Organizaciones ambientalistas se oponen construcción presa Las Placetas

La Coalición Socioambiental en Defensa de La Sierra reafirmó su oposición al proyecto hidroeléctrico de la presa de Las Placetas, al considerar que representa una grave amenaza para la biodiversidad y el equilibrio ambiental de los municipios de San José de las Matas y Jánico. 

 Durante una conferencia de prensa en la la mañana del miércoles en el Parque Duarte, de esta ciudad de Santiago, a la cual asistieron representantes de organizaciones ambientalistas y comunitarias, fue entregada una nota de prensa, en la que las entidades firmantes advierten que debido a la falla sísmica existente en la zona, el proyecto constituye un riesgo potencial para la seguridad de la región. 

 Aclararon que esta lucha no es solo ambiental, sino también una defensa legítima del territorio frente a intereses que, como en otros lugares del país, amenazan la convivencia de las comunidades.

 “La oposición a la presa de Las Placetas es vista como una forma de proteger la dignidad serrana y el derecho a vivir en armonía con la naturaleza, derecho consagrado en la Constitución”, enfatizaron. Por esta razón-agregaron- aunque el gobierno ha ofrecido empleos asociados a esta obra, gran parte de los habitantes de la sierra los rechazan, al considerar que aceptar tales ofertas sería “afilar el cuchillo para su propia garganta”.

Acreador reclama terrenos de Falcondo

Un campo de golf que la comunidad de Bonao ha cuidado con empeño desde hace casi medio siglo corre peligro. Esto es debido a las operaciones de la empresa Falcondo. Este espacio sirve para que trabajadores humildes y otros más favorecidos se mezclen en sus nueve hoyos. 

Es la joya de varias áreas donadas por Falconbrige a la comunidad en el decenio de 1970. “Nos hemos llevado la gran sorpresa de que una empresa, una compañía, no sabíamos que le ofrecía servicios a falcon Bridge Dominicana. 

Falcondo tiene una deuda con esta compañía y esta compañía procura de cobrarse. Pues de manera sorpresiva para nosotros, nos hemos enterado que tiene interés de embargar el campo de golf, el Play, que es una escuela deportiva de la provincia. Así como también el terreno donde opera la cooperativa coyuna” Rafael García, directivo campo de golf.

  Los espacios incluyen áreas verdes que son usadas para la recreación mediante zumba, caminatas y otras actividades físicas. “Este es un campo de golf que está conformado mayoritariamente por pensionados de Falcondo. Ellos están aquí como parte de promesa que le hiciera esa empresa para que ellos retuvieran como empleados en esta localidad” expresó Rafael García. 

 El estadio de béisbol de la comunidad también peligra. “Este es único pulmón que Bonao tiene para recrearse, para la juventud y los niños. Ya que Bonao es huérfano de instalaciones” Fausto Mejía, entrenador de béisbol Bonao respira deporte y las áreas cedidas por Falconbrige son vitales como pulmón del pueblo.

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Consultoría Jurídica del Ejecutivo reafirma vigencia de ley de Ordenamiento Territorial desde 2022

En una carta oficial enviada al director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Pedro Richardson, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, dirigida por Antoliano Peralta Romero, confirmó de manera categórica que la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos entró en plena vigencia desde el 24 de diciembre de 2022, fecha establecida tras su publicación en la Gaceta Oficial No. 11092.

 Esta comunicación, con fecha de hoy, 3 de julio de 2025, despeja cualquier duda sobre la aplicabilidad de la legislación que ha estado en el centro del conflicto por competencias entre la Junta Distrital de Verón–Punta Cana y el Ayuntamiento de Higüey. 

 Peralta señala en la misiva que, conforme al artículo 109 de la Constitución y al artículo 1 del Código Civil Dominicano, las leyes son obligatorias a partir del segundo día de su publicación en todo el territorio nacional, y que en este caso no hay margen para interpretaciones o postergaciones en su aplicación.  "La Ley 368-22 entró en vigencia tras su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial... resultando de obligatorio cumplimiento a partir del 24 de diciembre del 2022", subraya el documento de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Abogados: TSA anuló ordenanza municipal que alteraba normas de construcción en DN

Los abogados Julio Cury, José Alberto Cruceta y Daniel Pérez Reynoso revelaron que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) anuló una ordenanza emitida en 2020 por el Ayuntamiento del Distrito Nacional que buscaba modificar los parámetros de densidad y altura en zonas urbanas de la capital. Mediante la sentencia núm. 0030-04-2025-SSEN-00394, dictada el pasado 11 de junio, el TSA declaró nula la ordenanza núm. 10-2020, firmada por el entonces presidente del Concejo de Regidores, Víctor E. Ogando. 

Según la sentencia, la disposición municipal fue emitida sin la aprobación del pleno del Concejo, como exige la ley. La ordenanza anulada pretendía cambiar la Resolución núm. 85-2009, que regula la zonificación y densidad habitacional en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. 

Los cambios incluían nuevos criterios sobre la altura de edificaciones y la cantidad de habitantes por hectárea, según el tamaño de los solares. 

Finjus cuestiona aspectos del proyecto de ley de alquileres

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió este martes sobre una serie de observaciones al proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, que fue aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados y que busca regular las obligaciones entre inquilinos y propietarios. 

 La entidad expresó su preocupación por varias disposiciones contenidas en la propuesta, de las cuales -según afirmó- podrían generar "efectos adversos" si no son corregidas y precisadas de manera adecuada. 

 "Consideramos indispensable reformular aspectos sustantivos y procedimentales que afectan la autonomía contractual, la seguridad jurídica y la operatividad del sistema judicial", indicó Finjus en un comunicado.

 A continuación, los puntos que Finjus considera deben ser reconsiderados antes de su aprobación definitiva: 

MP solicitará mantener prisión preventiva contra Yves Giroux por estafa inmobiliaria y lavado de activos

El Ministerio Público solicitará que se mantenga la medida de prisión preventiva de 18 meses impuesta a Yves Alexandre Giroux, señalado como uno de los principales cabecillas de la red dedicada a la estafa inmobiliaria y el lavado de activos que afectó a cientos de personas a nivel nacional e internacional. 

 La solicitud será presentada por la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en coordinación con la Fiscalía de La Romana, durante la audiencia de revisión obligatoria, que fue aplazada para el próximo 5 de agosto por la jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana. 

 En este proceso, las coimputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco presentaron un recurso de apelación contra la misma medida de coerción. La audiencia fue fijada para el 11 de julio de 2025 ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. 

 La revisión obligatoria de la prisión preventiva para ambas imputadas, pautada inicialmente para el 1 de julio, fue declarada en sobreseimiento hasta tanto se emita una decisión sobre el recurso en apelación. Mientras tanto, Loany Ortiz, también señalada como cabecilla de la red junto a Giroux, se encuentra detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando el proceso de extradición requerido por las autoridades dominicanas. Se espera que sea trasladada al país en los próximos días para responder ante la justicia. 

Deja atrás desalojos contra inquilinos sin orden judicial expresa

Los propietarios o arrendadores de viviendas, abogados y alguaciles que realicen o ejecuten desalojos sin las formalidades dispuestas en la Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, en proceso de aprobación, serán sancionados con pena de tres a cinco años de prisión y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público. 

 El proyecto de Ley, de la autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ya fue aprobado en primera lectura, enviada a vistas públicas para el próximo jueves, empodera a los juzgados de paz para tratar en primera instancia los conflictos que se produzcan entre inquilinos y propietario, pero estos deben priorizar antes la conciliación entre las partes. 

 El presidente de la comisión especial que estudia el proyecto, diputado Amado Díaz, en su motivación al Pleno de la CD resaltó el que la normativa disponga la prohibición a abogados y propietarios ejecutar desalojos arbitrarios sin órdenes judiciales, práctica muy utilizada hasta el momento. También establece sanciones para jueces displicentes en el caso de denegación de justicia, entre otras disposiciones, ya que RD lo que dispone es de un decreto emitido hace 66 años, por el dictador Rafael Leónida Trujillo.

Ministerio Público presenta testigos que confirman adquisición de propiedades millonarias por parte de Adán Cáceres y compartes

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público continuó este martes con la presentación de testigos ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el juicio seguido contra los imputados en los casos Coral y Coral 5G. 

 Las declaraciones ofrecidas durante la audiencia confirman la adquisición de propiedades millonarias mediante maniobras de ocultamiento de bienes, como parte de un esquema vinculado al lavado de activos. 

 Durante la audiencia, compareció la señora Gisela Hernández, quien declaró que, junto a su esposo (hoy fallecido), vendió una propiedad ubicada en La Vega por la suma de catorce millones de pesos (RD$14,000,000) al general Adán Cáceres Silvestre, a través de Erasmo Rogers Pérez Núñez. También, testificó el mayor general pensionado Elvis Félix Pérez, quien indicó haber visitado las propiedades de Adán Cáceres Silvestre en La Vega, así como la de la Asociación Campesina Madre Tierra, ambas actualmente incautadas como parte del proceso.

Distrito Municipal de Verón denuncia bloqueo ilegal de sus funciones por parte del Ministerio de la Vivienda

Verón.- El Distrito Municipal de Verón, mediante una nota de prensa emitida por su abogado Ángel Lockward, denunció públicamente al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVIE) por rechazar de manera ilegal los expedientes de su Oficina de Planeamiento Urbano, obstaculizando la aprobación de proyectos y edificaciones en el territorio.

 Según el comunicado, esta acción del MIVIE va en contra del artículo 199 de la Constitución y de la Ley 368/22, que otorgan al Distrito Municipal de Verón competencia plena sobre el uso de suelo y la planificación urbana. 

La negativa del ministerio está generando, según indica la nota, serios trastornos a la comunidad y pérdidas económicas millonarias.

 El abogado Ángel Lockward ha intimado formalmente al ministro Carlos Bonilla mediante acto de alguacil, exigiendo el cumplimiento del artículo 24 de la Ley 368/22.