Tribunal rechaza acción de amparo en contra del trazado del monorriel

La acción de amparo presentada por los moradores de la urbanización del Reparto Universitario en contra del trazado del monorriel, por una zona considerada un área verde de Santiago, por rechazado este jueves por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, presidida por la jueza Alicia Mabel Guzmán Bencosme. 

 Los denunciantes y responsables de la acción de amparo argumentan que el trazado vulnera derechos fundamentales relacionados con la protección del medio ambiente, la salud, la propiedad privada y la calidad de vida de los habitantes, porque la construcción destruiría el área verde y un cuerpo de agua natural. 

 La acción fue presentada en contra de Empresas Ingeniería Estrella S.A., Consorcio ALSTOM, que construye el monorriel de Santiago. “Es necesario aclarar que, en caso de que el objeto del amparo fuese cuestionar la legalidad del permiso ambiental, el estudio de impacto ambiental, y verificar si se ajusta a los requisitos establecidos por la ley, la vía idónea no sería la acción de amparo, sino el recurso contencioso-administrativo, que permite un análisis técnico y jurídico más profundo de tales aspectos”, se lee en el apartado número 39 del falló, dado a conocer este 7 de agosto del 2025. 

Vecinos de Cuesta Brava-Arroyo Hondo reiteran denuncia contra constructora por supuesto crimen ambiental

El Ministerio de Medio Ambiente había paralizado temporalmente la obra en junio de 2025, pero la comunidad denunció que la constructora Danny Santos Comprés S.R.L continuó poco tiempo después. 

 La Junta de Vecinos de Cuesta Brava-Arroyo Hondo reiteró su denuncia contra la constructora Danny Santos Comprés S.R.L. a la que acusa de cometer un crimen medioambiental en el Cinturón Verde del Distrito Nacional, advirtiendo, además, un "grave conflicto de intereses" debido a la posición del propietario de la compañía como viceministro de Construcción. 

 La denuncia divulgada a través de las redes sociales de la comunicadora Carla Rubio, quien asegura ser representante de la junta de vecinos, se centra en dos proyectos: Balcones de la Rivera y Balcones del Cerro, ambos ubicados en zonas sensibles del Distrito Nacional. 

 Según el contenido de la denuncia, el proyecto Balcones de la Rivera, con una extensión de 18,894.57 m², fue clasificado irregularmente como de bajo impacto (categoría C), a pesar de que su tamaño exige una categoría superior y un estudio de impacto ambiental completo.

 La junta enfatizó que esta clasificación es una violación directa a la Ordenanza 2-2023, la cual establece que la zona es de uso residencial unifamiliar (R1) y de hasta dos niveles. La Ordenanza 2-2023, vigente desde el 4 de agosto de 2023, fue emitida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional para regular la zonificación de sectores como Arroyo Manzano y Cerros de Arroyo Hondo.

Diputados convierten en leyes la de alquileres y crean el Ministerio de la Familia

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, tras acoger las modificaciones que hiciera el Senado de la República.

 La iniciativa tiene por objeto regular las relaciones, condiciones y obligaciones jurídicas que se originen en el alquiler de bienes inmuebles destinados a la vivienda, al comercio o actividades sin fines de lucro. 

 El presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, dijo que a pesar de las modificaciones que la pieza sufrió en el Senado, la misma sigue manteniendo un equilibrio entre los inquilinos y los propietarios. “Este proyecto se suma a la cantidad de proyectos que hemos ido evacuando desde aquí del Congreso Nacional para el bienestar del pueblo dominicano. Hace más de 30 años, la sociedad dominicana ha estado reclamando una ley de alquiler. Aquí hemos hablado de todos los colores”, manifestó.

  En su artículo 2 establece que esta ley es de aplicación general en todo el territorio nacional y rige para los contratos de alquiler, con las excepciones de las fincas rurales; las pensiones y hospedajes; los parques o empresas de zonas francas que operan bajo la ley; los alquileres de inmuebles con fines turísticos o recreativos, cuya duración sea no mayor de noventa días. 

Tribunal Constitucional establece reglas para ventilar conflictos por servicios en condominios

El Tribunal Constitucional estableció un nuevo criterio que regirá en el conocimiento de conflictos suscitados por el atraso en el pago de cuotas por mantenimientos y servicios básicos en los condominios. 

 Mediante sentencia TC/0512/25, la Alta Corte varió la posición que había mantenido para ventilar los casos donde un condómino no está de acuerdo con el cobro de una cuota de mantenimiento y la administración le suspende el suministro de algún servicio básico a su vivienda por esa causa. 

 El TC se aparta del criterio previo que consideraba el amparo como la vía idónea y efectiva para procurar la restitución de servicios básicos esenciales en las viviendas, cuando la discusión tenga como origen el pago de cuotas ordinarias o extraordinarias de mantenimiento. “En su lugar, en lo adelante se juzgará que, en casos como el presente, donde un condómino no está de acuerdo con el cobro de una cuota de mantenimiento y la administración del condominio suspende el suministro de algún servicio básico a su vivienda, la vía adecuada para comprobar la legalidad de dicha suspensión es ante la Jurisdicción Inmobiliaria”. 

 Especifica que compete de ahora en adelante al el juez de los referimientos del Tribunal de Jurisdicción Original, el conocimiento “de toda medida urgente” que se deba tomar respecto del inmueble.

Apresan tres personas por estafa inmobiliaria en Puerto Plata

Agentes de la Policía Nacional coordinados por el Ministerio Público de Puerto Plata, apresaron dos hombres, uno de nacionalidad española y una mujer dominicana, implicados en una estafa inmobiliaria en el Proyecto Paraíso Dorado DM & R SRL en esta demarcación. 

 Los detenidos mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0046625, responden a Jesús Aldea Abian, de nacionalidad española, quien según el periódico el Heraldo de Aragón, España se encuentra en busca y captura, quien fungía como representante de la empresa DM & R del Proyecto Paraíso Dorado; Griselda Antonia Calderon Taveras, actual esposa del señor Jesús Aldea Abian, quien es la gerente de la empresa DM & R SRL, y Pedro Pablo Pérez Pérez, gerente de la empresa DM & R Proyecto Paraíso Dorado y esposo de la Procuradora Fiscal de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago.

 Los detenidos son acusados por el Ministerio Público, de violar los artículos 147, 148, 150 y 151 Del Código Penal Dominicano; en perjuicio de Damaso Medrano Reyes, por una suma de aproximadamente de RD$25 millones. 

 El expediente acusatorio establece la falsedad en escritura pública o auténtica, de comercio o de Banco, así como falsedad de escritura privada en contra de Damaso Medrano Reyes. 

Demandan al Banco Popular por más de 900 millones tras adjudicación de propiedad en Villa Consuelo

SANTO DDOMINGO.– El Banco Popular Dominicano enfrenta una demanda judicial por más de 912 millones de pesos, tras supuestamente haberse adjudicado de manera irregular una propiedad comercial en el sector de Villa Consuelo, en contravención a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). 

 De acuerdo con los abogados Edgar A. Jiménez y José A. Méndez Marte, representantes de la parte demandante, la entidad financiera se apropió de la Plaza Club Empresarial, ubicada en la intersección de las calles Charle Pie y Juan de Morfa, pese a que la SCJ había "casado" una sentencia anterior que favorecía al banco. 

 "La SCJ anuló la sentencia civil número 036-2021-SSEN-01033, que en principio daba ganancia de causa al Banco Popular. Al casarla, todo debía volver al estado anterior, pero eso no fue lo que ocurrió", explicaron los juristas. 

 En la actualidad, el Banco Popular enfrenta al menos cuatro procesos judiciales relacionados con este caso en distintas salas de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, así como en el Tribunal de Tierras. 

MP solicitará que se confirme prisión preventiva de 18 meses a cabecilla del caso Guepardo

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana solicitarán que se mantenga la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Yves Alexandre Giroux, uno de los principales cabecillas de la red de estafa electrónica de carácter inmobiliario del Caso Guepardo. 

 La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, dispuso el aplazamiento para el próximo 2 de septiembre, con el fin de citar a los querellantes.

 Durante la audiencia se conocerá la revisión obligatoria de la medida y la solicitud de traslado de recinto penitenciario que hace imputado. El Ministerio Público sostiene que contra Giroux debe mantenerse la medida privativa de libertad debido a la gravedad de los hechos y al peligro de fuga. 

 El pasado 11 de julio, las imputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco recurrieron en apelación, procediendo la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís a ratificarles la prisión preventiva por 18 meses, estableciendo, que es un hecho de suma importancia para la sociedad y que hay elementos que el Ministerio Público sindica que ameritan que se investigue en estado de prisión. 

Tribunal rechaza extinción de la acción penal contra Adán Cáceres y compartes

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento de plazo en el proceso seguido por corrupción administrativa al mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y demás imputados en el entramado desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G. 

 Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo fundamentaron su decisión en precedentes del Tribunal Constitucional, que han establecido que para declarar la extinción de la acción penal se deben valorar parámetros razonables que justifiquen la dilación de un proceso, tomando en cuenta el contexto de la justicia dominicana, caracterizado por limitaciones institucionales y múltiples recursos procesales que pueden retrasar la conclusión de los casos. 

 En el párrafo 20 de la decisión, el tribunal señaló que en la fase preliminar se produjo una prórroga de la investigación, en la cual el plazo del artículo 299 del Código Procesal Penal fue extendido de cinco (5) a noventa y cinco (95) días hábiles. Esta medida, explicaron, se adoptó para proteger el derecho de defensa en un proceso de gran magnitud, lo que justificó la extensión de los plazos. 

Apoya regulación de rentas cortas y exige acción de la DGII

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) informó que ese sector respalda la propuesta de regulación de los alojamientos de renta corta impulsada por el Ministerio de Turismo e instó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a asumir también su responsabilidad fiscal. 

 El presidente de la entidad, Juan Bancalari, explicó que actualmente Asonahores trabaja de manera activa con el Ministerio de Turismo, en la revisión de una propuesta regulatoria que ya fue entregada hace más de un mes. Contempla la creación de licencias, tanto para el propietario como para el “host” o anfitrión, con requisitos de registro y verificación de la propiedad. 

 Según indicó, ya la asociación ha elaborado una contrapropuesta que busca mejorar la experiencia del visitante y cerrar las brechas que aún persisten.

 La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, expusó que entre las medidas contempladas en el borrador está la obligación de mostrar fotos verificadas de los inmuebles, que serán inspeccionadas por el ministerio, evitando así fraudes comunes en plataformas digitales. Además, las propiedades deberán contar con un número de licencia visible en los anuncios, como garantía de autenticidad y seguridad para el turista.