Punta Cana: primer polo turístico con plan de ordenamiento

Tras décadas de propuestas por parte del sector privado, Punta Cana estaría a punto de convertirse en el primer polo turístico con un plan municipal de ordenamiento territorial, de acuerdo con el ministro de Turismo, David Collado, quien aseguró recientemente que esta zona deberá tener un plan de ordenamiento territorial "antes de que culmine el año". 

 El plan –amparado bajo el marco jurídico de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y su reglamento– representa una oportunidad para que autoridades y ejecutivos del sector privado acuerden cómo encarar los principales retos que tiene el municipio, como la preservación del hábitat costero-marino, la construcción de infraestructuras clave y el freno a los asentamientos urbanos desorganizados, observó el arquitecto Gustavo Valdez. 

 Hallazgos Valdez contribuyó a diseñar una primera propuesta de planificación para Punta Cana en el año 2007, sin embargo, esta nunca llegó a implementarse. Asegura que el actual plan de ordenamiento –propuesto por el viceministerio de Ordenamiento Territorial– califica y clasifica los suelos del distrito municipal en urbanos, urbanizables y no urbanizables.

 Asimismo, identifica todos los posibles conflictos de uso de suelo que hay en la actualidad, como suelos de áreas protegidas con zonas construidas, concesiones mineras en suelos también construidos u ocupación de zonas costeras no urbanizables. Sin embargo, explicó que la propuesta aún "no dilucidaba" cómo se resolverían estos conflictos del uso de suelo, y subrayó que es un tema que debe conocerse "a mayor profundidad" y llegar a un consenso.

 Lanzan plan de Ordenamiento Territorial de Verón Punta Cana 

Los pasos a agotar Conforme lo establece la ley, este plan municipal de ordenamiento territorial turístico estará a cargo de la Junta del Distrito Municipal Verón Punta Cana, recordó el abogado Boris de León. Esta junta debe crear una oficina de planeamiento urbano, elaborar el plan y llevarlo a vistas públicas, antes de aprobarlo la Junta de Vocales. Finalmente, el Ministerio de la Presidencia lo aprueba, previo a ser definitivo.

Fuente:https://www.diariolibre.com/economia/turismo/2025/09/15/punta-cana-el-primer-polo-con-plan-de-ordenamiento/3246113

No existió desfalco! Abogados de querellantes caso Calamar contradicen al MP y le aclaran que si hubo engaño, fue de parte de su “villano favorito”

República Dominicana.-En la audiencia el viernes 12, del caso identificado por el Ministerio Público como Operación Calamar, luego de cerrarse las presentaciones con la exposición del abogado querellante Pablo Castillo, tomó la palabra Ángel Lockward para rebatir los señalamientos en su contra. 

 Fue entonces cuando Lockward recordó declaraciones ya publicadas en los medios en julio de 2023: “No conocía a Gonzalo Castillo, ni a Ramón Peralta, ni a Donald Guerrero; no les dio dinero, solo aportó a Luis Abinader”. Tras esa afirmación, desmontó punto por punto los argumentos de la acusación, al punto de que, el propio Pablo Castillo desistió en ese momento de la querella contra Ángel Lockward y el exministro Donald Guerrero.

 Asimismo, otros abogados de los querellantes, al analizar las pretensiones del Ministerio Público sobre la propiedad, el valor y la forma de pago de los terrenos expropiados en la zona del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), coincidieron en que los pagos fueron realizados conforme a derecho y que no existió desfalco. “Si hubo engaño, fue de parte de Fernando Crisóstomo, el gran beneficiado con un criterio de oportunidad”, puntualizó el abogado 

Moisés Sánchez, quien lo calificó como “el villano favorito del MP”. En ese contexto, representantes de las familias propietarias de los terrenos del AILA —entre ellos los abogados Moisés Sánchez, Patricio Mañón, Julio César Ventura, Navarro Rossis, Guillermo Victoria y Genaro Zapata— desistieron formalmente de sus querellas contra Donald Guerrero. Argumentaron que, tras revisar las pruebas, quedó demostrado que Hacienda cumplió con sentencias firmes de pago y que no hubo complicidad con los exfuncionarios señalados. 

Cientos se querellan contra expresidente, dos ministros y empresas constructoras de Punta Catalina

En un hecho sin precedentes, los abogados del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) depositaron este martes una querella firmada por cientos de personas con constitución en actor civil contra "la corrupción y la contaminación" de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, y acusan al expresidente Danilo Medina, a los actuales ministros Joel Santos, de Energía y Minas, y Paíno Henríquez, de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 La acción judicial fue presentada en la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y en la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (PROEDEMAREN).

 La demanda exige que se sustituya en un plazo no mayor de cuatro años el uso de combustibles fósiles por energía renovable en la planta, así como la eliminación de las cenizas tóxicas depositadas en el batey San José, en el distrito municipal de Catalina, provincia Peravia. Además, solicita una indemnización solidaria de 3 mil millones de dólares por los daños ocasionados al Estado dominicano, a la colectividad, a los querellantes, al medio ambiente y a los recursos naturales. 

 Entre los señalados figuran el expresidente Danilo Medina, exministros y ministros actuales de Medio Ambiente y de Energía y Minas, así como pasados y actuales administradores de Punta Catalina. La querella también pide fuertes penalidades para las empresas Odebrecht, Tecnimont, Grupo Estrella y la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC). 

Estudio revela caos en uso de suelos de RD, impactando en terrenos agrícolas y zonas vulnerables

El uso que se le da al suelo en el país parece repartirse sin reglas, que conlleva a barrios enteros levantados en zonas de alto riesgo, cuevas milenarias amenazadas por la minería, industrias rodeadas de viviendas, y proyectos turísticos que avanzan sobre bosques y ríos. 

 Un diagnóstico reciente del Viceministerio de Ordenamiento Territorial confirma el territorio nacional se usa de manera caótica, y ese desorden amenaza vidas, la alimentación, la historia y ponen jaque a futuro 

 El problema comenzó con la expansión urbana en los años, donde se sembraron las bases del desorden que impera en la actualidad. Aunque han pasado seis décadas, fue apenas en diciembre de 2022 cuando se promulgó la Ley de Ordenamiento Territorial. 

 El viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, presentó la situación en N Investiga y pone como ejemplo que el Distrito Nacional, apenas tenía 14 kilómetros cuadrados y que con la expansión urbana al 2020, tiene una huella construida de más de 100 kilómetros cuadrados, sin ninguna regulación. Indicó que ese crecimiento desorganizado no se limita a la capital y que toca a todo tupi de suela, que se clasifica en: urbano, agrícola, industrial, turístico o costero-marino. Dijo que en la práctica, todo se mezcla sin control, generando conflictos que ponen en jaque la seguridad y el desarrollo. 

Ministro Carlos Bonilla presenta el primer Código de Construcción de la República Dominicana

El Ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, presentó oficialmente este jueves el nuevo Código de Construcción de la República Dominicana (CDCRD), un marco normativo que unifica y actualiza las regulaciones del sector, con la finalidad de elevar la seguridad, la eficiencia y la calidad de las edificaciones en el país. 

 El proceso de elaboración de este código se desarrolló en varias fases que incluyeron revisión técnica, consultas públicas y socialización con actores clave del sector construcción de la nación. Con esta presentación, el país entra en la etapa de publicación, capacitación e implementación, con la previsión de una transición de seis a doce meses antes de la aplicación plena de la normativa. 

 Durante la presentación, el Ministro Bonilla dijo que el nuevo Código de Construcción de la República Dominicana constituye “una decisión de Estado que pone la seguridad de las personas y la calidad de las obras en el centro”. Bonilla destacó que el Código servirá como referencia común para la construcción en todo el territorio nacional, estableciendo un solo estándar que prioriza tanto la seguridad ciudadana como la calidad de las obras. 

Banco Central: Operaciones en divisas extranjeras superiores a los 10,000 deberán ser reportadas

Todas las operaciones de compra y venta de divisas superiores a los 10,000 dólares, así como en euros, deberán ser reportadas al Banco Central de la República Dominicana (BCRD) a través de su plataforma electrónica de negociación de divisas, informó ese órgano regulador. 

 El BCRD indicó que esta medida forma parte de las modificaciones al Reglamento Cambiario, aprobadas por la Junta Monetaria en su sesión ordinaria, tras un proceso de consulta pública realizado en agosto de 2025.

 Asimismo, ha señalado que la disposición permitirá tener información en tiempo real sobre precios y volúmenes transados en el mercado cambiario, reforzando los principios de transparencia, eficiencia y efectividad que guían la política cambiaria.

 Tres objetivos

 La actualización normativa persigue tres objetivos centrales. En primer lugar, adecuar el marco regulatorio vigente, permitiendo la incorporación de intermediarios cambiarios y otras entidades de intermediación financiera en la plataforma electrónica del Banco Central. En segundo lugar, se establecen lineamientos de conducta obligatorios para todos los participantes del mercado cambiario, con el fin de garantizar que las operaciones se realicen en beneficio de los clientes, con precios justos, rapidez en la ejecución de órdenes y transparencia.

Senadores afirman trabajarán para ajustar Ley de Embargo tras sentencia del TC

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados aseguraron este jueves que en los próximos días trabajarán en la adecuación de la Ley 396-19, que regulaba los embargos de bienes muebles e inmuebles, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la normativa. 

 La Alta Corte declaró inconstitucional la Ley 396-19 al considerar que no cumplió con el procedimiento requerido para su aprobación y que, además, contraviene principios constitucionales fundamentales. 

 En su sentencia TC/0743/25, el Tribunal también rechazó que los embargos de bienes muebles e inmuebles fueran ejecutados por el Ministerio Público en lugar del juez apoderado del caso. En ese sentido, el senador Pedro Catrain, manifestó que esta sentencia de la corte suprema es una «situación normal» que busca corregir algunas situaciones y el rol del Congreso es analizarla y adecuarla. 

 «El Congreso lo que va a hacer es conocer y resolver esa situación para que sea el juez apoderado del caso que tenga la facultad de dirigir la Policía Nacional y todo el proceso de ejecución de la sentencia», sostuvo Catrain. En dicha sentencia también se exhorta al Congreso Nacional aprobar una nueva ley en la que se corrija las fallas anteriormente mencionadas para que este en consonancia con el artículo 112 de la Constitución. 

Barrios rechazan repitan práctica de Domingo Savio

Moradores en sectores cercanos a los ríos Ozama e Isabela no quieren que el Gobierno repita lo del Nuevo Santo Domingo Savio (NDS) de reubicar personas sin garantizar un destino más digno. 

Reaccionan a la emisión del decreto 531-25, que declara de alta prioridad la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela. Esperan que la reubicación anunciada implique llevar familias a lugares dignos. En tanto, Ciudad Alternativa alerta que debe ser garantizado el derecho de familias con más de 60 años en los barrios a ser impactados. 

Ricardo González, su director ejecutivo, trae a colación la práctica de la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) de sacar familias de los barrios La Ciénaga y Los Guandules y entregar dinero sin viviendas en lugares seguros. 

 Considera que debido a políticas erradas de desocupación, gran parte de las familias a ser removidas en lo adelante de los más de 10 sectores de las márgenes serían de las mismas sacadas de La Ciénaga y Los Guandules para dar paso al NDS. 

Querellantes desisten de acción contra exministro y reclaman liberación de pago pendiente

En la nueva vista del caso Calamar celebrada este jueves, los abogados que representan a la familia Reyes y a otros querellantes depositaron ante el tribunal un desistimiento en favor del exministro de Hacienda, Donald Guerrero. 

 Alegaron que, tras escuchar la acusación completa del ministerio público, comprobaron que las pretensiones de la Procuraduría General de la República no responden a los intereses de sus representados.

 Indicaron también que las actuaciones de Hacienda, bajo la dirección del exministro Guerrero, se ajustaron a la legalidad, fueron transparentes y obedecieron estrictamente a mandatos judiciales. “El Estado, a través de Hacienda, ya pagó gran parte de lo que estaba ordenado. Lo único que corresponde ahora es que se libere el 20% restante, para que nuestros representados, muchos de ellos de avanzada edad y en condiciones precarias, reciban lo que por derecho les corresponde”, declaró el abogado Patricio Mañón. 

 Explicó que el ministerio público procura que las parcelas vinculadas al litigio sean declaradas en decomiso, una decisión que, según dijo, únicamente beneficiaría al Estado y dejaría sin compensación a las familias.