Se querellan contra Director del CEA por supuesta corrupción

Santo Domingo, 4 sep (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) depositó este jueves una querella contra el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos Gómez; el exdirector César Cedeño Ávila, y el gerente legal de Asuntos Inmobiliarios, Carlos Garó Pérez, acusándolos de presuntos actos de corrupción y maniobras ilegales para despojar a ciudadanos de sus propiedades. 

 La acción legal, fue presentada por el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, y el abogado Moisés Sánchez Severino ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

 La querella se realizó en representación de Juan Rivera Cordero, quien libra una batalla judicial desde 2017 por la parcela 21-C-2, Proyecto Orquídea, en Santo Domingo Este, frente a la empresa Docar y su ejecutivo Jangle Vásquez Rodríguez, dijeron los querellantes en una nota. 

Fulcar impulsa resolución a favor de Salinas de Puerto Hermoso

El senador por la provincia Peravia, Julito Fulcar, sometió ante el Senado de la República un proyecto de resolución que busca reconocer el derecho de permanencia de los pobladores que viven en la comunidad de Salinas de Puerto Hermoso, en el municipio Baní. 

La iniciativa legislativa solicita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, para que disponga las acciones necesarias que garanticen la permanencia de los habitantes en dicha comunidad, al tiempo que se definan oficialmente los límites del área protegida conocida como Las Dunas. 

 Mediante una nota informativa se afirma que la propuesta será estudiada por la Comisión Permanente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, como parte del procedimiento establecido para esos casos. 

 Con esta resolución, el senador Fulcar procura ofrecer seguridad jurídica a las familias que por años han vivido en la zona, promoviendo una convivencia armónica entre la comunidad y la conservación ambiental. 

 El senador Fulcar afirmó que tomó la iniciativa debido a que el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió una resolución donde anunció que procederá a fijar los linderos en la zona de amortiguamiento de la reserva natural Las Dunas debido a que dentro de esa área se han producido asentamientos humanos.

Caso Guepardo: jueza conocerá este martes revisión de coerción a uno de los cabecillas


Santo Domingo, RD. – La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, Vicky Chalas, conocerá este martes la solicitud de revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a uno de los principales cabecillas de la red criminal vinculada al caso Guepardo, imputado de estafa por más de US$18 millones mediante la venta fraudulenta de un proyecto inmobiliario. 

 Se trata del imputado Yves Alexandre Giroux, quien cumple 18 meses de prisión preventiva, dictada por un juez de la Oficina de Atención Permanente de esa jurisdicción. 

 Giroux está imputado, junto a otras personas, de estafar a decenas de víctimas por un monto que asciende a US$18, 851,583.12, utilizando el nombre de una empresa establecida para generar confianza en los inversionistas. 

 El Ministerio Público solicita que se mantenga la prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos y el alto riesgo de fuga. Se recuerda que la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través de la Unidad de Investigaciones Criminales, identificó a los implicados en la red del caso Guepardo y ejecutó una serie de allanamientos.

 El pasado 7 de febrero fueron realizados 11 allanamientos e incautaciones en inmuebles de Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Durante los operativos, se confiscaron vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación clave que permitió al Ministerio Público establecer el modus operandi de la red delictiva. Estas diligencias permitieron recolectar más de 284 evidencias, entre documentos, peritajes, material audiovisual, pruebas materiales y testimonios. 

 Un juez de la Oficina de Atención Permanente impuso el pasado febrero, medidas de coerción al grupo y declaró complejo el proceso.

Caso Costa Dorada: Tribunal ordena reinicio de juicio tras acusar a Helena Regalado de tácticas dilatorias

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó este lunes, el reinicio del juicio de fondo contra los implicados en el caso Costa Dorada, luego que acusó la semana pasada a Rafael Olegario Helena Regalado de implementar tácticas dilatorias que buscaban retrasar el proceso. 

 El tribunal, compuesto por las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Clara Sobeida Castillo y Yisell Soto Peña, advirtió que continuará impartiendo justicia y actuará frente a cualquier estrategia destinada a entorpecer el proceso judicial. 

 En esta etapa final del juicio ya se el Ministerio Público había leído la acusación y presentado seis testigos. La semana pasada, Helena Regalado fue arrestado con el argumento del juzgado de garantizar su presencia en el juicio y asegurar que este se conozca sin dilaciones indebidas, conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal. 

 Las magistradas señalaron que el imputado, de manera directa y a través de la empresa Global Multibussines Corporation GMBC, S.R.L., ha realizado recusaciones infundadas a jueces y al Ministerio Público, cambios injustificados de abogados y otros actos que buscan impedir el avance del caso. 

Rosa Pilarte solicita suspensión de sentencia por lavado de activos y financiamiento del terrorismo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La exdiputada Rosa Amalia Pilarte presentó un recurso de revisión constitucional para solicitar la suspensión de la sentencia que la condena a cinco años de prisión, el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público y su envío a la cárcel de Rafey, en Santiago, por los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

 El recurso fue depositado ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia y presentado por un equipo de abogados encabezado por Eduardo Jorge Prats, Julio Cury, Luis Leonardo Félix Ramos, entre otros, con el objetivo de que la ejecución de la sentencia quede suspendida mientras se estudia la revisión. 

Actualmente, la Corte espera que la exlegisladora notifique formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR), institución que deberá presentar su contestación para que el expediente sea remitido al Tribunal Constitucional. 

 Según los juristas de Pilarte, la solicitud de suspensión busca preservar provisionalmente principios institucionales, como la separación de poderes, la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso. Además, señalan que mantener la libertad de la exdiputada durante este proceso no representa un riesgo para el sistema judicial ni afecta los derechos de terceros, dado que los delitos que se le imputan tienen carácter económico y no comprometen la vida o la integridad de otras personas. 

Gobierno entrega RD$46 millones en indemnizaciones y 55 títulos de propiedad a parceleros de Monte Grande

El Gobierno dominicano, a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), entregó RD$46 millones en indemnizaciones a 63 parceleros y 55 títulos de propiedad a productores vinculados al proyecto Presa de Monte Grande.

 El acto fue encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director ejecutivo del INDRHI, Olmedo Caba Romano, quienes destacaron el compromiso del presidente Luis Abinader de impulsar el desarrollo social y económico de las comunidades impactadas por la obra.

 Caba Romano informó que, con esta entrega, el INDRHI ha otorgado en total RD$587.5 millones en compensaciones a parceleros de la zona. Explicó que los pagos corresponden a un acuerdo por la cesión de 20 tareas de tierras.

 Por su parte, el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Francisco Guillermo García, resaltó que los títulos entregados beneficiarán a más de 300 familias, dentro del proyecto AC-627 Monte Grande, que abarca 550 tareas destinadas al cultivo de plátanos. 

Senado aprueba proyecto dispone instalación fuentes de energía renovable en edificaciones


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Senado aprobó este jueves en segunda lectura el proyecto de ley que dispone la instalación de fuentes de energía renovable en edificios públicos y privados, con el propósito de fomentar el empleo de fuentes alternas de energía, promover el ahorro y la eficacia energética. 

 En su considerando segundo, la pieza refiere que la alta demanda de energía ha llevado a una sobreexplotación de las fuentes de energía convencionales, de carácter fósil, lo que ha contribuido gradualmente a la degradación de los recursos naturales, ha traído como consecuencia el cambio climático y otros efectos dañinos sobre el planeta tierra; perturbado el equilibrio ecológico y ha puesto en peligro a toda la humanidad y al sistema ambiental. 

 Por otra parte, fue sancionado en segunda lectura el proyecto de ley que eleva el distrito municipal Verón-Punta Cana, perteneciente al municipio de Higüey, de la provincia de La Altagracia a la categoría de municipio. Esta pieza legislativa es de la autoría del senado Rafael Barón Duluc. 

 El Pleno del Senado aprobó también el proyecto de ley que declara el 8 de noviembre de cada año “Día Nacional del Stem”, remitido por la Cámara de Diputados. El objeto de esta iniciativa legislativa es celebrar e incentivar la importancia de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en el desarrollo integral y la competitividad, en consonancia con la celebración del «Día Internacional del STEM” en esta misma fecha, dijo el Senado en un comunicado.

La Suprema Corte confirma condena de 5 años contra Rosa Amalia Pilarte, exdiputada del PRM


En una decisión de jurisdicción privilegiada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena de cinco años de prisión contra la exdiputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, por lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

 La sentencia firmada por el presidente de la Suprema, Henry Molina y los demás integrantes, condena además a la exlegisladora por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) al pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público contra La sentencia, emitida este 29 de agosto, rechazó en su totalidad el recurso de casación de la defensa y confirmó la culpabilidad de Pilarte por infracciones a la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

 Discrepancia financiera y base de la condena

 La sentencia destaca que la defensa no pudo refutar las pruebas que demostraron que Pilarte movilizó más de RD$4,400 millones en sus cuentas entre 2003 y 2021, a pesar de haber declarado ingresos por solo RD$16 millones durante ese mismo período.

Dictan un mes de prisión a reconocido invasor de terrenos en Santo Domingo

El tribunal de atención permanente dictó ayer un mes de prisión a Franklin Mercedes Vásquez, para cumplirlo en la cárcel de Najayo, Provincia San Cristóbal. Mercedes es acusado de integrar una banda de invasores que, según las autoridades, se dedicaba al hurto, falsificación de documentos, amenazas, intimidación y ocupación ilegal de terrenos en varias comunidades, entre ellas La Victoria, Mata Mamón, El Ocho, Circunvalación tramo dos, Proyecto Los Castillos, La Ceiba y Hacienda Estrella. 

 La detención se produjo mediante la orden de arresto número 973-2025-EMES-02605, emitida por el Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, a solicitud del fiscal titular, Milciades Guzmán. 

 Guzmán dijo que no permitirá que los invasores lleven intranquilidad a los propietarios de terrenos privados y del Estado. Los ciudadanos de estas comunidades se sienten protegidos con las decisiones de la fiscalía y de la magistrada Paula Margarin que lleva a cabo los procesos en los tribunales en contra de los invasores de tierra. 

 En ese sentido Franklin Mercedes cuenta, con varias solicitudes de órdenes de arresto y de desalojo en propiedades del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), por lo que calificamos como un hecho de avance donde se protege la seguridad jurídica para la tranquilidad de quienes poseen tierras en estas comunidades.

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