El presidente Abinader instruye investigar daños en Las Mercedes tras un incidente en fincas

LAS MERCEDES, Pedernales.– Luego del incidente que dejó fincas, viviendas, cercas, garrafones, aljibes y otras infraestructuras destruidas en la sección Las Mercedes, el presidente Luis Abinader instruyó a la gobernadora civil de Pedernales, Edirda D’Oleo, a investigar la situación y atender las demandas de los campesinos afectados. 

Una comisión de productores agrícolas y ganaderos, encabezada por Servio Tulio Segura, Edgar Matos, Wilkin Castillo, Sócrates Mancebo y Nelson Mancebo, informó que el mandatario fue enterado del caso y expresó su pesar a través de la gobernadora provincial.

 Productores locales presentan demandas para mejorar convivencia y compensaciones por tierras raras 

Los miembros de la comisión agradecieron la atención del presidente, quien solicitó a la representante del Poder Ejecutivo reunirse con los afectados y con los propietarios de predios involucrados en las investigaciones sobre tierras raras, a fin de resarcir los daños ocasionados y atender otras reivindicaciones.

Ministerio Público inicia juicio por corrupción de RD$19 mil millones

Santo Domingo.- El Ministerio Público dominicano ha iniciado la presentación resumida de la acusación contra los exministros Donald Guerrero (Hacienda) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas), junto a otros exfuncionarios, por su presunta participación en un esquema de corrupción que desvió más de RD$19,000 millones del erario público.

 La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, comenzó la lectura parcial del expediente, tras la decisión del tribunal de rechazar la solicitud de la defensa de leer íntegramente el documento de más de 3,400 páginas. 

 La acusación detalla que los imputados formaron una estructura que utilizó pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y reconocimientos de deudas administrativas para desviar fondos públicos. Parte de estos recursos habrían sido destinados al financiamiento ilícito de campañas políticas, incluyendo la del año 2020.

Envían a juicio empresario Rivera Ledesma y otros implicados de estafa en falsos proyectos inmobiliarios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio contra el empresario Emmanuel Rivera Ledesma y otros imputados, acusados de integrar una red que presuntamente estafó a cientos de personas con más de 700 millones de pesos mediante ofertas fraudulentas de proyectos inmobiliarios.

 La decisión fue tomada por el tribunal durante la audiencia preliminar del caso, tras acoger la acusación presentada por el Ministerio Público, por considerar que existen elementos suficientes para que los imputados respondan en un juicio de fondo. 

 Además de Rivera Ledesma, quien guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, también fueron enviados a juicio: Escarlet Mercedes Cruz Figueroa Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo Mirna Catalina Rivera Ledesma Reilin Arismendy Rosario García Juan Omar Rosario López (también en prisión preventiva) La entidad comercial Inmobiliaria Diseños Arquitectónicos INDIARQ, S.R.L. La empresa CRD Equipos Pesados, S.R.L. 

Autoridades incautan más de 5 billones en residencias y terrenos en últimos cuatro años


En los últimos cuatro años, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) han incautado bienes inmuebles, en todo el territorio nacional, ascendentes a más de cinco billones de pesos. 

 Estas incautaciones obedecen a decomisos por narcotráfico, lavado de activos, corrupción y crimen organizado y totalizan RD$5,556,342,041 millones de pesos. 

 El historial judicial detrás de estas incautaciones incluye algunos de los casos más sonados de los últimos tiempos en el país. Los bienes incautados son aquellos que, por orden de una autoridad competente durante una investigación o proceso judicial, quedan prohibidos de ser transferidos o movilizados y pasan bajo control estatal. 

En cambio, los bienes decomisados son aquellos que, tras una sentencia definitiva, pasan a ser propiedad del Estado de manera permanente. Muchos de los inmuebles decomisados están vinculados a procesos como el caso Ferrer Abad, el expediente de César Emilio Peralta, conocido como “César el Abusador”, así como de Quirino Ernesto Paulino Castillo. También figuran propiedades relacionadas a “El Alacrán”, José David Figueroa Agosto, los hermanos Robison y Hurtado, Pascual Cordero Martínez, alias “El Chino”, y, más recientemente, al caso Calamar, que involucra a varios exfuncionarios y empresarios.

Medio Ambiente inicia consulta para definir responsabilidades de productores y comerciantes en Residuos Sólidos


Santo Domingo.– El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de su Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos, inició este lunes la consulta pública del Proyecto de Reglamento General para la Implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor, Importador y Comercializador de Productos Prioritarios (REP), un instrumento clave de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos (Ley 225-20). 

 Esta iniciativa busca establecer un marco legal y técnico que regule y fortalezca la gestión de residuos sólidos en todo el territorio nacional, promoviendo un modelo más sostenible, eficiente y corresponsable, alineado con los principios de la economía circular. 

 El acto de lanzamiento fue encabezado por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, junto con representantes del sector productivo, gestores de residuos, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios municipales y legisladores. 

Disponen uso obligatorio de medios digitales en tribunales civiles del Distrito Nacional


El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó una resolución que establece el uso obligatorio de medios digitales en los servicios judiciales y procedimientos llevados por los tribunales civiles, contencioso administrativo y tributario que se ofrecen en el edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional. 

 La resolución del Pleno 21-2025 surge como respuesta a "los altos riesgos identificados para la seguridad de jueces, servidores judiciales y usuarios en dichas instalaciones, debido al deterioro del edificio lo que pudiera representar un peligro ante eventos extremos como sismos", informa el Poder Judicial (PJ) en una comunicación de prensa.

 En estos momentos se está en el traslado de los 517 servidores públicos y los cerca de 15 tribunales que alberga el edificio que también tiene operando varios departamentos del Ministerio Público, incluida la Dirección de Prisiones. 

 La mudanza hacia el edificio de Registro Inmobiliario y el de la Suprema Corte de Justicia se hace tras un estudio de hace casi cinco años, hecho por la empresa Epsa Labco, que advierte del riesgo de colapso de la estructura. A ese local judicial asisten diario, "entre 1000 y 1,300 usuarios". 

MP presenta "pruebas" sobre propiedades irregulares de acusados en caso Coral

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), continuó este martes con la presentación de pruebas en el juicio contra la presunta red de militares y policías acusados de estafar al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos "desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G". 

 La audiencia se conoce en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Durante la audiencia, el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), presentó el testimonio de la perito de la Cámara de Cuentas encargada de la fiscalización del patrimonio de Greybby Cuello Acosta, esposa del general de brigada Juan Carlos Torres Robiou, uno de los principales acusados en el expediente. 

 Además, fue incorporado el peritaje financiero número 69, elaborado por un perito de auditoría forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien explicó, según una nota de prensa de la Procuraduría, que el análisis evidenció un patrón de tráfico de fondos entre empresas, cuentas personales de los acusados y personas vinculadas a la estructura. 

Denuncian supuesta mafia que falsifica documentos para realizar desalojos

Santiago.– Una familia denunció haber sido desalojada de forma irregular de su vivienda, ubicada en la calle Pedro Infante, al lado de la clínica La Altagracia, en el sector Pekín, al sur de Santiago. Según los afectados, el desalojo se ejecutó con menores de edad aun dentro del inmueble, y señalan a dos abogados y a otra persona como responsables del hecho.

 Los denunciantes aseguran que existe una supuesta mafia dedicada a falsificar documentos legales para ejecutar desalojos ilegales. Esto, en propiedades de alto valor, como es el caso de la suya, valorada en más de seis millones de pesos. 

 Vielka Tolentino, abogada de la familia afectada, solicitó la intervención de las altas instancias del sistema judicial. Según arugumentó esta presunta red mafiosa opera dentro de los tribunales de Santiago y no solo ordena desalojos, sino que además destruye propiedades. “Tenemos una investigación abierta en su fase inicial, ya que hemos recibido reportes de otros casos similares vinculados al mismo supuesto acreedor, Rafael Báez Jiménez, oriundo de Jarabacoa. Las denuncias provienen tanto de Santiago como de Jarabacoa, y estamos analizando si se trata de una práctica sistemática y si existe una asociación de malhechores”, indicó la abogada Tolentino.

 La defensora legal aseguró que continuarán recabando información para esclarecer los hechos. Precisa que una profunda investigación podría frenar lo que podría ser una estructura organizada dedicada al despojo fraudulento de propiedades.

Denuncian constructora provoca inundaciones tras cerrar cañada en La Vega

La Vega, República Dominicana. – La comunidad de El Pinito Pontón vive una crisis desesperante tras denuncias colectivas contra la constructora que desarrolla el proyecto Residencial Brisa del Este, a la que acusan de rellenar y cerrar una cañada natural, provocando graves inundaciones en las viviendas del sector. 

 Según los residentes, muchos de ellos nacidos en la zona, nunca antes sus hogares habían sido afectados por las lluvias. Sin embargo, desde que la empresa intervino el afluente hídrico, el agua invade sus casas hasta alcanzar niveles alarmantes de hasta tres pies de altura, poniendo en riesgo la salud de decenas de familias.

 El señor José Ambrosio Puntiel, uno de los afectados, relató que el propietario del residencial, identificado solo como "Jhonny", se reunió con la comunidad y con Blady Viloria, expresidente del Consejo de Administración de Cooravega, comprometiéndose a solucionar el problema. No obstante, Puntiel denunció que, en lugar de cumplir, el constructor agravó la situación al retirar los tubos del drenaje en la parte baja del proyecto. 

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