Nueva Ley de Alquileres promulgada

Santo Domingo.- Todavía a la espera de que el Poder Ejecutivo promulgue u observe la Ley de Alquileres y Desahucios validada por el Congreso Nacional, conviene hacer un desglose de los puntos principales de la iniciativa de autoría de Alfredo Pacheco. 

 De ser promulgada, la pieza sustituiría normas dispersas y desactualizadas, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad jurídica y equilibrar las relaciones entre propietarios e inquilinos. 

 La ley regula el alquiler de bienes inmuebles destinados a vivienda, comercio o actividades sin fines de lucro, con aplicación en todo el territorio nacional. Quedan fuera de su alcance las fincas rurales, pensiones y hospedajes, parques y empresas de zonas francas, alquileres turísticos de hasta 90 días, bienes del Estado y actividades comerciales regidas por leyes especiales. 

 Entre sus propósitos, la normativa busca incentivar la inversión inmobiliaria pública y privada, nacional y extranjera, en proyectos de alquiler sostenible; reducir el déficit habitacional; y crear un marco moderno que fortalezca la equidad en las relaciones contractuales. 

 La nueva ley detalla las cláusulas mínimas que debe contener un contrato de arrendamiento: datos completos de las partes, descripción del inmueble, uso específico, precio y forma de pago, duración, fecha de término y dirección para notificaciones.

 Para inmuebles destinados a vivienda, el depósito de garantía no podrá superar dos meses de renta, mientras que en comercios o entidades sin fines de lucro este monto será el que acuerden las partes.  .El contrato podrá incluir cláusulas de opción de compra y, en el caso de alquileres comerciales o de asociaciones, se podrá pactar la resolución de conflictos por vía arbitral.

Recomiendan instalar sistema de alerta para evitar fraudes inmobiliarios

Santo Domingo.- La Red de Abogados Inmobiliarios (ABOGAIN), solicitó a la Jurisdicción Inmobiliaria instalar un sistema de “Alerta” para evitar los fraudes que se registran constantemente en perjuicios de los propietarios e inversionistas del área. 

El vocero de la institución, José Antonio Thomas, y el asesor legal, Wendy José Alcántara Ramírez, dijeron que este sistema consiste en una alarma que le estaría comunicando vía correo electrónico, teléfono, o mensaje al verdadero dueño del inmueble, si alguien intenta suplantar su identidad para obtener otro título de su vivienda, o cualquier propiedad. 

 Manifestaron que la jurisdicción Inmobiliaria podría cobrar una cuota incluida vía el impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) por este servicio, a cada dueño de inmueble para mantener esta asistencia. «Este sistema podría estar interconectado con la Junta Central Electoral (JCE), Dirección de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría General de la República (PGR), para garantizar una mejor y más efectiva conexión y monitoreo de todo aquel que deposite o requiera información de cualquier traspaso», indicaron. 

 Pidieron que se incluya en ese sistema el estado jurídico actualizado de los inmuebles, por lo menos dos veces al año, a fin de mantener al día a los propietarios registrados en la jurisdicción Inmobiliarias.

Fuente: https://elnacional.com.do/recomiendan-instalar-sistema-alerta-evitar-fraudes/

¡Indignación en Manzanillo!: Contratista del Puerto evade pago de arbitrio por uso de suelos y excluye de empleos a la comunidad

Por Frank Valenzuela presidente de CEBAMDER MANZANILLO Montecristi, Domingo 10 De Agosto 2025.- Fue el profesor Edis Hernández, una figura respetada en Manzanillo, quien primero encendió las alarmas sobre las prácticas laborales del contratista. 

A través de un mensaje directo y contundente en su red social Facebook, Hernández reveló la información que circulaba entre los vecinos: la empresa a cargo de la reparación y ampliación del puerto, operando en los terrenos del viejo taller de Grenada Companny, estaba sistemáticamente negando oportunidades de empleo a los jóvenes de Manzanillo, Copey y Carbonera, sembrando la desesperanza en la comunidad. 

 El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) denunció este domingo que el ambicioso proyecto de rehabilitación y ampliación del Puerto de Manzanillo, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el Programa DR-L1141 y destinado a ser un motor de desarrollo para la Línea Noroeste, se ha convertido en el epicentro de una creciente indignación social en el municipio Pepillo Salcedo. Frank Valenzuela, presidente de la organización ciudadana, destacó que el conflicto se centra en una doble denuncia que golpea los pilares de la responsabilidad social y legal de la empresa contratista, Soletanche Bachy Colombia, la cual opera bajo la supervisión del Consorcio PEYCO Seg. Giménez Cuenca. 

Imponen coerción a tres hombres implicados en fraude millonario en proyecto habitacional “Paraíso Dorado”

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Ante las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal de Puerto Plata impuso, como medidas de coerción, el pago de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país contra tres personas investigadas por un fraude millonario, estafa y uso de documentos falsificados relacionado con el proyecto habitacional “Paraíso Dorado”.

 La medida fue impuesta a Jesús Aldea Abian, de nacionalidad española, al abogado Pedro Pablo Pérez y a su esposa Griselda Antonia Calderón Taveras. La acción judicial partió de una querella presentada por Dámaso Medrano Reyes, quien denunció haber sido víctima de la falsificación de su firma en un poder general, mediante el cual se otorgaban amplias facultades a su entonces socio Jesús Aldea Abián, para actuar en su nombre dentro del proyecto. 

 Según consta en la querella, los documentos falsificados fueron utilizados para desviar fondos de inversionistas hacia otras dos compañías: Guztrade SRL y Condular SRL, creadas junto a los también imputados Pedro Pablo Pérez y Griselda Antonia Calderón Taveras.

Gobierno refuerza control ambiental en obras públicas: exigirán origen legal de materiales de construcción

Santo Domingo, R.D. – Con el objetivo de garantizar un uso más responsable de los recursos naturales en las obras del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular conjunta que obliga a las instituciones públicas a verificar el origen legal de los agregados utilizados en la construcción. 

 Esta nueva disposición se enmarca dentro de la Política de Compras Públicas Verdes del Estado Dominicano y responde al cumplimiento del Decreto Núm. 617-22, que declara de interés nacional la promoción de compras públicas sostenibles e inclusivas. 

Exigencias más estrictas para proveedores de agregados 

El documento, firmado por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, instruye a todas las instituciones del Estado a incluir en los pliegos de condiciones de los procesos de contratación de obras, la obligatoriedad de presentar la autorización ambiental por parte de las empresas proveedoras de agregados.

Habilitan plataforma de Acceso Digital para 46 salas de la Jurisdicción Inmobiliaria

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Poder Judicial avanza en la expansión de la Plataforma de tramitación en línea, Acceso Digital en las salas de la Jurisdicción Inmobiliaria, integrando tanto los Tribunales de Jurisdicción Original como los Superiores de Tierras y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

 Este esfuerzo responde a la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, adoptada en su sesión núm. 17/2025, mediante la cual se autorizó la expansión del Acceso Digital y de las audiencias virtuales en las materias Inmobiliaria, Niños, Niñas y Adolescentes, así como en los Juzgados de Paz, de manera progresiva. 

 De acuerdo con un comunicado de prensa, desde el 31 de julio, todas las salas de tierra a nivel nacional están habilitadas para recibir trámites a través de esta plataforma, sumando un total de 46 salas en funcionamiento y consolidando el acceso a la justicia inmobiliaria en todo el país. Estas salas se suman a las 76 ya integradas en materia laboral, las 110 en materia Civil, las seis salas del Tribunal Superior Administrativo, así como la Primera y Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

 Acceso digital es un servicio diseñado para que las personas usuarias puedan realizar trámites, solicitudes, depósitos, consultas y demás funcionalidades que el ordenamiento jurídico permite utilizando la tecnología, conforme a la Ley 339-22. 

Punta Bergantín tendrá impactos ambientales mayormente positivos o de baja intensidad, según estudio

La mayoría de los impactos del proyecto turístico Punta Bergantín sobre el medio ambiente son de baja y media intensidad, tanto en su fase de construcción como en la de operación, según revela el Estudio de Impacto Ambiental presentado durante las vistas públicas a la comunidad y a los interesados.

 Mario Méndez, vicepresidente de la firma Empaca —empresa responsable de la investigación—, explicó mediante un comunicado de prensa que el estudio abarca un análisis detallado de los impactos ambientales y sociales asociados a todas las etapas del proyecto, desde la construcción hasta la operación de hoteles y otras instalaciones.

 Durante la fase de construcción, considerada la más breve pero también la más compleja desde el punto de vista ambiental, se identificaron 22 impactos. De estos, 16 fueron clasificados como negativos de baja y media intensidad, mientras que 12 fueron considerados positivos y de alto impacto.

 Los impactos negativos de baja intensidad se caracterizan, en su mayoría, por ser de corta duración, mitigables o reversibles. En cambio, los positivos se asocian a la mejora de la calidad de vida y el poder adquisitivo de los trabajadores involucrados en el proceso constructivo, así como al aumento de la demanda de insumos, principalmente adquiridos en las comunidades cercanas a Punta Bergantín y Villa Montellano. 

El Fideicomiso de Viviendas de Bajo Costo defiende transparencia en licitación en Ciudad Juan Bosch

El Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo de la República Dominicana (Fideicomiso VBC RD) respondió este martes a los señalamientos realizados por la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec), asegurando que el proceso de licitación para la construcción y operación de la red de telecomunicaciones en Ciudad Juan Bosch se ha realizado "con total transparencia y conforme a la ley". 

 La entidad aclaró que el modelo licitado no promueve un monopolio, como ha afirmado la Comtec, sino que establece una infraestructura abierta y neutral que podrá ser utilizada por todos los proveedores autorizados por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

 El objetivo, aseguró, es garantizar acceso equitativo, fomentar la competencia y ofrecer beneficios reales a los ciudadanos. 

 Una renta técnica

 En relación con la tarifa de 12 dólares mencionada por Comtec, el Fideicomiso explicó que este monto se ha establecido como tope y corresponde a una renta técnica máxima que los operadores podrán cobrar entre sí por el uso de la red, no al usuario final. Cada prestadora de servicios definirá libremente su tarifa al cliente. Esto garantizará la competencia en precios y protección al consumidor.

Desalojan invasores en Boca Chica tras vencerse el plazo

Un amplio contingente de militares, policías y agentes de la Dirección General de Migración llevó a cabo ayer el desalojo de decenas de ocupantes ilegales en un extenso terreno ubicado en el municipio de Boca Chica, luego de vencerse el plazo de 15 días otorgado para abandonar voluntariamente el área. 

 La intervención se produjo tras el incumplimiento de una notificación emitida a mediados de junio por el abogado del Estado y fiscal de tierras ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano, quien había requerido a los ocupantes abandonar el terreno ocupado de manera irregular durante más de tres años. 

 El inmueble, identificado con la designación catastral No. 403433872708 y certificado de título No. 4000248037, libro 0088, folio 195, pertenece legalmente a la empresa Boca Chica Country Club, C. por A., que proyectaba en el lugar el desarrollo de un complejo turístico con ese mismo nombre .

Durante el operativo, las autoridades destruyeron decenas de casuchas, estructuras improvisadas y viviendas construidas con zinc o hojalata. Asimismo, se detectaron recientes cercamientos de solares, lo que, según las autoridades, evidenciaría intentos de legalizar de manera informal la ocupación.