Proyecto agrario La Cruz de Manzanillo pide prórroga a ministro de Agricultura

Montecristi, RD. – Cerca de 200 parceleros de las comunidades Palo Verde y Los Bateyes, enclavadas en el distrito municipal de Palo Verde, demandaron este martes del Ministerio de Agricultura una prórroga de un año para permanecer en los terrenos que cultivan dentro del Proyecto Agrario La Cruz de Manzanillo, con el objetivo de completar sus cosechas de plátano y saldar compromisos financieros con entidades bancarias. 

 Los agricultores, que ya han agotado casi 11 meses del plazo otorgado para desocupar las tierras, expresaron su preocupación ante un posible desalojo inminente, el cual afectaría no solo su sustento, sino también la capacidad de pago de los préstamos adquiridos para invertir en la producción.

 “Le pedimos un año para poder recuperar nuestras inversiones y pagar las deudas. No es justo que nos saquen ahora, cuando estamos a punto de cosechar”, manifestaron los afectados. 

 Según denunciaron, solo utilizan dos mil tareas, de las más de 33 mil disponibles en el proyecto. Por esta razón consideran injustificado el intento de desalojo, existiendo áreas sin uso que podrían ser gestionadas de forma equitativa. Además, los parceleros acusaron al administrador del proyecto, Julio César Estévez, de hostigarlos constantemente. 

MP asegura auditoría revela incremento irracional en patrimonio del general Reyes Batista


La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) continuó con la presentación de las pruebas testimoniales durante el juicio contra los policías y militares acusados de sustraer más de RD$4,500 millones del Estado dominicano en el caso Coral 5G. 

 En el juicio fueron incorporadas las auditorías de fiscalización patrimonial realizadas por la Cámara de Cuentas al general Boanerges Reyes Batista, que según la Pepca, evidencian un incremento patrimonial irracional superior al 300 %, en violación de la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio. 

 El Ministerio Público también presentó en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el informe patrimonial de Epifanio Peña Lebrón, y afirmó que este revela omisiones significativas en su declaración jurada de bienes. Asimismo, fue escuchada la perito calígrafa Yelida Valdez, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien confirmó la falsificación de sellos y firmas correspondientes a Nicole Yomarys González Núñez y Viviana Altagracia Núñez Carmona, que fueron utilizadas en facturas para justificar pagos de compras ficticiasdesde el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) a favor de la empresa Meljo Comercial E.I.R.L. 

Aprueban reglamento de compras y contrataciones del Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y Expansión de RD Vial N DIGITAL abril 16, 2025


El Fideicomiso RD Vial ha recibido la aprobación oficial de su Reglamento de Compras por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 28-23 sobre fideicomisos públicos.

 Este importante logro consolida el marco institucional del Fideicomiso RD Vial, al dotarlo de un instrumento normativo propio que rige sus procesos de compras públicas, alineado rigurosamente con la Ley 340-06, y fundamentado en los principios de transparencia, eficiencia y libre competencia.

 La aprobación de este reglamento se produce bajo el liderazgo del nuevo Director General, Hostos Rizik, quien ha promovido una gestión enfocada en la institucionalidad, la eficiencia y la rendición de cuentas. Su compromiso con la ejecución transparente y responsable de los procesos de contratación se ve reflejado de manera concreta en este avance. 

Varios diputados y exdiputados condenados, sometidos y mencionados en caso narcotráfico y otros delitos

SANTO DOMINGO.- Varios legisladores y exlegisladores han sido sometidos a la justicia por su vinculación a estructuras del crimen organizado del narcotráfico, corrupción y por cometer otros delitos, en el país y en el extranjero, en los últimos años.

 Los nombres de los diputados y exdiputados se han revelado luego que el Ministerio Público realizara una investigación que provocó que sean llevados ante un tribunal para enfrentar un proceso donde algunos han sido condenados y algunos son mencionados en casos por recibir recursos de organizaciones criminales producto del ilícito, proceso que aún está abierto.

 Los condenados El exlegislador por Santiago del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, fue condenado a 16 años de cárcel por un tribunal de los Estados Unidos tras ser hallado culpable de tráfico de droga internacional. Fue el primer exdiputado condenado por cometer un delito, tras ser apresado al llegar en un aeropuerto de Miami en un vuelo desde la República Dominicana, el día 18 de mayo del 2021.

Familias denuncian supuesta Mafia que se apropiaría de propiedades Valoradas en RD$1,300 Millones

Unas 173 familias de las provincias La Altagracia y Santo Domingo depositaron una instancia ante la Procuraduría General de la República, solicitando a la magistrada Jenny Berenice Reynoso que investigue una presunta red mafiosa compuesta por Guido Cabrera Martinez, asesor de transporte del Poder Ejecutivo, la cual estaría vinculada a la apropiación ilegal de propiedades valoradas en más de 1,300 millones de pesos.

 Los afectados aseguran que los terrenos se encuentran ubicados en San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional y La Altagracia. Leonte Torres Jiménez, vocero de los reclamantes, expresó que esta red opera con complicidad de algunas autoridades, y que el caso ha dejado a decenas de familias en la incertidumbre y el despojo de bienes legítimos. 

 Torres advirtió que, de no obtener respuesta, organizarán una gran marcha junto a familiares, amigos y ciudadanos indignados por lo que califican como un abuso de poder.

Jones afirma Estado no es responsable de propiedades privadas tras construcción de edificaciones

El exsecretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD) y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), ingeniero Johhny Jones, aseguró que el Estado dominicano no tiene responsabilidad en la propiedad privada luego de que se agota el proceso de construcción con la entrega de licencias, permisos y estudios, tal y como afirmó el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla. 

 Jones dijo que el proceso de construcción de una edificación contempla otorgamientos de licencias y permisos después de la entrega de uso de suelo, impacto ambiental y planos arquitectónicos, así como planos eléctricos, de agua y residuos.

 El vicepresidente del Partido Reformista dijo que en el proceso de construcción también se incluye la supervisión de las obras que está a cargo del MIVED. 

 El ingeniero Jones manifestó que los tinacos y las plantas eléctricas, además de las cargas vivas de las azoteas, se verifican en el momento de la construcción, además de la evacuación de los planos estructurales, así como la supervisión durante la construcción del techado. “Sin embargo luego que ya está habitada, la responsabilidad de filtraciones, tinacos no previstos o piscinas , así como deterioro es responsabilidad de del propietario porque no importa la intervención del Estado en el proceso , una vez entregado pasa a ser propiedad privada y el caso de vivienda colectiva es sujeta a las reglas de condominio”, dijo Jones.

Abinader reconoce que hay un vacío en la ley para supervisar obras privadas


El presidente Luis Abinader se refirió este lunes a la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, que ha dejado 231 muertos, señalando que el Gobierno busca esclarecer los hechos y evitar que una situación similar vuelva a ocurrir en el futuro. 

 Ante la interrogante sobre qué podría hacer el Estado para mitigar, en la mayor medida posible, que acontezcan situaciones como la del centro nocturno, Abinader respondió: "Bueno, hablamos de que hay un vacío en la ley, y nosotros tenemos que llenar ese vacío para evitar que una tragedia así vuelva a suceder. Vamos a trabajar arduamente en ese sentido". 

 Abinader explicó que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) se creó para trabajar en el tema de las obras públicas y las infraestructuras públicas, "lo que nos ha permitido evitar muchas situaciones en los últimos años". Sin embargo, reconoció que, especialmente en lo que respecta a las infraestructuras, existe un vacío que varios ingenieros y comunicadores han señalado sobre la supervisión obligatoria de las obras privadas, la cual no existe actualmente. 

Critican retraso entrega resolución Tribunal Tierras El País


Ha creado preocupación en círculos empresariales turísticos que después de 15 años de litigios y una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central retenga por más de 10 meses la resolución que establece el devolver una parcela ocupada que afecta el desarrollo de un proyecto y el monto de la multa establecida. 

Este dictamen debió emitirse en un plazo máximo de dos meses. La sentencia establece además el monto de la indemnización por los daños causados a la empresa Paraíso Tropical por la ocupación ilegal de su propiedad que se utilizó para un campo de golf.

 El ocupante ilegal condenado es la empresa Inversiones Azul del Este, dueña del Hotel Catalonia de una cadena hotelera española que sacó beneficios con el uso ilegal de la propiedad contigua al establecimiento en la zona conocida como Cabeza de Toro, en el este.

 El despacho Sued & Echavarría, representante legal de Paraíso Tropical, confirmó la existencia de la sentencia, y manifestó que este fallo representa un hito importante en la protección de la propiedad inmobiliaria en el país. 

Proponen creación del “Certificado de Uso y Habitabilidad” para prevenir tragedias como la del Jet Set

Santo Domingo. – El partido Opción Democrática (OD) presentó este martes una propuesta para la creación de un “Certificado de Uso y Habitabilidad», un instrumento fundamental para garantizar el mantenimiento continuo de las infraestructuras a lo largo del tiempo, orientada a prevenir catástrofes como la ocurrida recientemente en el Jet Set, y fortalecer la seguridad de las edificaciones en todo el territorio nacional.

 El Certificado de Uso y Habitabilidad sería un documento técnico y legal que valide que una edificación cumple con los requisitos necesarios para ser habitada o utilizada de acuerdo con su diseño. 

La propuesta plantea que, para ser emitido, se verifiquen aspectos como la seguridad estructural, condiciones sanitarias, instalaciones eléctricas y contra incendios, señalización de rutas de evacuación, accesibilidad, uso adecuado del espacio y criterios de sostenibilidad ambiental. 

 Lo novedoso para el sistema dominicano es que este instrumento requeriría una renovación periódica cada 10 años, o de forma extraordinaria en casos específicos, como cambios en el uso del inmueble, remodelaciones estructurales o eventos naturales que puedan afectar su integridad, y esté atado a trámites clave como la transferencia de propiedad y la contratación de seguros. 

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