El «calvario judicial» de una familia estafada en el caso Calamar

Santo Domingo. – En el expediente del caso Calamar se acusa a un grupo de funcionarios de la pasada administración y empresarios de sustraer del Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos de los contribuyentes, en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020. 

 Además del Estado, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), colocó como víctima a los herederos de la familia Álvarez Sánchez, quienes son los propietarios legítimos de unos terrenos, ubicado en la zona de la pleamar del Malecón de Santo Domingo.

 El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes conoció la situación de esta familia, que es solo una de las presuntamente estafadas por individuos en el caso Calamar, que no tienen parentesco ni vínculos sanguíneos con los verdaderos propietarios. 

 Las Parcelas 

La PEPCA en el caso Calamar revela que en junio de 2020, el Estado pagó más de RD$553 millones por una extensión de terreno. Se trató de 55,316 metros cuadrados que comprenden las parcelas 74-C, 142-C y 214-B, ubicadas en el Distrito Catastral número 2, del Distrito Nacional. El Estado realizó el pago a la presunta empresa fantasma Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., la cual fue registrada en el 2017.

 Los imputados: Ramón David Hernández y su esposa Yahaira Brito Encarnación, junto con Víctor Fermín Sepúlveda (fallecido). Eligieron este nombre para simular la nomenclatura de las empresas propietarias: El Algodonal C. por A. y Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.A., constituida en 1973. 

 El grupo habría fabricado documentos para apoderarse ilegalmente de la identidad jurídica de El Algodonal y Sociedad Inmobiliaria El Algodonal. Crearon una empresa ficticia con idéntica denominación, convirtiendo a las entidades originales en víctimas de esta suplantación societaria. 

 Verdaderos Sucesores 

Los verdaderos descendientes son Marcos Antonio y Virgilio Viterbo Martínez Álvarez, hijos de Marcos Antonio Martínez Paulino e Isabel Eugenia Álvarez Sánchez. Esta propiedad era una herencia de su bisabuelo, el general Braulio Álvarez Castillo, quien perteneció al movimiento Restaurador de la República. 

 Las parcelas 74 y 142 del Distrito Catastral 2 del Distrito Nacional pertenecían originalmente a la pareja de esposos Virgilio Álvarez y Lucila Álvarez Pina. En la década de los 70, decidieron utilizar estos terrenos para fundar la compañía El Algodonal. Los socios y accionistas de esta sociedad eran los hijos de Virgilio Álvarez Pina (hijo del general Braulio Álvarez Castillo) y Lucila Sánchez de Álvarez. Conforme el órgano persecutor, en mayo del 1973, los socios y accionistas de la compañía El Algodonal, decidieron reducir el capital social de la empresa. Esta reducción se llevó a cabo mediante la devolución a los accionistas de los terrenos correspondientes a las parcelas 74-A y 142-A. 

Posteriormente, el 24 de mayo del mismo año, los mismos socios resolvieron constituir una nueva entidad empresarial, llamada Miramar, S.A. También en 1973, el Tribunal Superior de Tierras realizó una subdivisión de las parcelas principales 74 y 142. Esta subdivisión resultó en que las parcelas 74-A y 142-A se registraran a favor de la compañía Miramar. Mientras que las parcelas 74-C y 142-C permanecieron a nombre de la compañía El Algodonal. 

Ambas sociedades eran propiedad de los hermanos Álvarez Sánchez, quienes fueron identificados previamente como los accionistas originales de estas propiedades. La sociedad El Algodonal es la legítima propietaria de las parcelas 74-C y 142-C. En tanto que la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, es la propietaria de la parcela 214-B. 

 Según el expediente del Ministerio Público en la operación Calamar, los Registros de Títulos revelan que, con fecha del 2 de agosto de 2022, las parcelas 74-C, 142-C y 214-B estaban registradas a nombre de dos personas jurídicas distintas, separadas de la tercera entidad que recibió el pago por estos terrenos a través de una supuesta expropiación forzosa a favor del Estado dominicano. 

La Trama

 El presunto esquema se habría llevado a cabo de la siguiente manera: Ramón Hernández, un exempleado de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), tuvo acceso a información privada sobre las compañías El Algodonal C. por A. y la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.A. Estas dos entidades habían permanecido inactivas durante años, lo que llevó a la pérdida de su Registro de Nombre Mercantil. Hernández aprovechó esta situación para crear un expediente fraudulento y constituir una nueva empresa fantasma con un nombre comercial similar. Mediante esta maniobra, el 7 de marzo de 2017, Hernández en complicidad con su esposa Yahaira Brito Encarnación, Víctor Fermín Sepúlveda Aristy (fallecido) y otras personas, crearon la compañía Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, con el objetivo de suplantar a las sociedades El Algodonal y Sociedad Inmobiliaria El Algodonal. Mediante esta acción, usurparon los derechos sobre las parcelas 74-C, 142-C y 214-B del Distrito Catastral 2, Distrito Nacional.

 Entre abril de 2017 y mayo de 2018, Hernández solicitó la emisión de duplicados de los títulos de propiedad de los inmuebles. Estos trámites los formalizó el notario Pedro Ruiz, quien participó en la creación de la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, destinada a suplantar las empresas originales. 

 Últimos Detalles 

El órgano persecutor establece en el expediente de la operación Calamar que, sin contar con un decreto de expropiación y violando las leyes vigentes, el director de Bienes Nacionales, Emilio César Rivas Rodríguez (fallecido) firmó un acuerdo fraudulento con Ramón David Hernández el 6 de marzo de 2020. Este acuerdo, basado en un informe técnico sin fundamento y con fecha adulterada, obligaba al Estado más de 553 millones de pesos por una supuesta expropiación de terrenos en el Distrito Nacional. 

 Según la PEPCA, el ministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero; la directora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, Princesa Alexandra García; y viceministro del Tesoro, Rafael Gómez, en complicidad con el Coordinador del Plan Nacional de Titulación de Bienes Nacionales, el agrimensor Óscar Ortiz, fabricaron un informe técnico falso. Con este informe se alegaban que las parcelas 74-C,142-C y 214-B, del Distrito Catastral 2, Distrito Nacional, se encontraban dentro de la zona del área protegida, desnaturalizando el alcance de la Ley 305 del 29 de mayo de 1968, relativo a la anchura de la franja marítima del Malecón y sin existir un decreto de expropiación, violentando la Ley núm. 344 del 29 de julio de 1944. Familia Álvarez Sánchez Virgilio Malagón Álvarez, sucesor de la familia Álvarez Sánchez, afirmó que sus padres eran personas muy organizadas y por eso tenían todos los documentos originales. 

 “En realidad mi hermana y yo nos sentimos bastante molestos, porque se usurpó la identidad de nuestra madre para cometer un fraude contra el Estado dominicano y eso para nosotros es sencillamente inaceptable” Virgilio Malagón Álvarez, sucesor de la familia Álvarez Sánchez.

 Precisó que los estafadores del caso Calamar depositaron el dinero que recibieron del Estado dominicano en un banco comercial, pero solo por 24 horas, después sacaron ese dinero. “Nuestra historia republicana, está preñada de ese tipo de actitudes donde se crean islas de poder dentro del Estado, que obviamente tiene un poder discrecional muy grande. Y como dice el refrán, el diablo tienta. Y parece ser que todas estas cosas sucedieron en situaciones históricas con proximidades a torneos electorales y obviamente, pues eso reflejó a lo mejor en instancias financieras para poder solventar esas actividades proselitistas” Virgilio Malagón Álvarez, sucesor de la familia Álvarez Sánchez.

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