Parceleros esperan títulos desde hace 31 años tras ceder tierras para presas

SANTO DOMINGO.– Han pasado 31 años desde que más de 110 familias cedieron voluntariamente sus terrenos en Nizao al Estado, a través de un acuerdo de permuta, para permitir la construcción de las presas Higüey y Aguacate, que hoy abastecen de agua al Gran Santo Domingo. Sin embargo, quienes fueron reubicados en los proyectos Daza y Los Montones, en el municipio de Hato Damas, provincia San Cristóbal, aún no han recibido los títulos definitivos de propiedad prometidos por el gobierno. 

 Así lo denunció Roberto Reyes, dirigente de la Asociación de Productores de Cereza La Unión, que agrupa a más de dos mil parceleros. 

Según explicó, la reubicación se produjo en 1994, tras el inicio de los trabajos de construcción de las presas en 1986, durante el gobierno del entonces presidente Joaquín Balaguer. “Nos trasladamos con buena fe, sin poner trabas, porque creímos en la palabra del Estado”, expresó Reyes.

 Inicialmente, a los agricultores se les entregaron títulos provisionales, pero tres décadas después, la regularización de sus tierras sigue inconclusa. Reyes asegura que las parcelas están saneadas y deslindadas, por lo que no comprende por qué ningún gobierno ha cumplido con la entrega definitiva de los documentos que los acrediten como legítimos propietarios. 

 Ante esta situación, los productores viven en un estado constante de zozobra, temor e incertidumbre legal. Aun así, la esperanza sigue puesta en la actual administración de Luis Abinader, a quien piden que resuelva el estatus legal de sus tierras. 

 Tierra fértil, producción activa 

En los proyectos Daza y Los Montones no solo se cultiva cereza en abundancia, sino también productos como chinola, limón persa, aguacate, mango injerto, plátano, yuca, maíz, berenjena, tomate y ajíes. Además, muchos parceleros se dedican a la crianza de cerdos, pollos, ganado vacuno y engorde de becerros.

Fuente:https://eldia.com.do/parceleros-esperan-titulos-desde-hace-31-anos/

Tribunal fija para el 13 de agosto el fallo en el caso de Alexis Medina y compartes

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el 13 de agosto la lectura del fallo en el juicio de fondo contra Alexis Medina Sánchez y los demás implicados en el presunto caso de corrupción. El tribunal, presidido por Clarivel Nivar e integrado por Clara Castillo y Jisell Soto, informó que dará a conocer el fallo a las 11:00 de la mañana.

 Las juezas tomaron la decisión de fijar la fecha de la lectura de la sentencia, luego de escuchar las conclusiones del Ministerio Público, los abogados que representan al Estado dominicano, las defensas de los acusados y las palabras finales de estos. 

 La jueza Nivar indicó que el tribunal ha estado trabajando intensamente en la valoración de la gran cantidad de pruebas presentadas durante los debates, que se extendieron por más de treinta días. Aseguró que actuarán con la responsabilidad que los caracteriza para dar una respuesta a este caso. 

 Asimismo, el tribunal dejó convocadas a todas las partes para que estén presentes en la fecha y hora indicadas, y les recomendó ir preparados, incluso en cuanto a su alimentación, ya que la lectura del fallo podría extenderse por varias horas. 

Plan de ordenamiento un traje a la medida para consorcios energéticos legalizar el despojo de suelos en Manzanillo

Montecristi (República Dominicana).– En el rincón noroccidental de la isla, donde la Bahía de Manzanillo alberga el sistema de manglares más extenso del país y un humedal protegido por el convenio internacional Ramsar, se libra una batalla silenciosa por el futuro. 

No es con barricadas, sino con artículos y mapas, destacó este domingo Frank Valenzuela, presidente del Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER). Dijo que según un profundo y detallado análisis del CEBAMDER, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) de Pepillo Salcedo, financiado paradójicamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —mismo que financia a uno de los consorcios energéticos y la modernización del puerto—, es un sofisticado «traje a la medida» que legaliza el despojo, consolida un enclave industrial y condena a Manzanillo a ser una zona de sacrificio. 

 «Lo que estamos viendo es la crónica de una catástrofe anunciada y ahora codificada en un instrumento de aparente legalidad», afirma Valenzuela. Agregó que «este plan no ordena, desordena. No protege, desprotege. No planifica para la gente, sino para el capital. Ignora los daños devastadores que ya sufrimos, como la destrucción de 500.000 metros de bosque seco y la aniquilación de la pesca y el ecoturismo en Estero Balsa, destruyó a los productores melíferos y a los productores Ovino Caprino de Manzanillo, además de crear el marco jurídico para que esa destrucción no solo continúe, sino que se acelere. 

Juristas reclaman modificar el Código Penal para enfrentar las estafas inmobiliarias

Abogados penalistas advirtieron este martes sobre la urgente necesidad de modificar el Código Penal Dominicano, específicamente en lo relacionado con el delito de estafa, ante el creciente número de casos en el sector inmobiliario que afectan a ciudadanos tanto locales como en el extranjero. 

 Denunciaron que la actual legislación es débil y permite que muchos estafadores salgan impunes, convirtiendo este delito en una práctica cada vez más común en el país.

 El abogado Eling Sepúlveda señaló que en República Dominicana “se ha hecho un deporte cometer estafas y abusos de confianza, y los culpables son premiados por el sistema judicial”. 

Por su parte, Fernandito Montero respaldó este planteamiento y enfatizó la importancia de revisar y reforzar el artículo 405 del Código Penal, que según dijo, es aprovechado por los estafadores para evadir consecuencias jurídicas proporcionales a sus delitos. 

Diputados vuelven a aprobar el proyecto de ley alquileres

Tras haber perimido el pasado fin de semana en el Senado de la República, la Cámara de Diputados aprovechó la legislatura extraordinaria y aprobó nuevamente, en primera lectura, el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, que pone como tope tres depósitos para las viviendas. 

 El controversial pliego legal fue reintroducido ayer en la Cámara de Diputados por Alfredo Pacheco, presidente del órgano congresual, quien sometió la moción de agregar la pieza en la agenda del día de la sesión de este martes, liberarlo de trámites y aprobarlo en primera lectura, para enviarlo a estudio a la comisión especial que lo trabajó en la pasada legislatura ordinaria. 

 El equipo presidido por el diputado Amado Díaz tiene un plazo fijo de un día para presentar un informe ante el Pleno, el cual, para la segunda lectura, deberá contener las propuestas de modificaciones que presentarían senadores. 

 Según Pacheco, la meta es refrendar el proyecto de ley en segunda lectura en la sesión de este miércoles, para remitirlo a la Cámara Alta junto a la reforma del Código Penal. Si el ala legislativa refrenda la pieza sin hacerle cambios, esta será ley y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. 

Gremios turísticos respaldan decisión de Abinader de revisar ley de residuos sólidos

Los gremios del sector turístico y hotelero de la República Dominicana manifestaron su apoyo al presidente de la República, Luis Abinader, por mostrar su apertura e interés en revisar el proyecto de modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos 225-20, recientemente aprobado por el Congreso Nacional. 

 “Valoramos profundamente esta disposición al diálogo, que evidencia su compromiso con una gestión ambiental responsable, la sostenibilidad del desarrollo turístico y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”, expresaron. 

 Los gremios aseguraron estar convencidos de que, mediante un análisis técnico, participativo y transparente, será posible construir una legislación que respalde los objetivos de sostenibilidad del país, fomente la competitividad y asegure una gestión de residuos sólidos, equitativa y alineada con los más altos estándares internacionales. 

 “Reiteramos nuestra voluntad de seguir colaborando estrechamente con el Gobierno y todos los sectores involucrados para garantizar que esta legislación refleje un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de nuestras comunidades”, expresaron.

 El presidente Abinader afirmó durante La Semanal que aún no ha recibido del Congreso el proyecto de Ley, pero que tan pronto lo reciba hará modificaciones y lo devolverá al Congreso Nacional.

Fuente: https://eldinero.com.do/331688/gremios-turisticos-respaldan-decision-de-abinader-de-revisar-ley-de-residuos-solidos/

Tribunal definirá el 6 de agosto si el monorriel atravesará el Reparto Universitario

La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago fijó para el próximo 6 de agosto el fallo definitivo sobre el recurso de amparo presentado por residentes del Reparto Universitario, quienes se oponen al trazado del Monorriel por esa zona. 

 La jueza Alicia Mabel Guzmán Bencosme, quien estuvo a cargo tomó la decisión luego de escuchar los argumentos de las partes involucradas, entre ellos, representantes de la Junta de Vecinos, que alegan posibles afectaciones a la comunidad. 

 El proyecto, impulsado por el gobierno, busca modernizar el transporte en la ciudad, pero enfrenta resistencia por su impacto urbanístico. La acción de amparo presentada por estos comunitarios en defensa del Arroyo Burgos y del área verde amenazados por el trazado del proyecto del monorriel que comprende desde la Estación 11 (Monumento a los Héroes de la Restauración) hasta la Estación 12 (próxima a la PCMM). 

 La acción fue interpuesta por residentes, juntas de vecinos y organizaciones sociales del sector, representados por los abogados Mito Núñez, Juan de Dios Reyes y Domingo de los Santos, quienes argumentaron que el trazado vulnera derechos fundamentales relacionados con la protección del medio ambiente, la salud, la propiedad privada y la calidad de vida de los habitantes.

Los Cacicazgos logra importantes victorias legales en defensa del orden urbano y la convivencia

SANTO DOMINGO.- La Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, Inc., celebra significativas victorias judiciales que respaldan su firme compromiso con la legalidad, la defensa de la institucionalidad y el respeto a las normas de convivencia que rigen su comunidad. 

 1. Colegio Baby First: apertura a juicio por operación ilegal Uno de los casos lo constituye el proceso contra la señora Jenny Jennifer Taveras López, quien opera de manera irregular el Colegio Baby First en la Calle Onaney esquina Canasibana, sin autorización legal y desobedeciendo órdenes oficiales de paralización. Tras múltiples incidentes procesales y más de 37 audiencias, la Primera Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional dictó sentencia el 16 de julio del presente año, admitiendo la acusación formal y ordenando la apertura a juicio. Este proceso se inició por la denuncia de la Junta de Vecinos, respaldada por la Alcaldía del Distrito Nacional.

 2. Torres Bainoa: construcción ilegal en zona de baja densidad Otro lucha comunitaria involucra la construcción de las Torres Bainoa, dos edificios de ocho niveles cada uno, erigidos en un cul-de-sac destinado únicamente a viviendas unifamiliares de hasta dos niveles, conforme a la normativa urbanística vigente. La Junta de Vecinos denunció la violación de uso de suelo, habiendo obtenido decisiones judiciales que reconocen la ilegitimidad del proyecto, disponiendo el cese de la construcción. 

 3. Torre de Plata: Suprema Corte anula decisión irregular En el tercer caso, relacionado con la ilegal construcción de la Torre de Plata, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió sentencia el 30 de mayo de 2025, casando una decisión anterior del Tribunal Superior Administrativo basada en una citación irregular. El alto tribunal ordenó la continuación del caso por ante Quinta Sala del Tribunal Administrativo para que se conozca nuevamente la cuestión planteada. 

Supuesto conflicto millonario entre socios inmobiliarios sacude proyecto en Bávaro

El empresario inmobiliario Luis Beltré denunció que ha sido víctima de una supuesta estafa millonaria por parte de su socio, el ingeniero civil Ángel Carlos Schiffino Peralta, en el proyecto habitacional “Residencial Coco Beach”, ubicado en Bávaro, provincia La Altagracia. 

 Según Beltré, su socio habría vendido sin autorización al menos seis apartamentos de su propiedad, valorados entre RD$64.8 millones y RD$142.8 millones, y además habría desalojado a propietarios de otras 14 unidades que él asegura haber vendido de buena fe a terceros.

 El edificio en disputa, compuesto por 40 apartamentos, habría sido construido mediante un acuerdo verbal entre ambos, que contemplaba 20 unidades para cada parte. “He vendido 14 de los 20 apartamentos que nos correspondían, según el acuerdo de buena fe, pero ahora Schiffino Peralta los desaloja, lo que evidencia que pretende quedarse con todo el proyecto, pese a que la inversión inicial fue mía”, aseguró el empresario en declaraciones a la prensa.

 Beltré indicó que los apartamentos están valorados individualmente entre 180 mil y 220 mil dólares, equivalentes, según dijo, a RD$10.8 millones y RD$13.2 millones por unidad, aplicando la tasa de cambio de 60 pesos por dólar. La suma de las seis unidades presuntamente vendidas sin su consentimiento por Schiffino Peralta alcanzaría el monto reclamado.