nota de prensa despachara desde el Palacio Nacional. 

 Durante el acto de depósito en el Senado, el consultor jurídico resaltó que la propuesta del presidente es el resultado de más de tres años de diálogo continuo con diversos sectores de la sociedad, el cual ha enriquecido la intención original del Poder Ejecutivo. 

Haciendo alusión al mensaje del presidente Abinader, reiteró que “se trata de una reforma constitucional sin precedentes en la historia de la República Dominicana, la cual busca robustecer la democracia y el sistema de separación de poderes, con la cual el presidente cumple el compromiso asumido ante el electorado dominicano desde el inicio de sus aspiraciones presidenciales”. 

 Del mismo modo, Antoliano Peralta expresó que durante las últimas semanas el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo ha sido objeto de amplio debate, incluyendo varias reuniones con la comunidad jurídica, convocada al Palacio Nacional a tales fines.

ACOPROVI alerta sobre deficiencias en el anteproyecto de Ley de alquileres en República Dominicana


Santiago.-La presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda (ACOPROVI), Annerys Meléndez, ha emitido una advertencia sobre posibles deficiencias en el anteproyecto de Ley de Alquileres que actualmente se debate en la República Dominicana. 

 En una reciente entrevista en el programa Hoy Mismo, Meléndez destacó la necesidad de ajustes clave en la propuesta legislativa para evitar que su implementación tenga un efecto nulo en el mercado inmobiliario. 

 Deficiencias del anteproyecto de Ley de alquileres 

Durante la entrevista, Meléndez señaló cuatro puntos críticos que, de no ser corregidos, podrían limitar el impacto positivo que se espera con la nueva legislación.

 Causales limitadas para la terminación del contrato: El anteproyecto actual solo prevé dos causales de terminación del contrato de alquiler: el término del mismo y el uso ilícito del inmueble. Meléndez subrayó la necesidad de incluir cláusulas que permitan la terminación del contrato por mutuo acuerdo entre las partes, algo común en otros contratos civiles y laborales. 

Vecinos de Oviedo piden plan de compensación por el Aeropuerto Cabo Rojo


El colectivo ambiental Grupo Jaragua denunció que las obras del Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, un proyecto clave para impulsar el turismo en la provincia de Pedernales, avanzan sin un plan claro de compensación para los residentes afectados de la comunidad de Los Tres Charcos, municipio de Oviedo, donde la organización también posee tierras. 

 En una comunicación enviada a Diario Libre, la organización señala que, a pesar del progreso en la construcción de la verja perimetral y del campo aéreo, tanto Grupo Jaragua como los comunitarios desconocen los planes de reubicación y compensación a los afectados por esta obra. 

 El municipio de Oviedo es conocido por su rica biodiversidad y su proximidad a atractivos naturales como el Parque Nacional Jaragua y la Laguna de Oviedo. El Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, concebido como una puerta de entrada para el desarrollo turístico de la región suroeste, ha generado expectativas económicas, pero también preocupaciones entre los locales. 

 El Fideicomiso Pro-Pedernales adjudicó en junio pasado al grupo español Acciona la construcción del campo aéreo del Aeropuerto Internacional Cabo Rojo. El contrato, valorado en 3,961 millones de pesos, incluye la construcción de una pista de aterrizaje de 3.1 kilómetros, plataformas de estacionamiento para aeronaves y obras de drenaje con un plazo de ejecución de 16 meses. 

Titulación de Terrenos y Dirección de Embellecimiento acuerdan titular y regular bienes estatales


Santo Domingo.-La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) y la Dirección de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del país (DIGECAC), firmaron un convenio donde ambas instituciones se comprometen a ejecutar un proyecto de identificación y regularización de los bienes propiedad de esta última.

 El director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, indicó que desde la entidad se está llevando a cabo un proceso continuo de acuerdos interinstitucionales con instituciones estatales con la finalidad de mantener viva la esperanza de la regularización de los bienes del Estado como lo ha propuesto y ejecutado durante estos primeros cuatro años el presidente de la República, Luis Abinader. Méndez Peña sostuvo que estos convenios interinstitucionales están dando buenos frutos, porque contribuyen con el desarrollo del país. 

 “Uno de los elementos fundamentales que permite el desarrollo, la inversión interna y extranjera es los pueblos que tienen la seguridad jurídica, y la regularización de terrenos permite la seguridad jurídica, y para eso estamos para continuar esa labor que real y efectivamente ha hecho parte fundamental del Gobierno del presidente Luis Abinader”, precisó el titular de la UTECT. 

Denuncian jueza y fiscal despojan familia de finca agrícola en Barahona

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Consejo del Poder Judicial y el Consejo del Ministerio Público fueron apoderados de una denuncia contra una Juez de Paz y una fiscal de Barahona, por despojar a una familia de una finca agrícola que actualmente está en plena producción, en el municipio de Cabral. 

 Se trata de la fiscal Aura Deyanira Fernández Kuri, Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Violencia de Género de la Procuraduría Fiscal de la provincia de Barahona; y la Juez de Paz Octavia Carolina Fernández Kuri, Juez de Paz, miembro del Consejo del Poder Judicial, consejera, representante de los jueces de paz. 

 La denuncia contra las hermanas Fernández Kuri, fiscal y juez es por intento de secuestro, amenazas y abuso de vías de hecho y de derecho, valiéndose de su condición de jueza miembro del Consejo del Poder Judicial y Ministerio Público, fue interpuesta por Walkiris Taina Melo Acosta, Kimberly Julia Melo Collado, Enzo Melo Collado, Juan Francisco Melo Figuereo, Alessio Melo Collado, en su calidad de causahabientes del señor Juan Francisco Melo Ortiz, fallecido, a través de su abogado el doctor Jorge Lora Castillo. Por lo que solicitan al Consejo del Poder Judicial y al Consejo del Ministerio Público iniciar la investigación correspondiente y que luego de establecido los hechos proceder a someter por ante la instancia correspondiente a la fiscal y a la jueza. 

Seis empresas con 50% de pagos en caso Coral

La auditora de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Francisca Javier Santos, declaró que seis empresas que no fueron localizadas al momento de la auditoría recibieron el 50 por ciento de los pagos irregulares del caso Coral y Coral 5G, por más de 300 millones de pesos. 

 Durante el conocimiento del juicio de fondo en contra de los involucrados, Javier Santos siguió revelando supuestas irregularidades halladas en la nómina y el departamento de Compras del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), señalando que se hizo pago a proveedores que no cumplían con su servicio y que no fueron localizados al momento de realizar la auditoría. 

 La perito, primera testigo aportada en la acusación, detalló que se hicieron pagos millonarios a un personal; pero que estos no realizaban ninguna labor en la entidad y que de dicho pago tenían que devolver parte del dinero a otras personas, que no mencionó. La testigo de la acusación del ministerio público dijo que en el Servicio de Inteligencia se hicieron pagos por 89 millones de pesos, sin constar con soporte alguno. 

Odebrecht, el caso más grande de corrupción de Latinoamérica, sin condenados en República Dominicana


Este viernes la Suprema Corte de Justicia absolvió a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, los dos únicos condenados por el caso Odebrecht en República Dominicana. Consideró que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes que demostraran sus acusaciones de soborno, enriquecimiento ilícito, falsedad de declaraciones juradas y lavado de activos. 

 Con la decisión, el mayor caso de corrupción en América Latina adquiere la autoridad de la "cosa irrevocablemente juzgada" y queda sin castigo en el país. Ya la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del 14 de octubre de 2021, que condenó solo dos de los 14 procesados, con advertencia de errores cometidos por el Ministerio Público en la instrumentación de su expediente, era un vaticinio del desenlace que tendrían el expediente en sus siete años en la justicia.

El «calvario judicial» de una familia estafada en el caso Calamar


Santo Domingo. – En el expediente del caso Calamar se acusa a un grupo de funcionarios de la pasada administración y empresarios de sustraer del Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos de los contribuyentes, en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020. 

 Además del Estado, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), colocó como víctima a los herederos de la familia Álvarez Sánchez, quienes son los propietarios legítimos de unos terrenos, ubicado en la zona de la pleamar del Malecón de Santo Domingo.

 El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes conoció la situación de esta familia, que es solo una de las presuntamente estafadas por individuos en el caso Calamar, que no tienen parentesco ni vínculos sanguíneos con los verdaderos propietarios. 

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