Otra familia busca le paguen su tierra donde está el aeropuerto

Una vida de frustraciones en búsqueda de justicia y más de 30 años a la espera de una remuneración por terrenos donde opera el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), Víctor Manuel Caballero Castillo, de 69 años, aún espera recibir lo que le corresponde. 

 Al ser contactado por LISTÍN DIARIO, Caballero dijo que inició el proceso para gestionar el pago el 7 de mayo del año 1992, mediante comunicación dirigida a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, reiterada en cartas de fechas 4 de febrero de 1993 y 29 de agosto de 1994. 

 Relató cómo ha sido su lucha por la porción de terrenos dentro del ámbito de la Parcela 506-A del Distrito Catastral número 32, ocupado por el AILA y por igual, de las parcelas números 484-F y 484-G, del mismo Distrito Catastral número 32, equivalentes a 607 metros cuadrados del Distrito Municipal La Caleta, en Boca Chica. 

“En respuesta a nuestros requerimientos, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo emite comunicación número 633, de fecha 7 de septiembre de 1994, suscrita por Pedro Romero Confesor, titular de dicha Consultoría, en que nos expresa que nuestra petición estaba siendo referida al Administrador General de Bienes Nacionales, para los fines correspondientes”, explicó Caballero.

PLD: El Gobierno es «cómplice en el Ecocidio» de las Cuevas del Pomier


Santo Domingo.- Es imperativo que el gobierno asuma su papel como guardián del tesoro nacional que representa las Cuevas del Pomier en la provincia San Cristóbal y tome las medidas necesarias para garantizar que las generaciones futuras puedan conectarse con este legado cultural y natural único en el mundo. 

 La consideración es de Alfonso Ureña, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al advertir que las actividades mineras indiscriminadas alrededor de las Cuevas del Pomier empujan las mismas a su desaparición irremediable.

 “Las Cuevas del Pomier, un patrimonio cultural y natural de incalculable valor para la República Dominicana y el mundo, enfrentan una crisis grave debido a las actividades mineras indiscriminadas que las han llevado al borde del colapso. 

Recusan al juez Reymundo Mejía por presunta imparcialidad en juicio operación Nido


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La defensa de los imputados Emmanuel Rivera Ledesma y su esposa Escarlet Mercedes Cruz Figueroa presentó una recusación formal contra el juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, del Primer Tribunal de la Instrucción del Distrito Nacional, quien conoce el juicio preliminar en la operación Nido, argumentando que su proceder ha lesionado gravemente las garantías procesales y derechos fundamentales de los acusados en este proceso. 

 Según la recusación, fundamentada en el artículo 78 del Código Procesal Penal, el juez habría comprometido su imparcialidad al ignorar aspectos fundamentales del debido proceso, negando a los imputados el acceso a pruebas esenciales para su defensa. 

 También detalla un historial de retrasos y obstáculos en el caso, incluyendo la negativa del Ministerio Público a responder solicitudes de investigación presentadas por la defensa, lo que, según los recusantes, vulnera los principios de objetividad y transparencia. 

 Los abogados de la defensa, Emery Colombi Rodríguez y Gabriel Brugal citaron entre otras irregularidades, la falta de respuesta a solicitudes de contraperitaje de informes financieros aportados por el Ministerio Público, así como aplazamientos injustificados de audiencias. 

Violando la ley, OGTIC beneficia al ministro Carlos Bonilla con contrato de alquiler de un local que no existe en Punta Cana


Santo Domingo. – En franca violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC), que dirige Bartolomé Pujals, adjudicó un contrato superior a los 295 millones de pesos por alquiler de un local inexistente en Punta Cana a una empresa cuyo beneficiario final es el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla. 

 Un reportaje presentado en el programa Toda la Verdad, conducido por la periodista Odalis Castillo y transmitido los domingos a las 8:00 de la noche por VTV, canal 32, detalla cómo el contrato fue adjudicado a Jacinto Badui Howley-Dumit Serulle, quien no era propietario del local, ya que el fideicomiso Velero At Punta Cana se lo había alquilado por 20 años con opción a compra. 

 El equipo de investigación indagó sobre el proyecto Velero At Punta Cana y descubrió que el título de propiedad está a nombre del Fideicomiso Inmobiliario y Garantía para el Desarrollo de Proyecto Velero At Punta Cana. Además, que este fideicomiso tenía en el año 2019 como gerente de las empresas fideicomitentes a Carlos Alberto Bonilla Sánchez, actual ministro de la Vivienda, luego a José Ricardo Mercado Sánchez, pero mantuvo como beneficiario a Carlos Alberto Bonilla Sánchez, según modificaciones del contrato del año 2021. 

Presidente Abinader entrega 708 títulos de propiedad en Batey Palavé e inaugura pley y cancha en Bienvenido

República Dominicana-El presidente Luis Abinader entregó este domingo en el Batey Palavé, 708 títulos de propiedad que beneficiarán a 2 mil 832 personas, lo que representa estabilidad, paz y seguridad jurídica para los beneficiarios. 

 Los 708 títulos de propiedad que fueron entregados en esta primera etapa, forman parte de un total de 1,953 que contempla el proyecto. 

 El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez dijo que “para materializar este sueño la Unidad Técnica Ejecutora, conjuntamente con el Consejo Estatal del Azúcar, trabajaron un área geográfica de 856,418.57 metros cuadrados”.

 "Ahorrándoles a los beneficiarios un total de RD$156,240,000.00. Si ustedes hubiesen decidido realizar de manera privada los trabajos hubiesen tenido que pagar como mínimo RD$80,000.00, por cada vivienda o solar que ustedes ocupan y hoy los recibirán de manera gratuita de manos de nuestro presidente Luis Abinader", manifestó el funcionario. 

Le decomisan bienes por unos US$500 mil

Aunque fue exonerada de ir a prisión por cuestiones de edad, a la señora Rosa Antonia Disla se le decomisaron propiedades valoradas en alrededor de USD500,000, y tendrá que pagar al Estado Dominicano una indemnización de RD$5 millones.  

Así lo dispusieron mediante sentencia los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras hallarla culpable de lavado de activos en el entramado de corrupción denominado Coral, del que su hijo, el coronel Rafael Núñez de Haza, “era el brazo operativo” según la acusación del Ministerio Público. 

 Se trata de la primera condena obtenida por el MP en el caso Coral, que involucró un total de 48 imputados en un entramado de corrupción administrativa que desde los cuerpos de Seguridad Presidencial (Cusep), y de Seguridad Turísitca (Cestur) y Conani, habría movido unos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros.

Firman acuerdo para promover la sostenibilidad en la construcción de obras públicas


La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Asociación Nacional de Industrias y Productores de Áridos de la República Dominicana (Anipard) firmaron este miércoles un acuerdo de colaboración interinstitucional que busca garantizar la sostenibilidad de las contrataciones de materiales provenientes del sector de áridos y agregados para las construcciones de obras públicas. 

 Una nota de prensa indica que el acuerdo, suscrito entre el director general de la DGCP, Carlos Pimentel, y el presidente de Anipard, Carlos Constanza, busca que todo contratista que tenga adjudicaciones de obras del Estado utilice materiales que cumplan con las normativas legales medioambientales del Estado dominicano. 

 El director de la DGCP adelantó que una de las primeras acciones enmarcadas en el plan de trabajo consiste en insertar en los pliegos de condiciones de obras las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normativas desde la base de las contrataciones. "Hoy damos un paso trascendental para impulsar la sostenibilidad dentro del sistema de contrataciones, velando porque toda la cadena de valor del sector construcción cumpla con las disposiciones, principios y prácticas responsables dentro del sector minero no metálico" .

TSA falla contra Mitur por intervenir terrenos en Puerto Plata


El Tribunal Superior Administrativo ha fallado tres veces ordenando al Ministerio de Turismo y otros organismos del Estado abstenerse de intervenir en terrenos privados en Cabarete, Puerto Plata. 

 Las sentencias benefician a las empresas Costa Canal y Calpe, SRL y tienen que ver con el proyecto de acondicionamiento del acceso público a Playa Encuentro. 

 Los trabajos públicos chocan con el derecho de propiedad de las empresas. Las compañías alegan que las autoridades destruyeron unas cercas edificadas en concreto y con alambres de púas para facilitar el acceso a la playa. 

 La primera decisión fue emanada por la Quinta Sala de dicho tribunal el 30 de octubre del 2024. Dos semanas más tarde, el 13 de noviembre, esa misma sala acogió la acción de amparo y con sentencia ordenó el cese inmediato de la intromisión en la propiedad privada y el retiro de letreros que fueron colocados.

 La tercera sentencia contra el MITUR fue emanada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el pasado 6 de diciembre. En este último caso se impuso una astreinte de RD$4 mil diarios en contra del MITUR y Politur.

Empresario acusa abogado Johnny De la Rosa de querer robarle sus propiedades

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El empresario Luis Beltré acusó este jueves al abogado Johnny De la Rosa, de intentar apropiarse ilegalmente de sus propiedades a través del fraude y el abuso de confianza. 

 Según Beltré, el abogado De la Rosa, quien había sido empleado de su empresa, obtuvo un documento falso para intentar homologar unos contratos de cuotas litis y un contrato adicional que le habría hecho firmar en su calidad de abogado. Beltré señaló que De la Rosa, valiéndose de su posición como abogado, acudió ante la juez Isabel Guzmán Paredes, presentando el documento fraudulento para que se emitiera una sentencia que le obligaba a pagar la suma de RD$6 millones 378 mil, como parte de una litis sobre un inmueble. 

 «Ese contrato de cuota litis lo hizo él, estableciendo que participaría en un 22.5 % de lo que se ganara de la litis. Para hacerlo efectivo, se debía realizar una tasación de mutuo acuerdo entre las partes», detalló el empresario. 

 El empresario se expresó en esos términos al ser entrevistado por los comunicadores Jaime Rincón, Aneudys Ramírez, Raquel Rodríguez y Nilson Batista en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV. 

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