Le decomisan bienes por unos US$500 mil

Aunque fue exonerada de ir a prisión por cuestiones de edad, a la señora Rosa Antonia Disla se le decomisaron propiedades valoradas en alrededor de USD500,000, y tendrá que pagar al Estado Dominicano una indemnización de RD$5 millones.  

Así lo dispusieron mediante sentencia los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras hallarla culpable de lavado de activos en el entramado de corrupción denominado Coral, del que su hijo, el coronel Rafael Núñez de Haza, “era el brazo operativo” según la acusación del Ministerio Público. 

 Se trata de la primera condena obtenida por el MP en el caso Coral, que involucró un total de 48 imputados en un entramado de corrupción administrativa que desde los cuerpos de Seguridad Presidencial (Cusep), y de Seguridad Turísitca (Cestur) y Conani, habría movido unos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros.

Juicio separado 

El 27 de enero del 2023, acogiendo una solicitud del MP, la jueza del sexto juzgado de la instrucción Yanibet Rivas, ordenó la separación del proceso de Disla, del de los demás imputados, por alegadas razones de salud de la imputada. 

 En enero del 2024, a petición también del MP, la magistrada Rivas declaró “en rebeldía” a la madre del coronel, y ordenó su arresto, luego de que sus abogados abandonaran el caso. 

 Recusan a la jueza 

El 13 de marzo del 2024, los abogados de Disla, Félix Porte y Anny Elizabeth Guzmán, recusaron a la magistrada Rivas en base al artículo 78, numeral 6 del Código Procesal Penal (CPP), y alegando que esta ya había conocido el caso Coral cuando dictó apertura a juicio. 

 El MP calificó la acción contra la jueza como “litigación temeraria” por parte de la defensa de la imputada en procura de evadir la acción pública. La condena Ayer, el tercer tribunal colegiado, integrado por las magistradas Arlin Ventura, Milagros Ramírez y Leticia Noboa, sentenciaron a Rosa Antonia Disla, acusada de “Testaferro” a cinco años de prisión suspendida, y ordenaron el decomiso de varios bienes que poseía producto de los ilícitos en los que participó, así como el pago de una indemnización al Estado.

 Otros imputados 

Figuran el coronel Juan Carlos Torres Robiou, exjefe de Cestur, general Julio Camilo Santos Viola, general del Ejército Boanerges Reyes Batista, capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores y los coroneles Carlos A. Lantigua y Miguel Ventura Pichardo.

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