Audiencia sorpresa en Corte de Apelación del DN sobre caso Jet Set sin notificar a las partes

El abogado Félix Portes, representante de varios querellantes en el caso Jet Set, manifestó su sorpresa ante el hecho de que la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerá el recurso de apelación interpuesto contra la medida de coerción impuesta a Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, sin que la parte querellante haya sido previamente notificada. 

 Portes calificó la situación de “extraña”, recordando que previamente la Tercera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia había desestimado los recursos de apelación presentados por más de 40 víctimas, así como por la parte querellante y el Ministerio Público. “Lo más sorprendente de todo esto es que ni los abogados querellantes, ni siquiera la prensa, han sido notificados de esta audiencia”, señaló el jurista. 

 Antecedentes del caso Jet Set 

El caso se originó tras el colapso de la discoteca Jet Set el pasado 7 de julio de 2024, donde al menos 15 personas murieron y decenas resultaron heridas durante un evento multitudinario. 

Investigaciones posteriores revelaron que el establecimiento operaba sin los permisos correspondientes de instituciones como el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente, Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED). 

Dictan apertura a juicio contra mujer por estafa millonaria

Santo Domingo.– El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio en contra de Andrea Engracia José Valdez, acusada de abusar de la confianza de más de veinte personas entre 2012 y 2021. 

 Andrea es acusada de estafar a las personas con más de 29 millones de pesos con la falsa promesa de una alta rentabilidad. Según la acusación, la imputada utilizó la razón social A.J. Valdez y Asociados, S.R.L. para captar la suma de RD$29,280,500, ofreciendo a las víctimas un supuesto plan de negocios en el que aseguraba contar con una cartera de clientes a quienes prestaba dinero. A cambio, prometía tasas de interés superiores a las ofrecidas por las entidades bancarias, cuyos beneficios serían compartidos con los inversionistas. 

 Decisión del juez 

La decisión judicial fue adoptada por la jueza suplente Sofía Bruno, quien valoró la solidez de la acusación presentada por la fiscal litigante Margaret Cabrera Morillo, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público. 

Propietarios de terrenos en «Los Olivares» en Pedernales exigen pago al Mopc e Inapa

PEDERNALES. — Un grupo de propietarios de parcelas ubicadas en la comunidad Los Olivares, colindante con la carretera Pedernales-Enriquillo, están haciendo un llamado urgente al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, y al director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, para que se les compense económicamente por el uso de sus tierras en proyectos de infraestructura vial y de agua potable.

 Los parceleros, entre ellos Pedro Julio Féliz Valentín, Nidio de León, José de los Santos, Manuel Antonio Sena, Alberto Féliz Báez y Loló Pérez, aseguran que parte de sus terrenos han sido ocupados para la ampliación de la carretera a cuatro carriles y la instalación de redes del acueducto que abastece a la zona turística de Cabo Rojo, sin que hasta el momento hayan recibido el pago correspondiente. 

 Afirman que los hidrantes y tuberías del acueducto fueron instalados “maliciosamente” sin una compensación justa, al igual que se han utilizado miles de metros lineales de sus parcelas para obras viales clave dentro del plan de desarrollo turístico impulsado por el gobierno del presidente Luis Abinader. 

 Los agricultores explican que, aunque respaldan las iniciativas de desarrollo, no pueden aceptar lo que consideran un abuso sobre sus derechos de propiedad. “Apoyamos el turismo, pero no aceptamos que se usen nuestras tierras sin pagar el valor real del terreno,” señalaron. 

MIVED actualiza tasas de servicios para fortalecer inspecciones y mantiene exenciones a «Vivienda de Bajo Costo»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) anunció este miércoles la actualización de las tasas por servicios de tramitación de planos e inspección de edificaciones privadas, con el objetivo de proteger la vida y el patrimonio de la población mediante una supervisión más amplia, oportuna y rigurosa en todas las etapas del proceso constructivo. 

 La adecuación de tasas permitirá incrementar el número de inspecciones, ampliar el personal técnico calificado e incorporar herramientas y tecnología que eleven la calidad, y eficiencia de las verificaciones en obra. 

 “Los constructores deben ver esta actualización de tasas como una inversión en seguridad, calidad urbana y sostenibilidad del servicio”, subrayó el ministro Carlos Bonilla. “Con más y mejores inspecciones evitamos errores de construcción, prevenimos intervenciones ilegales o riesgosas y actuamos a tiempo para exigir correcciones antes de que los problemas pongan en riesgo a los ciudadanos”, según el MIVED. 

 La medida se enmarca en la Ley 160-21 y en el Reglamento R-004 de Supervisión e Inspección de Obras y forma parte de un proceso de mejora continua para ofrecer servicios más eficientes, con mayor cobertura y calidad, desde el Viceministerio de Normas, Tramitaciones y Reglamentaciones del MIVED.

TSA rechaza demanda de la Alcaldía DN contra construcción de torre en Piantini

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó una segunda demanda cautelar interpuesta por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía, que buscaba la suspensión de la construcción de la torre Wyndham Grand Everest, ubicada en la calle Federico Geraldino del sector Piantini. 

 La jueza presidente de la Primera Sala del TSA, Luisa del Carmen Canaán, dictó la Sentencia núm. 0030-01-2025-SSMC-00080 el 15 de agosto, en la que concluyó que la paralización del proyecto, actualmente en fase avanzada, afectaría “gravemente el desarrollo del sector y a terceros que, confiados en la regularidad de los actos administrativos emitidos por la Alcaldía del Distrito Nacional, han adquirido unidades en dicho proyecto”. 

 De acuerdo a un comunicado de prensa, el tribunal sostuvo que la acción en lesividad presentada por el ADN no superó el criterio de apariencia de buen derecho, pues los actos administrativos cuestionados fueron emitidos bajo un procedimiento regular, generaron derechos adquiridos y gozan de presunción de legalidad. Además, la jueza argumentó que no existía urgencia, ya que el proceso principal ofrece un cauce adecuado para la revisión de legalidad. 

 La defensa del desarrollador Grupo Choroni, SRL, estuvo a cargo de los abogados Julio Cury, Víctor León Morel y José Alberto Cruceta hijo, quienes destacaron que la medida cautelar no puede usarse como “un mecanismo de presión, sino como una herramienta excepcional”. 

Exgobernador del Banco Central denuncia invasiones de tierras afectan inversión y desarrollo turístico

Santo Domingo, R.D. – El economista Hugo Guiliani Cury, ex gobernador del Banco Central y ex embajador en Inglaterra, alertó sobre los efectos negativos que tienen las invasiones de tierras en la atracción de capital extranjero y el desarrollo del turismo en la República Dominicana. 

 A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Guiliani Cury comentó la situación denunciada por el inversionista estadounidense Lance Lundberg, quien en una carta publicada en el Listín Diario explicó que adquirió terrenos en Cabarete para un proyecto turístico, pero que ha visto impedido su desarrollo debido a ocupaciones ilegales. 

 “Lo ocurrido me da pena por mi país. Donde no hay respeto por la propiedad privada, nunca podrá desarrollarse”, escribió Guiliani Cury, tras destacar la trayectoria académica y profesional de Lundberg en reconocidas universidades de Estados Unidos. 

 El exgobernador del Banco Central recordó además un episodio de su carrera diplomática, cuando presentó a dos fondos de inversión de Medio Oriente un plan turístico de 3 mil millones de dólares en la zona Barahona–Pedernales. Dijo que dichas inversiones se desvanecieron luego de que los consultores detectaran en redes sociales imágenes de invasiones de terrenos en la región.

MP lleva al tribunal un camión de pruebas contra exministros imputados por corrupción

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público llevó este viernes ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional un camión, lleno de presuntas pruebas para ser utilizadas en las audiencias preliminar contra exministros y otros exfuncionarios acusados de estafar al Estado con más de 21 mil millones de pesos. 

 Previo al inicio de la audiencia, el vehículo con los presuntos elementos probatorios se encontraba en la parte frontal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras el personal trasladaba cajas al juzgado. 

 La jueza Altagracia Ramírez conoce el caso, en donde el órgano acusador está concluyendo la lectura del expediente con la acusación en esta fase procesal. Entre los principales acusados figuran los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; y de la Presidencia, José Ramón Peralta. También están señalados Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; así como Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar. 

Guerra de declaraciones por Playa Encuentro: Inversionista acusa al Estado de bloqueo y comunidad defiende acceso público

Cabarete, Puerto Plata. La reconocida Playa Encuentro, joya del turismo deportivo en la costa norte, se ha convertido en el epicentro de un agudo conflicto que enfrenta a un inversionista estadounidense con un amplio frente de organizaciones comunitarias. 

Ambas partes han escalado sus reclamos al presidente Luis Abinader, presentando declaratorias públicas con fallos judiciales que, aunque firmes, parecen chocar en la práctica, dejando en el aire el futuro de un proyecto turístico de US$400 millones y la garantía del acceso público a la playa. 

 La Denuncia del Inversionista

 Por un lado, el empresario estadounidense Lance Lundberg, con una trayectoria de más de tres décadas y egresado de Harvard y Yale, denunció en una carta pública al presidente Abinader el «bloqueo ilegal» y el «desacato reiterado» de sentencias judiciales por parte de funcionarios del Estado dominicano. 

Según Lundberg, estas acciones han frenado la ejecución de su proyecto turístico en un terreno de 137 mil metros cuadrados adquirido en 2006. 

Bienes incautados en casos Coral han generado más de 86 millones por concepto de alquileres

Los bienes incautados a los policías y militares vinculados al caso Coral, que están bajo la custodia de la Procuraduría General de la República, han generado por concepto de alquileres RD$31,294,100.00, y RD$55,288,231.83, en el caso de los proyectos agrícolas. 

 El Ministerio Público explicó que se ha solicitado el decomiso de ambos montos a favor del Estado dominicano, ya que este fue afectado por el entramado de corrupción administrativa que defraudó con más de RD$4,500 millones y que fue desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G. 

 El mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), figura como el principal cabecilla de la red, integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre los años 2012 y 2020. Además de Cáceres, De los Santos Viola y Torres Robiou, en el caso son procesados el coronel policial Rafael Núñez de Aza; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz; Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) y su hijo; el cabo policial, Tanner Antonio Flete Guzmán. 

 También están acusados José Manuel Rosario Pirón; Carlos Lantigua; Alfredo Pichardo; Erasmo Roger Pérez; Jehohanan Lucía Rodríguez; Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco. La acusación indica que los procesados también sustrajeron fondos de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).