Alertan sobre aumento estafas inmobiliarias

La Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEl) alertó a los futuros compradores de viviendas a informarse mejor a la hora de adquirir o apartar una propiedad para evitar fraudes. Recomienda a utilizar constructoras y agentes inmobiliarios reconocidos y con reputación. 

 El presidente de AEI, Alberto Bogaert, informó que en estos últimos meses del año han aumentado las denuncias de personas vía redes sociales destacando que han sido víctimas de estafas inmobiliarias o incumplimiento de los planos o retrasos muy largos en los tiempos de espera acordados.

 “Manifestamos nuestra su profunda preocupación ante los reiterados incumplimientos de algunas constructoras hacia los adquirentes de viviendas. Estas prácticas irresponsables no solo ponen en peligro el patrimonio de cientos de familias dominicanas, sino que también socavan la confianza en el sector inmobiliario y afectan negativamente la reputación de nuestro país como destino de inversión”, expresó. 

Organizaciones piden aprobar Plan Decenal de Viviendas


Santo Domingo.-La República Dominicana se encuentra al borde de una crisis habitacional histórica: el 44.1 % del parque habitacional está en condiciones inadecuadas, según datos del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED). 

Mientras tanto, el Plan Decenal de Viviendas (PDV), elaborado hace un año para enfrentar esta problemática, sigue empantanado en la inacción gubernamental. El Plan Decenal de Viviendas, fruto de un consenso entre actores sociales, privados y gubernamentales, es la herramienta que podría cambiar el panorama habitacional del país, sostuvo Sócrates Peguero, de la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano Este plan no solo busca reducir el déficit de viviendas, sino también resolver problemas de calidad, como la falta de servicios básicos y la inseguridad jurídica. 

 “Garantizar viviendas dignas y seguras es fundamental para el desarrollo social”, afirmó Sócrates Peguero. Sin embargo, la falta de acción del gobierno para aprobar el PDV pone en jaque a millones de familias que viven en condiciones precarias. 

SCJ anula sentencia que ordena pago millonario a particulares por terrenos de Sierra de Bahoruco


La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) anuló una sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que favorecía con una indemnización millonaria a particulares que aseguran ser propietarios del 70 % del Parque Nacional Sierra de Bahoruco. 

 El fallo anulado por la SCJ es el número 0030-02-2023-SSEN-00343, dictado en junio de 2023 por el TSA y que ordenaba al Estado el pago de 676 millones de pesos a la empresa DC International, SRL., representada por Tomás Dantés Castillo.

 El caso fue enviado para un nuevo análisis a la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo. La sentencia del TSA establece que los reclamantes alegaban que un terreno de su propiedad (16.9 millones de metros cuadrados) había sido afectado tras su inclusión en un área protegida mediante el decreto 1315 de 1983, que declara el Parque Nacional Sierra de Bahoruco.

 Tras la decisión del TSA, el Ministerio de Medio Ambiente recurrió en casación ante la SCJ y presentó una demanda en suspensión de ejecución, con el objetivo de "evitar que se lesione el patrimonio de todos los dominicanos".

Proindustria saluda aprobación de contratos para venta de terrenos

El director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) Rafael (Papito) Cruz Rodríguez, elogió la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, de 48 contratos de venta de inmuebles en el Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO), administrado por Proindustria. Destacó que el DISDO fue concebido para acoger empresas industriales manufactureras de todo tipo como textiles de alimentos, construcción, plásticos, papel, metalmecánica, entre otras. 

 Cruz Rodríguez resaltó la importancia de los terrenos del DISDO para el desarrollo de las industrias manufactureras dominicanas, en momento en que el sector atraviesa por una creciente demanda de espacio para la construcción de nuevas naves para la operación de nuevas empresas que procuran incursionar en el mercado nacional e internacional. 

 Manifestó que estos contratos de terrenos permitirán al DISDO ofrecer áreas a medianas y a grandes empresas para abrir industrias que beneficien a todo el país y de manera directa a los residentes de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, Pantojas y el Gran Santo Domingo. Sostuvo que esta zona industrial, caracterizada por su cercanía al centro de la capital del país, dispone de 284 solares, en un terreno de 1,526,503.91 metros cuadrados, de los que se encuentran habilitados (incluidos calles y contenes) 1,209,546.49 metros cuadrados.

Suprema admite recurso de casación de exdiputada Rosa Pilarte

Santo Domingo.-La Suprema Corte de Justicia admitió el recurso en el que la exdiputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, recurrió la decisión de la Segunda Sala de esa alta corte, que la condenó a cinco años de prisión por lavado de activos, y fijó para el 30 de enero del próximo año el conocimiento del recurso de casación incoado por ella. 

 15 de julio de este año, la exlegisladora Pilarte López interpuso un recurso de casación contra la sentencia penal núm. SCJ-SS-24-0592, emitida el 28 de mayo de 2024 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, por gozar de jurisdicción privilegiada. La sentencia la declaró culpable de violar los artículos 3 (numerales 1, 2 y 3) y 9 (numerales 1 y 2) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, condenándola a 5 años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público y al decomiso de varios bienes inmuebles. 

 El pasado 5 de diciembre la SCJ conoció el recurso interpuesto por Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., representada por Manuel Antonio Inoa Valdez, contra el decomiso de los inmuebles ordenado en la sentencia, mediante la cual buscaba levantar las oposiciones sobre dichos bienes y, tras su ponderación, el recurso fue declarado inadmisible. 

Johnny Portorreal denuncia demora en apelación a sentencia que lo condena por caso familia Rosario

El abogado Johnny Portorreal Reyes, condenado por la estafa a 283 personas del apellido Rosario, denunció que la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional ha retenido su recurso de apelación por más de cinco meses, superando ampliamente el plazo legal establecido. 

 A través de su defensor Viterbo Pérez, Portorreal Reyes calificó como "negligente" el accionar del tribunal y afirmó que los jueces tienen un "interés muy marcado" en dilatar el proceso. 

 Durante una rueda de prensa, frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, custodiado por un fuerte dispositivo policial, Pérez expresó que el expediente debió ser remitido a la corte en un plazo no mayor a 20 días, pero sigue retenido.

 "La demora afecta directamente el derecho de mi defendido a la revisión de su prisión preventiva y a la solicitud de un caso ante la corte. Sin el expediente en manos de la corte, estos derechos quedan vulnerados", afirmó Pérez, quien además anunció que recurrirá al Consejo del Poder Judicial para exigir una resolución al caso. 

Anulan extinción del caso Los Tres Brazos


Mientras la Suprema Corte de Justicia se encuentra pendiente de fallar un recurso de casación contra un auto de no ha lugar en favor de varios de los implicados de la venta del sector Los Tres Brazos, la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, anuló la sentencia que declaró la extinción de la acción penal del sonado caso. 

 La Corte de Apelación presidida por el juez Daniel Nolasco, e integrada por July Tamariz y Mariana Daneira García, tomó la decisión de declarar la extinción de la acción penal, tras acoger un recurso de apelación presentado por los afectados y los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). 

 Asimismo, el tribunal devolvió el expediente al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, para que proceda con la continuación del juicio de fondo del caso de la venta del sector Los Tres Brazos del municipio Santo Domingo Este, comenzando desde cero. Igualmente, ordenó a la secretaria del tribunal la notificación de la decisión, a los acusados, el ex director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar, a Manuel Joaquín Aybar Fernando, Irving Cruz, Carlos Aris Gómez Williams, Julio César Gómez Williams, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Lisetel González Sánchez, Juana Ynes Gómez Williams y proyecciones Inmobiliarias Gowi, Fernández Parache y asociados (INFEPA), soluciones Eléctricas Sidenet y Tekknowlogie Dominicana, igualmente víctima. 

 El tribunal decidió anular la decisión del 22 de abril, debido a que todos los sujetos procesales habían depositado recursos de casación.

Unen voluntades para microfinanciamiento viviendas en Monte Cristi

SANTO DOMINGO.-Hábitat para la Humanidad República Dominicana y Banco Adopem anunciaron la firma de una alianza estratégica para sumarse al proyecto “Una solución limpia a un problema sucio” que busca brindar acceso al sistema de alcantarillado a familias que no cuentan con una conexión formal en Monte Cristi. 

 Esta iniciativa se enfoca en proporcionar oportunidades de financiamiento y programas de acompañamiento que permitan a las familias mejorar, construir su baño y/o conectarse al sistema formal de alcantarillado promoviendo un entorno de desarrollo, salud y seguridad. 

 El proyecto “Una solución limpia a un problema sucio,” se está realizando a través de un convenio de colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su laboratorio de innovación BID Lab y Hábitat para la Humanidad. También tiene el apoyo del Instituto Nacional de Agua Potables y Alcantarillado (INAPA) como organismo encargado del acceso al agua y alcantarillado.

La DGII publicará lista con nombres de los deudores

La abogada Pablita Cabrera sostuvo que la República Dominicana tiene una administración tributaria que le falta preparación para cobrar las deudas pendientes de los contribuyentes. 

 «Este país está dispuesto a pagar sus impuestos, no es verdad que el país es evasor; lo que pasa es que tenemos una administración tributaria que le falta preparación para cobrar», manifestó la experta tributaria al ser entrevistada en «Las Exclusivas de José Peguero». 

 Cabrera sostuvo que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) se niega a recibir una parte de las deudas de contribuyentes que están dispuestos a pagar y manifestó que «también tienen mucha arrogancia, porque creen que el instrumento del año 1992, Código Tributario Dominicano, le abre puertas para pisotear personas». «Hay veces que hasta para uno cobrar tiene que hacer su trabajo de marketing y el Estado no está haciendo trabajo de marketing para cobrar», indicó. 

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